El Partido Popular intenta enmendarse a sí mismo y votará en contra de una reforma legal que apoyó el 18 de septiembre en el Congreso y que salió adelante por unanimidad: la modificación de la ley orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. La Cámara Baja aprobó con el voto a favor de todos los diputados, también del PP, suprimir la disposición adicional de esa normativa, que hasta ahora impedía que quienes hubieran cumplido penas de cárcel en otros países pudieran ver contabilizado ese periodo al ser extraditados a España para finalizar el cumplimiento del castigo.
Después de que El Confidencial publicara este lunes una información vinculando esa decisión del Congreso a una supuesta concesión a EH Bildu por la situación de muchos presos de ETA, el PP ha decidido corregirse y dice que el Gobierno le engañó. Por eso los populares han anunciado que, este martes, en el Pleno del Senado, votarán en contra de esa misma iniciativa, un gesto que no tendrá ninguna consecuencia ya que al no haberse presentado enmiendas al texto este seguirá en vigor aunque la Cámara Alta lo rechace.
El modelo legislativo en España sitúa al Senado como una cámara de segunda lectura y solo tiene en cuenta lo que aprueba si modifica el texto que le llegue del Congreso. Si no hay cambios, la decisión del Congreso prevalece siempre.
La iniciativa aprobada en la Cámara Baja la registró Sumar para, según el partido, dar cumplimiento con la directiva 2019/884 sobre antecedentes penales, que “obliga a eliminar cualquier norma que pueda ser discriminatoria para ciudadanos de la Unión Europea”. Y el grupo minoritario del Gobierno recuerda que con la modificación aprobada por el Congreso se acabó la “discriminación” que “sufría cualquier ciudadano español que hubiera sido condenado en un país de la Unión Europea y acabara cumpliendo la condena en España, no solo por terrorismo”. Hasta el cambio, se restringía que se le descontara el tiempo ya cumplido en el país europeo donde fue condenado.
También el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno no tiene “nada que ver” en el impulso a esa modificación que, según ha explicado, es un cambio de una ley que garantiza que se aplique la directiva europea y que es fruto de una tramitación parlamentaria “pacífica y unánime”. “En el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios sin excepción, el PP, Vox… (...) y en el Senado ni siquiera ha habido enmiendas”, ha dicho, informa Elena Herrera.
Lo que sostiene ahora el PP es que en realidad no sabía lo que votó en el Congreso. Borja Sémper ha hablado hoy de “jugarreta” y engaño“. Y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital de los populares, Noelia Núñez, ha asegurado que el PP el Gobierno ”ha engañado a todos los grupos parlamentarios“ de la Cámara y ”ha aprovechado para beneficiar“ a presos de ETA. La modificación apoyada por el PP no menciona en ningún momento a los presos de la banda terrorista porque se refiere a todos lo reclusos independientemente de su delito.
“Si se confirma ese ultraje, esa indecencia a la que ha sometido a este Parlamento, y el engaño a todos los grupos parlamentarios, desde luego que desde el PP vamos a estudiar todas las herramientas políticas, jurídicas y parlamentarias para evitar que esto se consume”, ha abundado Núñez en declaraciones a los medios, informa Europa Press. Y tanto Sémper como ella han asegurado que pondrá en marcha “todas las herramientas” en su alcance contra la medida.
Lo primero que harán es tumbar el texto en el Senado, lo cual no tendrá ningún efecto legislativo.