El PP fuerza que el Tribunal Constitucional pueda castigar a Artur Mas si incumple sus sentencias

El Partido Popular ha presentado por sorpresa una propuesta de reforma para que el Tribunal Constitucional tenga nuevas atribuciones y pueda sancionar a quienes incumplan sus sentencias. La medida, presentada por el candidato Xavier García Albiol en el Congreso, tiene un claro impacto electoral a pocas semanas de las elecciones catalanas y ante la reclamación de independencia que enarbola la lista Junts Pel Sí. “La broma ha terminado”, ha dicho Albiol tras registrar la iniciativa en la cámara baja, junto al portavoz popular Rafael Hernando.

Los conservadores quieren aprobar su reforma por la vía de urgencia y evitándose trámites e informes. Su propuesta, en palabras de Albiol, es “la garantía” de que no hay opción a la independencia de Cataluña. El grupo parlamentario ha registrado su propuesta sin hablar antes con los socialistas. Según fuentes del PSOE, Hernando se puso en contacto con miembros del grupo parlamentario socialista esta misma mañana por teléfono. La situación sorprendió a Pedro Sánchez en Perú ya que estos días visita varios países de Latinoamérica.

El principal partido en el Congreso propone que “el Tribunal Constitucional podrá imponer multas y acordar la suspensión de autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento” de sus resoluciones. Traducido al escenario de lo práctico, lo que el PP propone es que el alto tribunal pueda sacar a Artur Mas de su cargo de presidente si mantiene su intención de declarar la independencia de Cataluña.

La iniciativa del PP supone poner al máximo órgano jurisdiccional en el compromiso de tener que tomar decisiones ejecutivas que, hasta la fecha, tenían que ser impulsadas por el Gobierno. Dicho de otro modo, el PP quiere que el Constitucional sea la avanzada de Rajoy en caso de tener que buscar un ataque frontal al futuro Gobierno de Cataluña que en Génova parecen dar por seguro que será presidido por Mas.

La propuesta llega más de un mes después de conocerse el acuerdo adoptado por Mas y Junqueras y arroja la sospecha de electoralismo a las puertas de la campaña electoral. En el actual ordenamiento jurídico, la Constitución (en aplicación del artículo 155) ya ofrece mecanismos como la retirada de competencias como Hacienda o cuerpos de seguridad del Estado como reacción posible a un desafío independentista unilateral.

Además, el Senado está debatiendo la reforma de la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias. El PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se apruebe antes de la disolución de las Cámaras.

Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales y su aprobación por el Congreso se espera para el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas. De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva en octubre, antes de convocar las elecciones generales.

Sáenz de Santamaría: “Son los tribunales los que tienen la última palabra”

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado esta tarde en el Senado que la Generalitat “no tiene nada que temer a no ser que se crea por encima de la ley o de las sentencias de los tribunales”. La número dos del Gobierno ha defendido la proposición de ley del PP como útil “para fortalecer el marco constitucional” .

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, la vicepresidenta ha recordado que en un Estado de derecho “son los tribunales los que tienen la última palabra” y ha negado que se trate de una medida electoralista. En su opinión, lo que busca es “dar a un tribunal la capacidad para que se cumpla lo que él mismo ha determinado” y para eso, “cualquier momento es bueno”.