Meritxell Batet está una vez más en el centro de la diana de los ataques de Partido Popular y Vox. Derrocar a la presidenta del Congreso de los Diputados se ha convertido en el principal objetivo de los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal a raíz de la polémica votación de la semana pasada que permitió convalidar la reforma laboral gracias al error de uno de los parlamentarios populares, Alberto Casero, y después de que los dos diputados de UPN rompieran con la dirección de su partido y, obviando sus directrices, votaran en contra del nuevo marco laboral.
Pese a las garantías jurídicas remarcadas por las autoridades independientes del Congreso y la doble verificación del voto telemático, refrendado por los servicios de la cámara, las derechas –exceptuando a Ciudadanos, que sí apoyó la convalidación del decreto– no reconocen que Casero errara y atribuyen lo que sucedió a un “pucherazo” promulgado por Batet para beneficiar al Gobierno.
El líder del PP, Pablo Casado, ha llegado a acusar a la tercera autoridad del Estado de “prevaricar” por dar por válido el voto de Casero, que en realidad es lo que siempre ha sucedido cuando un diputado se ha equivocado en alguna votación. Según informó VozPópuli este jueves, los populares ya preparan una denuncia por prevaricación contra la presidenta del Congreso. Aunque también este jueves, La Razón desvelaba que el sindicato Manos Limpias –cuyo máximo responsable, Miguel Bernad, fue condenado por extorsión– se ha adelantado al equipo de Casado y ya ha denunciado a Batet ante el Tribunal Supremo.
La formación de extrema derecha con la que los populares pugnan desde hace años por el mismo electorado –especialmente en las últimas semanas, ante las elecciones de Castilla y León del próximo domingo– sostiene, por su parte, que Batet “incumple” el reglamento del Congreso y ha puesto “en riesgo los principios del estado de Derecho” en un país en el que el Gobierno “camina hacia el modelo de Cuba o Venezuela” tratando de convertir a España en una “narcodictadura”.
Desde el primer día de la legislatura
Las derechas, que ya han anunciado que van a recurrir la votación ante el Tribunal Constitucional, han tratado de situar a Batet en el ojo del huracán desde el inicio de la presente legislatura pese a que en todos sus discursos la presidenta del Congreso ha realizado apelaciones constantes al diálogo y al entendimiento entre diferentes en medio de una creciente crispación promulgada precisamente por PP y Vox en cada una de las sesiones plenarias.
Los ataques contra Batet se dieron el primer día de la legislatura, en diciembre de 2019, por los acatamientos de la Constitución de diputados independentistas y de Unidas Podemos, que utilizaron fórmulas alternativas a los tradicionales 'sí, prometo' o 'sí, juro' para expresar sus anhelos independentistas o republicanos. Las derechas, además de recurrir a los tribunales, reclamaron la dimisión de Batet, a pesar de que cuando el PP ostentaba la Presidencia del Congreso se aceptaron fórmulas similares.
Más tarde los partidos situaron a Batet en medio del conflicto por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la ilegalidad tanto de los estados de alarma aprobados durante la pandemia como la paralización parcial y temporal de la actividad del Congreso por la emergencia sanitaria. Vox, que fue quien presentó los recursos contra esas decisiones del Gobierno, pese a haber reclamado inicialmente el cierre total de la Cámara Baja, exigió entonces la dimisión inmediata de Batet acusándola de haber “secuestrado” la soberanía nacional.
El pasado septiembre Vox trató también de confrontar con la Presidencia del Congreso lanzando un pulso que culminó con un reproche de la presidenta Batet a Iván Espinosa de los Monteros después de que la extrema derecha lanzara todo tipo de insultos –como “borracha, infanticida, mataniños” o bruja, la única expresión que constó oficialmente en el diario de sesiones– a una diputada del PSOE, Laura Berja por defender la proposición de ley del PSOE para penalizar el “acoso” a las mujeres que acuden a las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo, y que se aprobó de forma definitiva el pasado jueves.
La polémica de Alberto Rodríguez
Otro intento de PP y Vox por acabar con Batet se dio también el pasado otoño ante la polémica retirada del escaño al ya exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado en un discutido fallo del Tribunal Supremo por haber pegado una patada a un policía durante una protesta en Tenerife, en 2014. Tras conocerse la sentencia que condenó a Rodríguez a 45 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros, y a la suspensión del derecho a sufragio pasivo, PP y Vox presionaron tanto al exdirigente de Unidas Podemos para que dimitiera como a Meritxell Batet para que le cesara, algo que finalmente realizó el 26 de octubre tras un cruce de comunicados entre el Supremo y el Congreso y entre críticas a la presidenta de la Cámara Baja también por parte del grupo confederal.
Los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal se pasaron semanas acusando a la presidenta del Congreso de tratar de “boicotear” la condena. El PP habló de “esperpento” en el proceso de la ejecución de la sentencia de Alberto Rodríguez por parte de la Presidencia del Congreso. “No se debería haber llegado a un conflicto entre el Congreso y el Supremo”, aseguró Cuca Gamarra. Y, desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros fue más allá solicitando la dimisión de toda la Mesa del Congreso y remarcando la “responsabilidad personal” de Batet en la gestión del caso del exdiputado de Unidas Podemos.
Son unos argumentos similares a los escuchados en los últimos días por parte de los portavoces de esas dos derechas, esta vez para tratar de tapar el error del diputado Casero que permitió la convalidación de la reforma laboral. PP y Vox no habían cuestionado hasta el pasado jueves el sistema del voto telemático. Tampoco se quejaron de otros errores similares al del diputado popular, como el del exministro socialista José Luis Ábalos que, también por equivocación, votó en contra de los candidatos pactados entre su partido y el PP para renovar el Tribunal Constitución.
Los partidos de Casado y Abascal ni siquiera presentaron objeciones cuando, al inicio de la pandemia, la Mesa del Congreso por unanimidad –también con el apoyo de los miembros de PP y Vox– suspendió la comprobación telefónica del voto telemático en el Congreso, la principal vía utilizada por los diputados para emitir sus votos ante las restricciones sanitarias que siguen afectando, también, a la Cámara Baja. Los dos partidos avalaron esa medida en otras dos ocasiones, la última vez el pasado octubre.
La regulación del voto telemático
Ahora, en cambio, el PP trata de tapar el error de su diputado argumentando que no se le llamó para comprobar su voto, un procedimiento que lleva sin realizarse desde hace dos años. El lunes, el Grupo Parlamentario Popular remitió a la prensa la autorización de la Secretaría General del Congreso a Casero para la emisión de su voto por el procedimiento telemático del pasado jueves, en la que se subraya que se realiza en los términos de “la Resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, de 21 de mayo de 2012”.
El PP recuerda que dicha resolución “establece en su apartado cuarto que 'tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia, u órgano a quien delegue, comprobará telefónicamente, con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este'. Esta comprobación no se realizó en el caso del diputado”, añaden.
Pero ese apartado 82 del reglamento de la Cámara Baja que, en efecto, recoge la necesidad de esa ratificación telefónica, fue anulado en tres ocasiones por la Mesa del Congreso por la pandemia, dado que la proliferación del voto telemático por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria dificultaba la comprobación telefónica de cada uno de los diputados. Y el PP y también Vox no solo estuvieron a favor de esa suspensión, sino que no expresaron ninguna objeción a la medida, que fue aprobada por unanimidad de la Mesa hasta en tres ocasiones.
Los servicios del Congreso comunicaron esa nueva forma de comprobación a todos los grupos a través de una nota hace tan solo cuatro meses, y entonces tampoco hubo ninguna objeción por parte del PP, ni de Vox.
Cambios en el discurso del PP
Desde la polémica votación del jueves 3 de febrero, el PP ha presentado una decena de escritos a la Mesa tratando de anular el error de su diputado Alberto Casero. En un principio, los 'populares' trataron de responsabilizar de ese equívoco a un “error informático” del que culparon a los informáticos del Congreso. Después dejaron de lado esa teoría y atribuyen lo ocurrido a un “pucherazo” instigado por Batet.
Para Casado, todo evidencia uno de sus mantras desde el inicio de la legislatura. Que España vive “la más grave” crisis institucional de su historia, “la que nunca había sucedido ni siquiera con los socialistas más manirrotos”, y que el país asiste a “las horas más oscuras de la nación”. Lo sucedido con la votación de la reforma laboral es, para él, el “síntoma de la destrucción institucional por culpa de Sánchez”. “Jamás pensábamos que fueran capaces de retorcer la soberanía nacional y hacer trampas en el Parlamento para sacar la convalidación de un real decreto, es gravísimo”, señaló, obviando que todo se debió al error de un diputado de sus filas.
“Toda España se ha dado cuenta de que Sánchez es tóxico y todo el partido con el que pacta acaba teniendo problemas Ha pasado de Frankenstein a Drácula, a todo el que muerde acaba siendo un zombi como él”, ha afirmado el líder del PP en la última semana.