El PP, Vox y Ciudadanos usan debates sobre Venezuela y ETA para cargar contra el Gobierno en Bruselas

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —
10 de noviembre de 2020 19:35 h

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Eurodiputados españoles, Venezuela y ETA. Los debates de Venezuela en el Parlamento Europeo, sobre los que no tienen ninguna competencia la Unión Europea, son recurrentes a iniciativa del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Este martes la comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por la popular Dolors Montserrat, ha acordado pedir explicaciones al Gobierno de España por la reunión de enero pasado entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Rodríguez está en la lista de personas sancionadas por la UE, lo que le impediría entrar en España. La polémica causó incluso un pleno en la Eurocámara en el que intervino el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y tanto entonces, como este martes, la Comisión Europea ha repetido lo que ha dicho tantas veces: son los Estados miembros los que tienen que interpretar si están aplicando correctamente o no las sanciones aprobadas por el Consejo de la UE –los 27 Gobiernos–.

La petición ha sido presentada por Soranib Hernández de Deffendini, profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos. Y ha sido apoyada por PP, Vox y Ciudadanos.

“El hecho de que el Gobierno de España no haya adoptado las medidas necesarias para cumplir con la decisión PESC [de política exterior y de seguridad común relativa a sanciones], la cual impide la entrada de personas sancionadas en su territorio, es grave. Pero que dicha actuación no haya tenido respuesta alguna por parte de la Unión Europea lo es más”, ha afirmado el eurodiputado del PP Leopoldo López Gil (EPP): “La UE no debe relajar un ápice su posición contra los violadores de derechos humanos, y debemos recordar que Delcy Rodríguez es colaboradora del dictador Maduro, cuyo régimen es perpetrador de crímenes contra la Humanidad, como ha documentado Naciones Unidas, y que por eso se encuentra sancionada”.

“Le voy a decir a la señorita del S&D qué ha quedado acreditado”, ha espetado el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas (Renew Europe) a la eurodiputada socialista Cristina Maestre: “Que el Gobierno de España permitió que se violara la decisión de la Unión Europea impidiendo [sic] a determinados miembros del gobierno dictatorial de Venezuela que pisaran el territorio Schengen”.

El eurodiputado de Ciudadanos ha defendido dar curso a la petición sobre Venezuela: “La política es esto y a quien no le guste, tiene un problema con la democracia. Algunos partidos intentan eludir responsabilidades de los Estados miembros que son obvias”. 

La Comisión de Peticiones también se dirigirá por carta, para recabar su opinión, a la Comisión Europea, que es, ha dicho Montserrat, “competente para asegurar el cumplimiento del derecho de la UE, de manera que recabe toda la información disponible para conocer que pasó”. No obstante, la Comisión Europea siempre ha manifestado siempre, incluido este martes, que la competencia de este asunto es de los Estados miembros.

 La eurodiputada socialista Cristina Maestre, “la señorita del S&D” para Jordi Cañas, ha criticado que la comisión de Peticiones reproduzca “un debate que ya se llevó a cabo en el pleno del Parlamento Europeo del mes de febrero, donde el Alto Representante de Acción Exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, ya explicó claramente cuáles eran las márgenes competenciales que tiene la Unión Europea en este asunto”.

“Esto hay que explicarlo para hacer también público nuestro malestar por la utilización y la instrumentalización que se está haciendo del Comité de Peticiones para introducir asuntos en los que no hay competencia europea con el único objetivo de atacar al Gobierno de España”, ha afirmado Maestre“.  

“Estamos ante la confirmación de unas relaciones especiales de complicidad entre el gobierno español y un régimen criminal que mata a su población, que ha expulsado, llevado a la miseria y alambre a seis millones de venezolanos mandándolos fuera de sus fronteras y que tiene arresto aterrorizados entre detenciones, tortura, escasez y hambre”, ha afirmado el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch (ECR).

Además de pedir explicaciones al Gobierno de España por la reunión de enero entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, la comisión de la Eurocámara que preside Dolors Montserrat también ha mantenido abierta la petición –por unanimidad– para investigar los 379 crímenes de ETA sin resolver presentada, entre otros, por Daniel Portero, diputado autonómico de Madrid del PP e hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA en Granada en 2000.

En su presentación, Portero ha cargado contra quienes en enero no votaron esta petición, “y votaron a favor de los peces muertos en lugar de los seres humanos asesinados”, en alusión al PSOE y Unidas Podemos, que pedían investigar el estado de las aguas del Mar Menor.

Así comenzó la petición, presentada por el diputado regional del PP, que siguió con el otro peticionario, el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien se dedicó a cargar contra Francia por no extraditar a Josu Ternera, asunto sobre el cual nada puede hacer ni el Parlamento Europeo ni la Comisión Europea, como le ha recordado la eurodiputada verde Tatjana Ždanoka: “Que se abstengan los colegas de hacer mal uso de la petición entre España y Francia”. Algo que replicó el eurodiputado del PP José Ignacio Zoido: “Nos pide que no hablemos. Somos los políticos quienes tenemos que decir si estamos con las víctimas o con los asesinos. No hay equidistancias. Queremos claridad, honrar a las víctimas. El PP está para reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo”.

En esta tesis de la equidistancia avanzada por Portero y abundada por Zoido, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha afirmado: “En enero el PSOE votó en contra de que el Parlamento Europeo colaborara en el esclarecimiento de los crímenes de ETA, se puso del lado de la impunidad y los asesinos. Los herederos de ETA están sentados en las instituciones y el gobierno de Pedro Sánchez negocia con ellos. No podemos permitirnos mirar a otro lado. Este Parlamento Europeo se convierte en cómplice si no exigimos que se haga justicia”.

La socialista Maestre ha expresado su “solidaridad las con víctimas”: “Todos tenemos víctimas, toda España es víctima del terrorismo. Toda nuestra solidaridad con quienes fueron asesinados. Eso no significa que discrepemos en este caso. Escuchando a Portero que es diputado en la Asamblea de Madrid, me llama la atención que pretenda usurpar la libertad de voto de los grupos. Imagino que conocerá al ministro [Rafael] Catalá, que respondió a estas peticiones en el pasado diciendo que confiaba en la justicia española. Nosotros confiamos en su palabra y en todos los gobiernos, y en la policía y la Guardia Civil. Josu Ternera es un asesino, habrá que respetar los cauces y los procedimientos”. 

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua (UPyD/Renew Europe) ha afirmado: “Llevo cuatro años escuchando las peticiones, dándoles la razón. Las palabras de la Comisión Europea no son suficientes cuando se habla de la democracia atacada. Cientos de asesinos sueltos, miles de colaboradores. Estamos hablando de que nunca se ha podido hacer el juicio por lesa humanidad a Josu Ternera [quien tiene auto de procesamiento abierto] para hacer el relato jurídico de 245 asesinatos sin resolver. Genera enorme frustración cuando un país niega una orden de detención en un caso así. Necesitamos justicia y verdad.  Aún hay delitos de odio contra las víctimas. La atención internacional con una misión es necesaria para ayudar”.