El Partido Popular se ha sumado este miércoles a la extrema derecha de Vox en su negativa a apoyar la convalidación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género ante la crisis del coronavirus, que lleva en vigor desde principios de abril y que el Congreso de los Diputados ha convalidado esta tarde con el apoyo del resto de los partidos de la Cámara (con 209 votos a favor, 53 ‘noes’ y 88 abstenciones).
Los populares han optado por la abstención y, por tanto, han evitado respaldar una iniciativa que, entre otras medidas, implica el refuerzo de los sistemas de atención a las víctimas de la violencia machista mientras dure el confinamiento, un periodo en el que muchas de esas mujeres están forzadas a convivir con sus maltratadores.
Pilar Marcos, la diputada del PP encargada de defender la postura del partido durante el Pleno, ha acusado al Gobierno de tratar de imponer una “agenda divisiva”. Sus críticas se han centrado en lamentar que el decreto no contemple medidas específicas ante la epidemia, como la elaboración de tests en los centros de atención a las víctimas de violencia machista. “Nadie quiere escapar de una violencia para entrar en una pandemia”, ha enfatizado.
A su juicio, “la única novedad relevante” del decreto “es que decide exceptuar la ley presupuestaria” para la ayuda contra la violencia de género. Pero ha insistido en descalificar la labor del Ejecutivo frente a la COVID-19 por suponer un “cóctel explosivo de imprudencia, improvisación y exposición”.
“La fecha mágica del 8 de marzo”
“Ustedes estuvieron restando importancia a la epidemia hasta la fecha mágica del 8 de marzo. Se debió actuar antes”, ha señalado Marcos, que considera que la ciudadanía está “pagando la imprudencia para imponer su agenda” del Gobierno y que ha considerado que “nada” de lo planteado por el Ejecutivo “es feminismo”. Agenda divisiva.
La extrema derecha, por su parte, ha descalificado el decreto al considerarlo “propaganda” del “feminismo marxista”. “Es lamentable que hoy con 24.000 fallecidos y en el camino a la debacle económica estemos hablando de violencia de género”, ha considerado la diputada de Vox Carla Toscano de Balbín, durante su intervención en el Pleno.
A su juicio, el decreto solo es una “puerta de atrás para saltarse la ley presupuestaria”. “¡Cómo pueden plantearse gastar dinero en propaganda feminista!”, ha insistido. En opinión de Toscano de Balbín, el objetivo del decreto, que entre otras medidas implica el refuerzo de los sistemas de atención a las víctimas de la violencia machista, pretende “colar de forma chapucera fondos para mantener los chiringuitos” del Gobierno y un “coladero de denuncias falsas para cobrar subvenciones”.
“Su feminismo excluyente es la verdadera peste”, le ha dicho la parlamentaria de la extrema derecha a la titula de Igualdad. “No nos hagan perder tiempo y dinero en su plan totalitario. Defender este pacto es mentira y supone comprar su discurso de odio contra el hombre”, ha añadido, para concluir que lo que Vox reivindica es una ley de “violencia intrafamiliar”.
Durante la defensa del decreto, la ministra de Igualdad, Irene Montero –que ha reaparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados tras semanas de convalecencia– se ha dedicado especialmente a criticar la actitud de las derechas: “Ojalá no tengamos que escuchar nunca más en esta cámara a alguien a nadie negando la violencia machista”, exclamaba.
La titular de Igualdad ha remarcado que las contenidas en el real decreto “son las primeras medidas pero no las únicas que este Gobierno impulsa para cuidar a las mujeres durante esta crisis sanitaria y social”. El objetivo de su departamento es claro: “Las mujeres no podemos ser una vez más las que asumamos sobre nuestros hombros el peso de la crisis”, ha dicho.
A su juicio, la emergencia sanitaria “está poniendo en evidencia la enorme fragilidad del sistema de cuidados en nuestro país y ha expresado con claridad lo que expresó la huelga feminista: si paramos se para el mundo”. Montero ha recordado que “sin cuidados la sociedad no funciona”.
El decreto supone el amparo de las víctimas, no solo de violencia de género, sino también de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, durante la crisis ocasionada por el COVID-19. A tal efecto, este real decreto-ley presenta un paquete de medidas, entre las que se incluyen el refuerzo de los sistemas de atención telefónica y la introducción de un canal a través de WhatsApp; la consideración como esenciales de los servicios de atención a las víctimas; la garantía del normal funcionamiento de centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros, así como la disponibilidad de establecimientos de alojamiento turístico en el caso de ausencia de vacantes en los centros designados durante el estado de alarma.
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