Alberto Núñez Feijóo ha denunciado en innumerables ocasiones el “asalto” a las instituciones del Estado que, en su opinión, ha emprendido el PSOE de Pedro Sánchez. La derecha ha optado por la deslegitimación de todos aquellos organismos o empresas públicas que no controla mientras acusa al Gobierno de ponerlas a su servicio. Desde el INE al Congreso, de Indra a Correos. Incluso el Tribunal Constitucional. Todo, mientras el PP implica a sus alcaldes en su oposición a la ley de amnistía, la dirección nacional se arroga los anuncios en materia educativa que corresponden a las Autonomías o el propio Feijóo anuncia cambios en el funcionamiento interno del Senado desde el sillón que corresponde al presidente de la Cámara.
Este sábado dieron un nuevo paso en esta estrategia. Los más de 3.000 alcaldes del PP firmaron un manifiesto de partido contra la ley de amnistía y los pactos sellados por el PSOE con ERC y Junts tanto para la investidura como para aprobar los primeros decretos ley de la legislatura. Una votación celebrada a principios de enero y que fue recibida como un jarro de agua fría en el edificio levantado en el número 13 de la madrileña calle de Génova.
En el PP contaban con ver cómo la mayoría parlamentaria del Gobierno se diluía a las primeras de cambio y aspiraban a que la legislatura embarrancara casi antes de empezar. Una tesis que ya iluminó las mentes de quienes ocupaban esos mismos despachos hace cuatro años, en los albores del primer Ejecutivo de coalición. Pero las votaciones se salvaron. Ese día, Feijóo compareció para lanzar un mensaje de pesimismo: “Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, días y horas no me hubiese dedicado a la política”.
A diferencia de lo que suelen hacer los partidos, la idea del PP no es llevar a los plenos municipales resoluciones o declaraciones que se opongan a la norma para que la voten los distintos grupos, sino que serán los alcaldes en su calidad de representantes de todos los habitantes de sus localidades los que sellarán un manifiesto partidista.
De hecho, el propio texto, que el PP remitió a los medios el viernes por la tarde, dice textualmente: “Solicitamos a nuestro partido y a cualquier persona o institución competente que active todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas”.
El documento, de dos páginas, replica el argumentario del PP contra la ley de amnistía y los pactos del Gobierno, arremete desde el primer párrafo contra “las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando” o plantean una “profunda preocupación por la degradación institucional”.
Tras el fiasco de la votación en el Congreso Feijóo reunió a su dirección en un “retiro” en un lujoso hotel levantado en un cigarral con vistas a la ciudad de Toledo. De regreso, anunció una “ofensiva política, institucional y social” del PP “para defender la Constitución española”.
Lo hizo en el Salón de Plenos del Senado y ante los diputados y senadores de su partido en una intervención pública durante una reunión que, normalmente, se celebra en otras salas de cualquiera de las dos cámaras.
Pero Feijóo eligió el Hemiciclo. Y desde el sillón que habitualmente ocupa el presidente de la Cámara Alta anunció precisamente que el Senado pasará a celebrar tres plenos ordinarios al mes, en lugar de los dos que se han venido convocando hasta ahora. Una decisión que ni siquiera había pasado por la Mesa que dirige los designios de la institución que preside Pedro Rollán y de la que la mayor parte del partido se enteró en ese momento.
El cambio no solo implica a los senadores que deban viajar o no a Madrid una semana más al mes. También afecta al desarrollo de los trabajos en los diferentes parlamentos autonómicos o ayuntamientos ya que muchos miembros de la Cámara Alta son también diputados regionales o concejales, por lo que la decisión (cuya repercusión real será limitada, según reconocen en el propio PP) tiene implicaciones que afectan a otras instituciones.
Precisamente a las comunidades autónomas les ha usurpado Feijóo esta misma semana sus competencias al anunciar en un acto de partido la implantación de una prueba de acceso a la universidad (Ebau) única para las regiones que gobierna el partido. Una idea, la de un examen común para todo el Estado, que el PP lleva en su programa, pero que ahora quieren aplicar de forma unilateral allí donde puedan.
El anuncio llegó después de una reunión de su dirección con consejeros de educación del PP y en un acto con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En el PP reconocen que el partido llevaba tiempo trabajando en este plan, pero que la idea era plantearlo a nivel nacional, no de forma parcial. Dentro del partido de Feijóo hay quien duda de que se pueda poner en marcha solo en unas cuantas comunidades, mucho menos en el siguiente curso (24-25).
El anuncio además no es sobre un plan cerrado, sino que esconde en realidad una orden de Génova a sus gobiernos autonómicos ya que, de momento, no está decidido cómo se va a hacer. El diseño de la Ebau debe contar, además, con la participación de los rectores, y reflejar las diferencias que existen en los temarios entre regiones, y no solo por la cuestión lingüística. Los bachilleratos son también distintos en cada comunidad, tal y como han señalado ya algunas universidades, lo que dificulta mucho técnicamente el desarrollo de la idea.
El PP de Feijóo ahonda así en el doble discurso del que ha hecho gala desde su aterrizaje en Madrid, hace algo menos de dos años. Mientras denuncia la usurpación que Sánchez hace de las instituciones para su propio interés, pone las que controla a su servicio de forma pública y notoria.
Esta misma semana se pondrá en marcha la mediación de la Comisión Europea para que PP y PSOE zanjen ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo por parte de la derecha. Otro organismo que el PP ha mantenido bajo una gran presión hasta que la nueva realidad electoral emergida del 23J le ha permitido una mejor posición negociadora.
El de estas semanas es otro paso que aleja a Feijóo de su propio pasado autonomista, defensor de la poca o nula injerencia de las direcciones de los partidos en las políticas regionales o locales, tal y como subrayó durante sus 13 años al frente de la Xunta. El expresidente gallego llegó a Madrid como un político previsible, la vacuna contra la extrema derecha y para defender a los barones del PP de las maniobras internas de su predecesor, Pablo Casado, y de su equipo, Teodoro García Egea. A punto de cumplir dos años en la séptima planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, no puede dar por cumplido nada de lo anterior.