El pacto antiterrorista que contempla la cadena perpetua revisable ha salvado el primer paso de su tramitación a toda prisa en el Congreso. A favor de la toma en consideración han votado socialistas y conservadores, los principales firmantes junto a tres diputados más del Grupo Mixto. En contra, La Izquierda Plural y el PNV. UPyD ha optado por abstenerse aunque había anunciado que aprobaría el primer trámite para poder enmendarlo después. El más duro, Gaspar Llamazares, que ha alertado de las consecuencias de extender el concepto de terrorismo para penalizar otras conductas.
El representante del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha puesto el acuerdo como ejemplo de “generosidad” frente a la pelea partidista y ha recordado que la intención de su partido es mantener en el tiempo la cadena perpetua revisable. Aunque ha lamentado que los socialistas hayan anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional cuando quede aprobado el nuevo código penal, ha intentado defenderlos.
“Me gustaría que nadie aproveche la oportunidad para lanzar reproches a la oposición”, ha pedido sin éxito. El conservador ha asegurado que en esta cuestión “no hay excusas que valgan y no se puede ser tolerantes, ni siquiera neutrales”, en alusión a los grupos que están en contra.
José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, ha sido el encargado por parte socialista de defender el acuerdo. Serrano ha subrayado la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista después del atentado al semanario Charlie Hebdo pero también se ha remontado al 11 de marzo de 2004: “Aquí en España sabemos muy bien de lo que es capaz”. A pesar de su firma, Serrano ha insistido en que su partido “ni avala ni asume ni comparte” la prisión permanente porque ya no aparece la expresión en el acuerdo sino una referencia a la pena máxima.
Serrano ha presumido de que gracias al “trabajo conjunto con el PSOE” las intenciones iniciales del PP con el código penal se han visto modificadas. De no haber sido así, ha asegurado, los socialistas hubieran votado en contra. “Habrá quien se encuentre cómodo dejando toda la responsabilidad al Gobierno en la lucha contra el terror. Nosotros no”, ha afirmado.
El turno en contra lo ha protagonizado Llamazares, quien ha definido el pacto como un “blindaje del miedo bipartidista” que no se traducirá en más eficacia contra los atentados sino que da lugar a un “código cruel y de venganza”. Así, ha avisado del peligro de ampliar el concepto de terrorismo hasta extenderlo “a la mera disidencia” y aplicarlo en caso de conflictos donde no haya atentados, pero sí desórdenes públicos donde se perturbe la paz social. Como ejemplo, ha puesto el caso del barrio burgalés de Gamonal.
El diputado de IU ha recordado que el actual código penal ya puede castigar a los llamados lobos solitarios, así como su adiestramiento o sus viajes a otros países para enrolarse en la actividad terrorista. Por ello, ha insistido, lo urgente no es modificar un código penal después de un atentado sino llegar a un acuerdo para mejorar la dotación de medios y la cooperación entre las policías y los servicios de inteligencia para prevenirlos.
Llamazares ha dudado de que la medida de la prisión permanente pueda ser revertida más adelante y se ha preguntado “cuándo se ha rebajado una pena en una reforma del código penal”. Por ese motivo, ha anunciado que su grupo no cree en su reversibilidad. “Ha venido para quedarse de la mano del PP y con el inexplicable apoyo del PSOE”.
“La falta de consideración” de PP y PSOE con UPyD ha llevado a Rosa Díez a abstenerse en el primer trámite aunque había anunciado su voto afirmativo. La líder de UPyD ha negado que el acuerdo merezca la definición de “pacto de estado” y ha recordado que los anteriores no supusieron cambiar el código penal sino coordinar una respuesta firme de los partidos contra ETA: “Primero se corrompe el lenguaje y luego, la política”. Del mismo modo, ha negado que sea un pacto “antiyihadista” porque va “por los del turbante y por los de la boina”.
Salvo el de CiU, que ha sido más moderado en sus críticas por su intención de presentar enmiendas y aún no ha avanzado su voto final, los portavoces han sido muy duros con socialistas y conservadores. Joan Tardà, de ERC, los ha llamado “trileros” y ha resumido el pacto “como un monumento al cinismo”. Emilio Olabarría, del PNV, ha reprochado que sea un pacto “a dos que obliga a los demás a la adhesión incondicional” y avala una pena “que ya veremos si luego remueven” del código penal.
Como ya es habitual, Joan Baldoví (Compromís-Equo) ha optado por simbolizar su protesta gracias a un ejemplar de la Constitución atado con una cadena. El diputado ha lamentado que sea la lucha contra el terrorismo la que mueva a un pacto de estas características mientras los dos grandes partidos no lo han suscrito para luchar contra la pobreza o para mejorar el sistema educativo.