El precedente de Grifols: otro informe desveló años de cuentas falseadas y sociedades fantasma en Gowex

Las empresas que cotizan en el mercado bursátil dependen, en buena medida, de la imagen de solvencia que proyectan al exterior. Una de sus peores pesadillas es, por tanto, que una mañana aparezca un informe que tire por tierra su contabilidad y desvele deudas ocultas, beneficios maquillados y cuentas que no reflejan su verdadero estado financiero. Esto es lo que ha sucedido este martes con la española Grifols, cuyas acciones se han hundido más de un 40% en bolsa después de que Gotham City Research haya afirmado en un informe que está manipulando sus cuentas y que sus acciones, en realidad, valen “cero”. Lo ocurrido se asemeja a lo que pasó hace casi una década con Gowex, cuyo presidente se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel.

El 'caso Gowex' arrancó el primer día de julio de 2014 con otro informe de Gotham City Research. Este fondo bajista, que gana dinero apostando por la caída de empresas cuyas cuentas cuestiona, emitió un análisis que pinchaba la burbuja de Gowex que pilotaba Jenaro García desde 1999. Una empresa que cotizaba en el entonces denominado Mercado Alternativo Bursátil, que ofrecía algo tan futurista como wifi gratis de forma masiva, con más de 100 millones de ingresos anuales y con una red de puntos wifi con más de 100.000 terminales.

El informe de Gotham City Research desveló que ni una sola de esas cifras era real. Sus ingresos reales eran, como mucho, un 10% de lo que estaban declarando. La red de puntos wifi, según las estimaciones más optimistas, era tres veces menor de lo que afirmaba. Los créditos millonarios que afirmaban haber obtenido en Estados Unidos no existían. Y todo ese falso volumen de negocio, que un auditor había dado por bueno sin hacer comprobaciones, venía de un sistema de facturas falsas y compraventa de mercancías que no existían. Gowex, supuestamente, había recurrido al proveedor de sociedades fantasma que suministró a la Gürtel, al Grupo Marsans y a la trama del caso Nóos.

Mientras tanto, los directivos se habían repartido tres millones en dividendos y habían engañado a los grandes bancos del país: Santander, Bankinter, la Banca March, Deutsche y Caixabank le dieron más de 22 millones en créditos y avales. Consiguió un préstamo subvencionado del Gobierno para un proyecto sobre la brecha digital en Cádiz con fondos europeos.

El presidente estuvo una semana negando que este informe fuera cierto hasta que compareció en la Audiencia Nacional con un escrito titulado “manifiesto y confieso” en el que reconocía que “las cuentas desde la salida a Bolsa no respondían a la realidad” y que toda la responsabilidad era suya. Arrancaba entonces un proceso penal que, una década después, todavía está pendiente de juicio.

El magistrado que investigó el caso en la Audiencia Nacional decidió enviar al fundador de Gowex y varios colaboradores al banquillo al entender que “las cuentas no respondían a la realidad, ni reflejaban la imagen fiel, lo que no impidió la captación de nuevos inversores”. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación presentado en 2019, pide hasta 18 años de cárcel para Jenaro García y multas que superan los 10,2 millones de euros.

La vía civil para recuperar el dinero

Varios afectados del caso, que compraron unas acciones que se desplomaron en unas pocas horas, tomaron otro camino, el de la vía civil, y salieron victoriosos el año pasado. El Tribunal Supremo estableció en una sentencia que cuatro personas, que invirtieron cantidades de hasta 60.000 euros en Gowex, tenían derecho a ser indemnizados. Pero no por la empresa, sino por Ernst & Young, el asesor registrado en el MAB.

El abogado José Antonio Ballesteros defendió a estos cuatro inversores que han conseguido que el Supremo les de la razón. Acudieron a esta vía al comprobar que era poco probable que el proceso penal les fuera a permitir recuperar el dinero. “Vimos que hay, al menos, otro responsable de que esta sociedad estuviera cotizando con unos datos que no parecían reales: el asesor registrado”, explica en declaraciones a elDiario.es.

Es la principal diferencia entre el caso de Grifols y el de Gowex. La farmacéutica española cotiza en bolsa y la empresa de Jenaro García lo hacía en el entonces denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde las empresas no están obligadas a detallar sus cuentas pero sí a que existan unos asesores a modo de intermediarios. “Tienen una trayectoria mas corta, no tienen las mismas obligaciones tan rigurosas de publicación de resultados y para garantía de los inversores se establece que tengan que contratar un asesor registrado que revise la documentación que presentan, que vean que se corresponde con la realidad”, relata el letrado.

En el caso de Gowex, los afectados comprobaron que el asesor “no había cumplido” y que el verdadero estado de las cuentas de la empresa había permanecido oculto a los inversores, convirtiéndoles en afectados. Los juzgados y tribunales territoriales intentaron cerrar esta vía pero la sala primera del Supremo estableció que Ernst & Young, una de las firmas más relevantes del sector a nivel mundial, tenía que hacerse cargo de las indemnizaciones.

“Se habían perdido todas las reclamaciones y el Supremo establece que la obligación del asesor registrado es comprobar la autenticidad de la información que publica la sociedad”, explica Ballesteros. Algo que EY no hizo con Gowex, cuyas cuentas falseadas permanecieron ocultas hasta 2014.

La función del asesor registrado es la de un 'gatekeeper', un verdadero controlador del contenido de esa documentación que tiene que revisar e ir mucho más allá del auditor, ver que el negocio es viable, que tiene una buena proyección“, algo que no se dio en el caso de Gowex. ”Eso es lo que determina la responsabilidad del asesor registrado“.

Diez años después, el caso de la empresa que prometía wifi gratis para todo el mundo sigue atascado en la Audiencia Nacional. Un caso de fracaso en el ahora conocido como BME Growth que se suma a otros nombres como EiDF o incluso la empresa dueña del personaje Pocoyó, entre críticas a una falta de controles, entre otros, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Jenaro García sigue a la espera de juicio con la Fiscalía Anticorrupción atribuyéndole cinco delitos de falsedad documental, fraude a los inversores, apropiación indebida, uso de información relevante y fraude a los presupuestos de la Unión Europea. Teniendo en cuenta como atenuantes su confesión y también la reparación parcial del daño.