El PP se niega a bajar el límite a partir del que un fraude a las arcas públicas se considera delito fiscal. Esa frontera está situada en los 120.000 euros defraudados. Hasta esa cantidad, la irregularidad se considera una falta. Los conservadores han rechazado una enmienda del PSOE que apostaba por fijar la cuantía en los 50.000 euros.
Los conservadores han rechazado modificar la cantidad a partir de la que un fraude fiscal se tipifica como delito. Lo ha hecho al votar en contra de una enmienda presentada por los socialistas al proyecto de reforma del Código Penal en la que planteaban que se considerara el fraude constituyera un delito a partir de los 50.000 euros frente a los 120.000 euros que contempla actualmente la legislación.
El diputado Manuel de la Rocha, que ha defendido la medida, ha recordado que el PP ya se opuso a esa propuesta en 2010, cuando se negociaba la anterior reforma del Código Penal. Los socialistas decieron entonces renunciar a esa pretensión en aras de alcanzar el “consenso”.
Desoye a los jueces
Los socialistas han vuelto a insistir al presentar esta iniciativa y han lamentado que el PP no aborde cambios en los delitos fiscales, que están “presentes” en la vida política española como en los casos de la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, el extesorero del PP Luis Bárcenas, Francisco Granados o Jordi Pujol.
De la Rocha ha apuntado que ese rechazo amplía la diferencia que la legislación establece para ricos y pobres. “Los ricos tienen que defraudar 120.000 al año pero el pobre o parado comete delito desde el primer euro”, ha expresado.
El PP no solo rechaza una iniciativa planteada por el principal grupo de la oposición, sino que desoye a los jueces de instrucción, que hace poco más de un mes plantearon que se rebajara la cifra a partir de la que existe un delito fiscal. Los 45 jueces decanos firmaron un texto en el que establecieron 58 medidas para luchar contra la corrupción.
Además de instar al legislador a bajar el límite del delito fiscal, los magistrados plantearon aumentar los plazos de prescripción en los delitos relacionados con la corrupción, incrementar las penas del tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos“, entre otras medidas.