El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cobra 142.000 euros al año, más chófer, más secretarias, más dietas. Es uno de los sueldos más altos de la Administración: un 40% más que el presidente del Gobierno, por comparar. Pero la razón por la que Carlos Lesmes lleva casi tres años con el mandato caducado y no ha dimitido todavía, aunque fuera por dignidad, no solo tiene que ver con las condiciones materiales objetivas. Es algo más.
Carlos Lesmes (Madrid, 1958) proviene de una familia acomodada, conservadora y de fuertes convicciones cristianas, que él también mantiene. Estudió en La Salle Maravillas, un colegio privado católico en el barrio de El Viso, en el distrito de Chamartín, el de mayor renta per cápita de Madrid. Se licenció en Derecho en 1980, por la Universidad Autónoma de Madrid.
Cuatro años más tarde, en 1984, aprobó las oposiciones a la carrera judicial. Es una prueba conjunta, para ser juez o fiscal.
Lesmes opta por la carrera fiscal: un año en la Audiencia de Alicante, seis en el TSJ de Madrid y otro más en el Tribunal Constitucional. En 1993, deja la Fiscalía. Tras superar una segunda oposición de especialista en Contencioso-Administrativo, pasa a ser juez y entra como magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana. Allí está cerca de tres años.
En 1996, se incorpora como alto cargo del primer Gobierno de José María Aznar. Y desde entonces hasta hoy, todos y cada uno de sus ascensos y promociones se explican en gran medida por su cercanía al Partido Popular.
Lesmes lleva casi cuatro décadas de carrera profesional. Pero más de dos tercios de ese tiempo, ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo directo del PP, o de los vocales del Poder Judicial nombrados por el PP. Son 25 años de 37: el 67% de su vida laboral.
Esa carrera política, y no solo judicial, comenzó hace un cuarto de siglo, con la victoria de José María Aznar en marzo de 1996, cuando el primer Gobierno del PP le nombró alto cargo del Ministerio de Justicia. En la primera legislatura de Aznar, ejerció como director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, desde el año 2000, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto importantísimo en ese ministerio porque es quien hace de enlace del Gobierno con los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la Fiscalía y con las distintas asociaciones judiciales.
“Me llama el director general”
En esos ocho años de gobierno del PP –desde 1996 a 2004–, Carlos Lesmes estuvo a las órdenes de todos y cada uno de los ministros de Justicia de la era Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. También coincidió allí con el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que fue director general de Justicia en la primera legislatura de Aznar. Además, fue subordinado de Rafael Catalá, entonces secretario de Estado y más tarde ministro de Justicia con Rajoy.
En esa época, Lesmes también trabó relación con el Consejo General del Poder Judicial y con su presidente desde el año 2001, Francisco José Hernando, con el que hablaba de forma habitual.
El ministro de Justicia de entonces, José María Michavila, se jactaba de que ni siquiera le hacía falta llamar al presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para dar instrucciones. Era una función que delegaba en su subordinado Carlos Lesmes.
Un vocal de aquel CGPJ recuerda que Hernando llegó a interrumpir un pleno del consejo porque Lesmes le telefoneó.
–Perdonad, pero es que me está llamando el director general–, dijo Hernando, mientras salía de la reunión.
–Presidente, que usted es la sexta autoridad del Estado...–, le reprochó un vocal de aquel consejo. Sin éxito.
Hoy por ti, mañana por mí
Tras la victoria de Zapatero, Lesmes fue cesado y dejó el Gobierno. En 2005, volvió a su plaza como juez, que entonces estaba en la Audiencia Nacional.
Pocos meses más tarde, en septiembre de 2005, a Lesmes le llegó el siguiente nombramiento: presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
En aquel momento, descontando su paso por el Gobierno y por la Fiscalía, Lesmes había ejercido menos de cuatro años como juez.
Este ascenso a presidente de Sala es discrecional. Tiene muy poco que ver con un concurso de méritos y capacidad.
La mayoría de las plazas de la carrera judicial se reparten por un sistema de puntos donde lo que más pesa es la antigüedad. Pero hay otros cargos, los más importantes, que decide el CGPJ. Entre otros, los nombramientos al Tribunal Supremo o las presidencias de las salas, de las audiencias provinciales o de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
La llegada de Lesmes a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fue, por tanto, una suerte de puerta giratoria judicial.
Lesmes había sido alto cargo del Ministerio de Justicia del PP que, en 2001, negoció la renovación del CGPJ. Había sido el interlocutor del Gobierno de Aznar con ese consejo. Y fueron esos vocales conservadores los que, en 2005, ascendieron a la presidencia de Sala a un ex alto cargo del mismo Gobierno que les nombró.
Hoy por ti, mañana por mí. No sería la primera ni la última vez.
Aquel CGPJ nombrado en 2001, durante la mayoría absoluta de Aznar, alargó su mandato en funciones dos años más de lo previsto en la Constitución. Tenía que haberse renovado en 2006. No se cambió hasta 2008, por la misma razón que hoy: porque el PP siempre bloquea la renovación del Poder Judicial cuando pierde las elecciones. Una historia que ya os he contado en más detalle en otra ocasión.
Su llegada al Tribunal Supremo
Volvamos a Lesmes. En 2006, se afilia a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora de los jueces. Tras cuatro años como presidente de Sala y unos meses como presidente en funciones de la Audiencia Nacional, en 2010, los vocales nombrados por el PP le vuelven a promocionar. Esta vez le ascienden al Tribunal Supremo, como magistrado de lo Contencioso-Administrativo.
En aquel momento, tras las victorias del PSOE de Zapatero, el CGPJ tenía un equilibrio entre vocales conservadores y progresistas y casi todos los nombramientos se hacían por consenso entre los dos bloques. La ley de entonces –por una reforma que impulsó Zapatero– requería de una mayoría de tres quintos del Consejo para cada nombramiento, lo que obligaba a pactar.
“Nos dieron a elegir entre Lesmes y José Luis Requero”, recuerda un vocal progresista de aquel CGPJ. “Y, claro, optamos por Lesmes”.
Requero, para quienes no le ubican, es un magistrado aún más conservador que Lesmes, que fue vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y es miembro del Opus Dei. Fue vocal del CGPJ en 2001 a propuesta del PP –en el CGPJ que nombró a Lesmes presidente de Sala de la Audiencia Nacional–. Se hizo famoso en aquella época por sus charlas con Hazte Oír, por sus opiniones contra la ley del aborto, por asegurar que Izquierda Unida pertenecía a la misma familia política que ETA o por sus críticas al matrimonio gay, que comparaba con “la unión de un hombre y un animal”.
Requero no llegó al Tribunal Supremo en 2010. Pero sí fue uno de los primeros nombramientos que aprobó el CGPJ de Carlos Lesmes, por rodillo conservador, cuatro años después. Hoy por ti, mañana por mí.
Un nombramiento impugnado
El ascenso de Carlos Lesmes al Tribunal Supremo fue polémico, y no solo por quién era la otra opción.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 343), para llegar a una de esas plazas en el Supremo es imprescindible contar con al menos 15 años de experiencia en la carrera judicial, de los que 10 deben ser como magistrado.
En el caso de Lesmes, para cumplir estos requisitos, había que considerar como carrera judicial sus ocho años en el Gobierno de Aznar y sus nueve años como fiscal. De magistrado especialista en lo Contencioso-Administrativo, incluyendo en ese tiempo su etapa como presidente de Sala, había ejercido poco más de ocho años.
Otra jueza que se había presentado a esa misma vacante en el Supremo impugnó, entre otros, el nombramiento de Lesmes. En su demanda, argumentaba que el CGPJ no había respetado los principios de mérito y capacidad y se había repartido los nombramientos por cuotas entre las distintas asociaciones. La jueza denunciaba que Lesmes no cumplía con los requisitos, que ella llevaba más de 22 años de ejercicio como juez de lo Contencioso-Administrativo, que tenía más publicaciones y que contaba con un porcentaje de sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo muy superior: 74% de ella, frente a solo el 40% de Lesmes.
En su respuesta a esta demanda, Carlos Lesmes defendió que “fue, desde luego, director general, pero no del Gobierno sino de la Administración General del Estado”. Según Lesmes, como director general del Ministerio de Justicia con Aznar “se ocupó de funciones eminentemente jurídicas”, y no políticas.
En 2011, la Sala Tercera del Tribunal Supremo respaldó el nombramiento de Lesmes. La sentencia se puede leer aquí (está anonimizada, como ocurre siempre con este tipo de bases de datos de jurisprudencia: Carlos Lesmes aparece mencionado como “don José Antonio”). En ella, el Supremo da la razón a Lesmes, confirma que sí cumplía con los requisitos y establece que su paso por el Gobierno de Aznar como director general del Ministerio de Justicia sí suma como parte de su carrera judicial, “pues son cargos de evidente contenido jurídico”.
No fue una decisión unánime. Dos magistrados del Supremo discreparon de la sentencia y firmaron sendos votos particulares, donde cuestionaron que se premiara a un candidato con mucha menos experiencia sin justificar plenamente la razón.
La cambiante posición de Lesmes sobre los indultos
Como magistrado del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes solo estuvo tres años, hasta su siguiente ascenso. Su sentencia más polémica en esta etapa fue en 2011 con la ilegalización de Sortu, una de las marcas que usó la izquierda abertzale para intentar presentarse a las elecciones de ese año.
Mariano Rajoy abogó públicamente por ilegalizar a este partido, “por no tirar años de trabajo por la borda”. Lesmes fue ponente de esa sentencia sobre Sortu y defendió igualmente la ilegalización. Por solo dos votos, ganó en el Tribunal Supremo esa posición y este partido fue ilegalizado. Al año siguiente, el Tribunal Constitucional anuló esa sentencia y legalizó a Sortu por solo un voto de diferencia: seis a cinco.
En esos años como magistrado del Supremo, a Lesmes también le tocó decidir sobre dos polémicos indultos. El del banquero Alfredo Sáenz –indultado por el Gobierno de Zapatero– y el de un kamikaze, que había matado a otro conductor y que indultó en el año 2013 el Gobierno de Rajoy cuando solo llevaba 10 meses en prisión. El bufete de abogados que defendía ese polémico indulto del kamikaze tenía varios nexos con el PP.
Ambos indultos fueron anulados por el Supremo, tanto el del PSOE como el del PP. Pero Lesmes no mantuvo en ambas sentencias la misma posición.
En el primero –el que había aprobado el PSOE– Lesmes fue el ponente y defendió la anulación. En el segundo –el que había aprobado Rajoy– Lesmes se quedó en minoría defendiendo que el indulto era correcto y se debía mantener. Según el voto particular que presentó Lesmes, contra la mayoría del tribunal, el derecho de gracia “no está sujeto a ningún elemento reglado”, sino a “otras consideraciones ajenas al derecho”.
Con el último indulto polémico, el de los condenados del procés catalán, Lesmes ha vuelto a cambiar de criterio, una vez más.
En el discurso que pronunció con la apertura del año judicial, en septiembre de 2021, el presidente del CGPJ aprovechó la oportunidad para criticar al presidente del Gobierno por los indultos al procés. Es la primera vez en la historia que un presidente del CGPJ se opone públicamente al Gobierno por aplicar un indulto. Un tema, además, sobre el que el Tribunal Supremo –del que Lesmes también es presidente– se tendrá que pronunciar.
El rodillo que diseña el PP para el Poder Judicial
En el programa electoral del PP en 2011 figuraba una promesa que seguro les sonará: la “reforma del sistema de elección” del Consejo General del Poder Judicial para que fueran los jueces y magistrados quienes escogieran directamente a doce de los veinte miembros de este poderoso CGPJ.
Mariano Rajoy alcanzó la mayoría absoluta a finales de 2011. Y nada más llegar a La Moncloa puso en marcha una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aprobó un año y medio después. Lo hizo sin consenso, con el voto contrario de toda la oposición, y en el sentido opuesto a lo que prometía su programa (y promete Pablo Casado hoy). En vez de que “los jueces elijan a los jueces”, lo que Rajoy hizo fue apretar las tuercas mucho más.
Esa reforma legal del PP modificó varios aspectos clave del funcionamiento del Poder Judicial. Siempre en una misma dirección: para permitir en la cúpula de la Justicia el mismo rodillo que la mayoría absoluta del PP ya aplicaba en el Parlamento.
Antes de esa reforma, cada nombramiento requería de una mayoría de tres quintos del CGPJ. Con la reforma, bastaba con la mayoría simple de vocales para ascender a un juez al Supremo hasta su jubilación, o para nombrar a un presidente de Sala. Es decir, bastaba con los vocales nombrados por el PP.
Antes de esa reforma, los votos de los vocales eran secretos: no se sabía qué votaba cada uno. Tras la reforma, el voto pasó a ser público dentro del pleno del CGPJ. “Si alguien quiere llevar la contraria a Lesmes, lo tiene que hacer en voz alta y frente a los ojos del patrón”, resume un vocal del CGPJ actual.
Antes de la reforma, en el CGPJ había también un vicepresidente –del bloque minoritario– y un portavoz. Tras la reforma, todo el poder se concentró en el presidente y nadie más le hace sombra alrededor.
Antes de la reforma, los 20 vocales cobraban lo mismo y decidían por igual. La nueva ley estableció un núcleo duro: la Comisión Permanente del CGPJ, que toma buena parte de las decisiones al margen del pleno. Es un órgano más reducido, de solo siete miembros más el presidente. Hay, por tanto, vocales de primera y de segunda, y no solo por su poder.
Aquellos escogidos que están en la permanente cobran como un juez del Supremo: 122.000 euros al año, más chófer, más secretaria. Los que no están en la Permanente, solo perciben dietas: 975 euros por los plenos, 312 euros por las reuniones de comisión.
¿Quién decide los miembros de la Permanente? En teoría, la mayoría del pleno. En la práctica, Carlos Lesmes, como líder de los vocales elegidos por el PP, que cuentan con la mayoría absoluta del Poder Judicial.
Estar o no estar en la permanente. Cobrar o no cobrar.
Nunca antes un presidente del CGPJ ha tenido tanto poder como Lesmes, que cuenta con el palo y la zanahoria del salario y otros privilegios para recompensar a los vocales más afines, y castigar a los que no lo son. De ese modo, Lesmes ha logrado romper los bloques, y ganarse el apoyo de varios vocales teóricamente progresistas. Que hoy, igual que Lesmes, también se niegan a dimitir.
Lesmes ha aprovechado un modelo diseñado a conciencia para dar al presidente del CGPJ el máximo poder. Es una arquitectura legal que Lesmes conoce al dedillo. Él mismo participó en su construcción.
Su llegada al CGPJ
En el año 2012 –antes de presentar esta reforma legal, antes de la última renovación del CGPJ– el Ministerio de Justicia que entonces lideraba Alberto Ruiz-Gallardón nombró a un comité de expertos para trabajar en ese proyecto de ley. Carlos Lesmes fue uno de esos juristas, escogidos por el PP. Lesmes, por tanto, diseñó en gran medida la ley que después reguló el organismo que hoy preside.
Se ha publicado que Gallardón y Lesmes tenían una relación muy cercana desde antes, de los años en que ambos estudiaban para fiscal. No es así, según aseguran distintas fuentes cercanas al exministro de Justicia y al presidente del Poder Judicial. Ambos nacieron el mismo año, en 1958. Pero Gallardón aprobó las oposiciones dos años antes que Lesmes.
Quien llevó a Lesmes al comité de expertos para la reforma legal no fue Gallardón. Fue su número dos, el entonces secretario de Estado de Justicia, Fernando Román. Otro juez muy ligado al PP, con el que Carlos Lesmes tiene una gran amistad desde hace décadas.
Gracias a ese comité de expertos, Gallardón entabla una relación más estrecha con Lesmes. Y cuando empiezan las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ, en 2013, Lesmes se convierte en el candidato preferido por Gallardón.
Gallardón propone, como primer nombre, a Lesmes. Pero es Rajoy quien dispone y apuesta por otro candidato: Manuel Marchena. Es el mismo juez que, hace dos años, fue candidato de consenso entre PP y PSOE, en una renovación frustrada por el famoso whatsapp de un senador del PP elogiando a Marchena porque era de los suyos y controlaría la Sala Penal del Supremo “desde detrás”.
El nombramiento de Marchena se intenta por primera vez en 2013 y no sale porque es Alfredo Pérez Rubalcaba quien no se fía de él y decide vetarlo. Así llega Carlos Lesmes a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo: como segunda opción del PP, que el PSOE decide aceptar.
Una de las primeras decisiones del CGPJ de Lesmes, en 2014, fue nombrar a Marchena presidente de la Sala de lo Penal del Supremo.
A diferencia de lo que ocurre hoy, aquel CGPJ se renovó en tiempo y forma. Es lo que ocurre cuando es el PSOE quien pierde las elecciones. A pesar del rodillo que había diseñado el Gobierno de Rajoy con su reforma del Poder Judicial, Rubalcaba no bloqueó. A diferencia de Pablo Casado, Rubalcaba no exigió una ley a su gusto para cumplir la Constitución.
El PP logró una mayoría aplastante en el consejo tras esa renovación, que después amplió gracias a la dimisión forzada de la vocal nombrada por Convergencia, Mercè Pigem. Una jugada maestra de Lesmes que ya expliqué en otro artículo anterior.
Los amigos de Lesmes
En 2013, cuando llega a la presidencia del CGPJ, Carlos Lesmes se da de baja de la APM, la asociación judicial conservadora. Había estado allí desde 2006. A partir de este momento, ha sido muy crítico con todas las asociaciones. Tanto en privado como en público.
“España tiene un problema con las asociaciones judiciales” –aseguró Lesmes en el Congreso en marzo de 2017– porque “representan opciones ideológicas, que se identifican con partidos políticos”.
Para Lesmes, la solución consistiría en que hubiera una sola asociación. Es una forma de despolitizar la justicia que en otros ámbitos ya se probó: un único partido, un único sindicato…
En privado, Lesmes critica a las asociaciones por funcionar de manera gremial, velando solo por los intereses particulares de sus asociados. Por esa misma razón, es contrario al modelo que ahora propone Pablo Casado, de que “los jueces elijan a los jueces”.
Desde izquierda y derecha, dentro de la carrera judicial, muchos acusan a Lesmes de haberse guiado por sus afinidades personales a la hora de decidir algunos de los nombramientos que ha aprobado su consejo.
Las relaciones personales de Lesmes sin duda han sido un factor determinante en este CGPJ. Pero también las relaciones políticas. El repaso a algunos de los nombramientos de este consejo permite explicarlo mejor. Son solo algunos ejemplos. Hay muchísimos más.
Fernando Román García. Es amigo personal de Lesmes desde hace décadas. Fue secretario de Estado de Justicia con Gallardón entre 2011 y 2014. Desde ese puesto, como número dos del Ministerio, participó en la renovación del CGPJ actual. Fue la persona clave para que Lesmes accediera a la presidencia en la que está hoy.
En enero de 2018, el actual CGPJ lo ascendió al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Al igual que antes pasó con Lesmes, se impuso a candidatos con más años de ejercicio. Como magistrado especialista, poniendo sentencias, apenas había trabajado diez años.
En esa votación para entregar ese puesto a Fernando Román, Lesmes se inhibió por su amistad personal con el candidato. Fue un gesto inusual, pero innecesario. Su voto no era determinante: la mayoría conservadora aprovechó un día en que uno de los vocales progresistas se ausentó del pleno por un problema de salud.
El ex secretario de Estado de Rajoy llegó al Supremo –una plaza donde estará hasta que se jubile– con solo 10 votos: con la abstención de Lesmes, y el apoyo de todos los demás vocales nombrados por el PP.
José Luis Requero. Fue uno de los látigos del CGPJ en funciones contra las leyes progresistas de la primera legislatura de Zapatero, el magistrado del Opus Dei que comparó el matrimonio homosexual con “la unión de un hombre y un animal”.
Como he explicado antes, el nombre de Requero sirvió, en su momento, para que el sector progresista aceptara el nombramiento de Lesmes al Supremo, como mal menor. Y en 2014, al poco de arrancar el mandato de este consejo, Lesmes usó con la minoría progresista en el CGPJ una estrategia similar. Amenazó con Requero si los vocales progresistas no respaldaban a otro candidato. Los progresistas no cedieron y Lesmes, por rodillo conservador, aprobó el nombramiento de este juez.
Inés Huerta. Muy cercana a Lesmes, fue la juez que desde el Tribunal Superior de Justicia amparó la privatización sanitaria que impulsaba lgnacio González en Madrid y que otra sección de ese mismo tribunal había paralizado. Fue una extraña maniobra judicial en la que también participó el entonces presidente de ese TSJ, Gerardo Martínez Tristán, que estaba casado con una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal. Martínez Tristán hoy es otro de los vocales del actual CGPJ, nombrado por el PP.
Huerta llegó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 2014, con el apoyo de la mayoría conservadora del CGPJ. Su nombre ha sonado estos últimos años como posible vocal del futuro CGPJ –si es que se renueva– a propuesta del PP. Conservadora, aunque no está adscrita a ninguna asociación, es la juez que más se ha movido en el Supremo para tumbar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
Vox recurrió el nombramiento de Dolores Delgado, y el Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún. La sentencia depende de seis jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pero Inés Huerta y otros magistrados conservadores –como José Luis Requero– han iniciado una recogida de firmas para que esa sentencia sobre Delgado se vote en el pleno. Es decir, para que decidan los 25 jueces de la Sala, en vez de los 6 jueces de la sección a los que les he tocado esta cuestión. Por ahora, no han alcanzado el número suficiente para elevarlo a pleno: solo tienen 9 firmas de 25, y necesitan más de la mitad.
“Si vota toda la Sala, es muy probable que anulen el nombramiento de Delgado”, creen en la Fiscalía, donde confían (no es seguro tampoco así) en que si la decisión la toma solo una sección, esto no ocurrirá. Porque tanto la jurisprudencia previa –hay una sentencia del Supremo sobre otra impugnación contra otro fiscal general– como los requisitos necesarios son bastante claros. Son solo dos, que Delgado cumple: nacionalidad española y 15 años de ejercicio como fiscal. Nada más.
En esa Sala, como en todas las del Supremo, la mayoría conservadora es apabullante. Pero una cosa es votar entre todos, y que sea Fuenteovejuna quien anule un nombramiento que depende exclusivamente del Gobierno y reviente otra vez la separación de poderes –con la Justicia invadiendo funciones del Ejecutivo–. Y otra muy distinta es que seis magistrados carguen sobre su jurisprudencia con una decisión tan cuestionable, sin el apoyo explícito de los demás.
Fernando de Rosa. Conservador, de la APM, es uno de los jueces que más veces ha cruzado la frontera entre lo político y lo judicial, en una carrera que siempre ha girado alrededor del PP, desde los tiempos en que el partido se llamaba Alianza Popular.
De Rosa militó en la AP de Manuel Fraga, cuando estudiaba Derecho en la Universidad. Fue la persona que afilió a ese partido en Valencia a un joven Francisco Camps, en 1982. Entró en la carrera judicial en 1984 y durante años ejerció en distintos juzgados de Valencia.
En 2003, su amigo Francisco Camps lo nombró secretario autonómico de Justicia de su gobierno. Más tarde, lo ascendió a conseller de la Generalitat valenciana.
En 2008, Camps lo avala ante Rajoy, que lo incluye entre sus vocales para el CGPJ, como vicepresidente de ese consejo y líder del sector conservador. Acabaría siendo presidente en funciones del CGPJ, por la dimisión de Divar tras el escándalo de sus viajes. El exmilitante de Alianza Popular se convirtió en el máximo representante de los jueces españoles.
Fernando De Rosa estaba en el CGPJ que promocionó a Lesmes para el Tribunal Supremo en 2010. Y después Lesmes devolvió el favor. Hoy por ti, mañana por mí.
En 2015, el actual CGPJ presidido por Lesmes nombró a De Rosa como presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Entre otros asuntillos, es el tribunal que juzga gran parte de la corrupción del PP valenciano.
En 2019, De Rosa volvió a saltar de ese juzgado o a otro cargo político. Hoy es senador del PP y portavoz del partido en la comisión de Justicia. Desde ese nuevo puesto, ha criticado al Gobierno por “atacar la independencia judicial”.
Luis María Díez-Picazo. Es otro de los amigos de Carlos Lesmes al que el presidente del CGPJ promocionó. Entró en el Supremo en 2008, en la misma Sala Tercera del Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, a la que Lesmes llegó en 2010. Fue otro de los expertos a los que el Ministerio de Justicia de Gallardón encargó la reforma del Poder Judicial que puso en marcha Mariano Rajoy.
Cuando Lesmes llegó a la presidencia del CGPJ, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo era José Manuel Sieira, un magistrado de larga carrera, respetado entre sus compañeros, y que había accedido a ese puesto en 2010. En 2015 terminaba su primer mandato al frente de esa Sala, aunque la práctica habitual en el CGPJ es renovar a los presidentes de Sala del Supremo que optan a la reelección. Con Sieira –y Lesmes en el CGPJ– esta norma no escrita, por primera vez, no se cumplió.
Dato importante. La relación entre Sieira y Lesmes no es nada buena. Entre otras cosas, porque el presidente de la Sala se había opuesto a ese indulto al conductor kamikaze que aprobó el Gobierno de Rajoy. Lesmes quería respaldar ese indulto, tan espinoso para el PP, pero Sieira votó a favor de su anulación. Y aquel pulso lo ganó Sieira y lo perdió Lesmes (y el Gobierno de Rajoy), como antes expliqué.
Cuando Lesmes llegó a la presidencia del CGPJ, empezó a maniobrar para quitar del puesto a su rival y colocar al frente de esa Sala a un magistrado afín. Y lo logró. En 2015, contra el criterio habitual, José Manuel Sieira no fue renovado y en su lugar el CGPJ ascendió –por rodillo, solo con los votos de la mayoría conservadora– al candidato de Lesmes: su amigo Luis María Diez-Picazo. Un presidente de Sala que ha llevado al Supremo a uno de los escándalos más lamentables de toda su historia.
Probablemente lo recordarán, porque fue un espectáculo difícil de olvidar. En 2018, el Tribunal Supremo aprobó una sentencia que obligaba a los bancos a pagar un impuesto que, hasta entonces, habían abonado sus clientes con cada hipoteca. La sentencia, firmada por seis jueces, era un terremoto para el sector financiero español. Suponía una factura de 2.300 millones de euros, que tendría que pagar la banca a cientos de miles de personas que han firmado una hipoteca.
En una decisión inédita, el presidente de la Sala Tercera –sí, Luis María Díez-Picazo– convocó a todos los jueces de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para reescribir esa sentencia y anularla antes de que la banca tuviera que pagar.
Tras una larga de deliberación, el pleno cambió la sentencia por 15 votos contra 13. La banca ganó. Es la única vez en la historia del Tribunal Supremo en la que una sentencia es corregida en sentido opuesto a los pocos días de entrar en vigor.
Angel Hurtado. Fue el único juez del tribunal de la Gürtel en la Audiencia Nacional que votó en contra de la condena a título lucrativo del PP. El que más fervorosamente se opuso a que M. Rajoy tuviera que ir como testigo a declarar en la Gürtel, una historia que he contado en más detalle en un artículo anterior.
En septiembre de 2020, con el mandato caducado, el CGPJ presidido por Carlos Lesmes ascendió a Hurtado al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Penal, por donde acaban pasando todos los políticos aforados, investigados por corrupción. Una Sala donde la derecha ha logrado un dominio abrumador.
A los pocos días de llegar al Supremo, la propia Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena tiró por tierra una de las sentencias que Hurtado había puesto en la Audiencia Nacional. “No tiene la calidad para llegar al Supremo”, asegura un magistrado, que solo entiende su nombramiento como un premio por sus servicios al PP.
Los choques de Lesmes con el PP
El presidente del CGPJ es un hombre que le debe tres cuartas partes de su carrera el PP. Que llegó a ese puesto gracias al PP. Que sin duda ha ayudado al PP, y que durante su larguísimo mandato –pronto cumplirá ocho años, y según la Constitución son solo cinco– ha extendido el ya de por sí amplio dominio conservador en la cúpula de la Justicia.
El PP apoyó a Lesmes y Lesmes apoyó al PP. Entre otros episodios, el CGPJ que preside sacó al juez Pablo Ruz de la investigación de la Gürtel. Se movió para que Gómez Bermúdez no investigara la caja B. Y apartó al juez de la Gürtel José Ricardo de Prada de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión.
Lesmes ha hecho mucho por el PP. Pero no lo suficiente, a ojos del Partido Popular.
Las relaciones que hoy tiene el presidente en funciones del CGPJ con el PP de Pablo Casado no son buenas, por tres motivos.
El primero, lo que ocurrió con Pablo Ruz. Este juez llegó al central número 5 de la Audiencia Nacional cuando los abogados de la Gürtel y el PP sacaron de la carrera judicial a Batasar Garzón, en esa sentencia que recientemente ha cuestionado el comité de Derechos Humanos de la ONU.
Tras la caída de Garzón, su plaza salió a concurso, y la ganó un juez progresista, Miguel Carmona. Para apartarlo de ese caso, el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres –uno de los destinos mejor pagados de la carrera judicial–. Fue un puente de plata que sirvió para apartarlo de ese juzgado de instrucción.
Era una jugada maestra, muy habitual en la Audiencia Nacional; ha pasado lo mismo en otras ocasiones con otros juzgados centrales de instrucción. Como Carmona tenía la plaza en propiedad –aunque nunca trabajó allí– el CGPJ podía nombrar a dedo a otro juez en comisión de servicios. Así se quedó con la investigación de la Gürtel Pablo Ruz: un juez en precario, al frente de uno los mayores casos de corrupción. Cada seis meses, el consejo debía decidir si le renovaba... o no.
Mientras el PP consideró que Pablo Ruz lo hacía bien, el CGPJ le renovó. Pero poco después de que decidiera registrar la sede nacional en la calle Génova, Ruz fue apartado de la investigación. Según distintas fuentes, por la presión del Gobierno de Rajoy.
El PP prefería nombrar en lugar de Ruz a otro juez en comisión de servicios. Era la manera de garantizar que fuera uno de los suyos, en el juzgado que investigaba la Gürtel y los papeles de Bárcenas. Pero Lesmes a eso se negó. En vez de elegir a dedo a otro sustituto de Ruz, sacó esta y otras plazas a concurso –por puntos en el escalafón–, asegurando al PP que el juzgado lo ganaría un magistrado conservador.
La jugada salió mal, y ese juzgado de instrucción tan delicado se lo quedó José de la Mata: un juez progresista, que además había sido director general de Justicia con el Gobierno de Zapatero. Fue un gran fiasco, a ojos del PP.
El segundo motivo que explica el cabreo del PP con Carlos Lesmes fue la declaración de Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional. El ministro de Justicia de entonces, Rafael Catalá, presionó a Lesmes para evitar ese trago a Rajoy. Pero el presidente del CGPJ no quiso, no pudo o no encontró la manera de impedirlo.
El tercer reproche del PP a Lesmes tiene nombre y apellidos. Se llama Enrique López, y es otro de los jueces que debe casi todo al Partido Popular.
El enfrentamiento entre Lesmes y López
Enrique López, en 2001, fue vocal del CGPJ a propuesta del PP, en el consejo que le dio a Lesmes su primer nombramiento. Cuando el PP perdió las elecciones y se atrincheró en ese consejo, López fue uno de los principales arietes desde el CGPJ contra el gobierno de Zapatero. Era también el portavoz.
En 2013, el PP le aupó al Tribunal Constitucional, en un polémico nombramiento no solo por su evidente perfil político –medio centenar de conferencias en la FAES– sino también porque había dudas sobre si cumplía con los requisitos necesarios.
En el Constitucional duró poco. Al año fue detenido conduciendo su moto borracho por Madrid, lo que acabó en una condena judicial. López tuvo que dimitir.
Tras la condena, López volvió a la Audiencia Nacional, donde sus propios compañeros le apartaron del tribunal de la Gürtel por su evidente cercanía con el PP.
Desde su partido –gente sin complejos– siguieron apostando por él. Y presionaron a Lesmes para que lo ascendiera al Tribunal Supremo. En los últimos años, López ha optado a varias plazas allí.
Lesmes se opuso a ese nombramiento. “Si Enrique López no es adecuado para el Constitucional, no puede serlo tampoco para el Supremo”, argumentó. Lesmes también logró que los demás vocales nombrados por el PP le apoyaran en decir que no.
López sacó cero votos del CGPJ a su favor, en una de las plazas del Supremo a las que se presentó. En otra ocasión, solo un voto de 21. Fue una gran humillación.
Carlos Lesmes se mantuvo firme frente al PP en cerrar las puertas del Supremo a Enrique López. Pero sí le dio otro ascenso, no menor. En mayo de 2019, la Comisión Permanente del CGPJ nombró a López para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional –la que revisa todas las sentencias de la Audiencia Nacional–. Un ascenso que después el Tribunal Supremo anuló por un defecto de forma.
Tras este revés, un mes después de que su último nombramiento fuera anulado, Enrique López colgó temporalmente la toga y se pasó del todo a la política. Hoy es consejero de Justicia del gobierno de Isabel Diaz Ayuso, secretario de Justicia del PP y el hombre de confianza de Pablo Casado para todos los temas jurídicos.
Es López quien ha negociado con el PSOE las distintas renovaciones del CGPJ que finalmente se frustraron. Es López quien en gran medida decide los nombres de los futuros hombres y mujeres del PP en la cúpula judicial, o los candidatos conservadores al Tribunal Constitucional.
La comida con Casado
La relación entre Carlos Lesmes y Pablo Casado no empezó bien. No solo por su enfrentamiento con Enrique López. También porque Lesmes era más cercano a Soraya Sáenz de Santamaría que al candidato que finalmente ganó la presidencia del PP.
Eso no significa que Lesmes y Casado no tengan una relación fluida. En mayo de este año, comieron juntos, en un encuentro que generó un enorme cabreo del Gobierno con el presidente del Poder Judicial.
Tras esa comida, Pablo Casado reunió a su equipo más cercano y transmitió que no hacía falta pactar la renovación del CGPJ porque Lesmes le había explicado que había otra opción.
Desde la reforma que aprobó el Parlamento a principios de año, el CGPJ en funciones no puede hacer más nombramientos. Esto supone que algunas salas del Supremo empiezan a tener problemas de funcionamiento por el bloqueo del PP: hay magistrados que se jubilan y no se les puede sustituir. Muchísimos jueces conservadores pero sensatos (la inmensa mayoría) están pidiendo el PP que levante el bloqueo, por los problemas que está provocando en el Supremo. Pero Casado explicó a los suyos que Lesmes le había dado la solución: nombrar a jueces en comisión de servicios, temporalmente, para esos puestos vacantes del Supremo.
En el Gobierno se enteraron de esa comida y de ese mensaje de Lesmes a Casado, y trasladaron al presidente del CGPJ su enfado por dar alas al bloqueo del PP. Según fuentes conocedoras de esas conversaciones, Lesmes decía una cosa al PSOE y otra al PP. Al Gobierno, que quería renovar. A Casado, que no hacía falta hacerlo. Una versión que Lesmes niega: “El presidente siempre ha transmitido a todos los partidos que deben renovar el consejo”, aseguran desde el CGPJ.
En uno de los encuentros entre Lesmes y el Gobierno, el presidente del CGPJ aseguró que su mujer, que se ha jubilado recientemente, le anima a dimitir. Algo que hace unos meses, según el Gobierno, se llegó a plantear.
El Gobierno interpreta que una de las razones por las que Lesmes no dimite es para reconciliarse con Pablo Casado y el PP. No les puede fallar.
“El problema es que Lesmes no tiene solucionado su siguiente destino”, aseguran desde el Gobierno. “Aún le quedan siete años hasta la jubilación y él quiere irse después al Tribunal Constitucional”. Un puesto, como todos los anteriores, donde solo puede llegar con el apoyo del PP.
Hoy por ti, mañana por mí.
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