El caso de las preferentes en la Audiencia Nacional nace enfermo y solo un vuelco podrá hacer que culmine con la celebración de un juicio, coinciden distintas acusaciones tras la primera semana de interrogatorios. Durante cinco jornadas, uno tras otro de los quince querellados se han negado a contestar a los abogados de las acusaciones y solo lo han hecho a preguntas del fiscal, el juez y sus propios letrados. Y siempre para negar irregularidades y descargarse de responsabilidades en la comercialización del producto que ha provocado el mayor escándalo financiero en la historia de España.
Nada de esto, sin embargo, es inusual en los interrogatorios. ¿Por qué entonces el pesimismo en las acusaciones? Los abogados señalan a la actitud de partida del juez, Fernando Andreu, y del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Creen que el primero instruye obligado por la Sala de lo Penal –solo ha hecho una pregunta en un total de 15 interrogatorios- y el segundo yerra al centrarse en la ocultación del verdadero estado de Caja Madrid cuando se emitieron las preferentes. Alegan que ninguno de los dos está convencido de que la gran estafa de las preferentes responda a un plan concebido desde la cúpula de Caja Madrid.
Andreu se opuso en un primer momento a sumar la investigación de las preferentes por el caso Bankia, aunque después decidió abrir una pieza separada en contra del criterio de la Fiscalía. Los recursos presentados por las defensas de los querellados obligaron a la Sala de lo Penal a delimitar la investigación: el caso se centraría en investigar si la cúpula de Caja Madrid ideó el producto para tapar el agujero que ya existía en 2009 en la entidad. Ni los presuntos engaños a los clientes cometidos entre las cuatro paredes de una sucursal, ni el case de operaciones en el mercado secundario serían objeto de la pieza separada.
Las preferentes fueron vendidas a los ahorradores de Caja Madrid con la apariencia de un depósito de vida limitada. Sin embargo, se trataba de un producto de alto riesgo y a perpetuidad: los ahorradores no recuperarían su dinero tras un periodo estipulado sino que tendrían que recurrir a un supuesto mercado secundario, el case interno. Caja Madrid buscaba entonces un comprador, pudiendo manipular los precios a su antojo. Cuando se corrió la voz de que el producto no era tan seguro como creían los inversores, todos corrieron a vender y se encontraron, sencillamente, con que no había mercado, según los argumentos de la acusación popular.
Andrés Herzog es el abogado que representa a UPyD, uno de los artífices de que el caso Bankia esté en la Audiencia Nacional. Para Herzog, dejar fuera el case de operaciones desinfla toda la investigación. “La Fiscalía sigue defendiendo que ese mercado ficticio era objetivo”, critica. El mismo diseño de las preferentes demuestra, a su entender, que las preferentes son “un hecho delictivo en sí”. Esto es lo que justificaría una investigación de la gran estafa en la Audiencia Nacional, más allá de las vías preferidas por los afectados para recuperar su dinero: el arbitraje, la vía civil y los juzgados locales.
“El fiscal se limita a relacionar las preferentes con los estados financieros de Caja Madrid cuando eso ya es objeto de la investigación a Bankia. La situación es muy caótica”, lamenta el abogado de UPyD. Aún así, Herzog confía en que la práctica de diligencias haga reconsiderar a Andreu el ámbito de investigación. “El que marcó la Sala es absurdo”, zanja.
Para Juan Ignacio Morengo Yagüe, abogado de #15MpaRato, el Tribunal Supremo debería resolver sobre la decisión de la Sala de no investigar el citado case de operaciones. Coincide en que las preferentes suponen un fraude masivo en su comercialización y una estafa generalizada. Y suma, a la vista del contenido de los interrogatorios, el delito de falseamiento de cuentas públicas por el desfase en más de 4.000 millones entre los recursos propios que presentó Caja Madrid en 2009, fecha de emisión de las preferentes, y al año siguiente.
Círculo exculpatorio
Miguel Blesa defendió en su declaración del lunes que las preferentes cumplían con todos los requisitos exigidos por el regulador. En cualquier caso, añadió, los responsables de su diseño eran los departamentos de Cumplimiento Normativo y Marketing. El responsable de Cumplimiento Normativo, Manuel Fernández Navarro, dijo dos días después que Caja Madrid había sido “más exigente” que otras entidades para lanzar las preferentes, y que cuando lo hizo, no había normativa al respecto de la CNMV. Por su parte, Fernando Cuesta, de Marketing, responsabilizó del folleto informativo a Matías Amat, director de Negocio que no figura entre los querellados.
Los consejeros querellados han declarado que por ellos no pasó en ningún momento la decisión de emitir preferentes, asegurando que de eso se encargaban otros miembros del Consejo que a su vez integraban la comisión ejecutiva. Pero los abogados de la acusación particular que presentaron la querella solo incluyeron a un miembro de la comisión ejecutiva en la misma, Miguel Blesa. Esto ha permitido que por el momento se cierre el círculo exculpatorio.
Para salir de él, las acusaciones populares planean solicitar nuevos interrogatorios. Entre ellos, los de miembros de la comisión ejecutiva y los ejecutivos de la entidad, entre ellos el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, o el director de Negocio, Matías Amat. Si Andreu acepta llamarlos como testigos, comparecerán sin abogado, con la obligación de decir la verdad y contestar también a las preguntas de los abogados de la acusación.
En este sentido, Blesa repitió en varias ocasiones que el Banco de España y la CNMV avalaron las preferentes de Caja Madrid. UPyD ya pidió que declararan sus responsables entonces como imputados y Andreu se negó. Ahora, las acusaciones planean solicitar que declaren como testigos para cotejar las afirmaciones del expresidente de Caja Madrid.
Los correos se quedan fuera
Jordi Ruiz Villa es abogado del despacho barcelonés Jausas, que representa a una pareja de preferentistas que invirtió 300.000 euros en el producto, y autor de la querella. Son los responsables de que Andreu haya tenido que decidir sobre la incorporación de los correos de Blesa al caso de las preferentes. El juez decidió que quedaran fuera y solo comunicó su decisión unas horas antes de que el exbanquero declarara en la Audiencia Nacional, a pesar de que Anticorrupción le había informado hace un mes de que también se oponía. Si Andreu acepta a llamar algún testigo a declarar, ninguno de los abogados de la acusación podrá interrogar sobre el contenido de los correos publicados. En el caso de que lo hicieran, el juez declararía la pregunta improcedente.
En el caso de Matías Amat, por ejemplo, nadie podría interrogarle por el intercambio de correos previo y el mismo día de la emisión de preferentes en mayo de 2009. En esos mensajes, publicados por eldiario.es gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X, Amat y Blesa celebran las “cifras de récord” en el lanzamiento del producto. El expresidente se lanza a decir a su número dos: “Lo que he aprendido es que si a los sindicatos no les gusta, probablemente es un buen producto”.
Ruiz Villa tiene sus esperanzas puestas en el resultado de las diligencias que ordenó Andreu el 19 de febrero. En ellas, se requiere a Bankia numerosa documentación para arrojar luz sobre la situación de la entidad a mediados de 2009, aún como Caja Madrid, y los documentos de emisión de preferentes. El abogado recuerda que Andreu ha escogido la figura del querellado para interrogar a Blesa y el resto. “Mientras no se conviertan en imputados, el plazo de prescripción no se interrumpe”, advierte.
Andreu podía haber citado a Blesa y a los otros 14 como imputados, pero optó por la figura del querellado. El letrado también advierte de que el juez puede no esperar a la petición de nuevas diligencias y archivar la pieza separada de las preferentes, lo que obligaría a las acusaciones a recurrir a la Sala.