Seis preguntas y respuestas sobre los 5.000 millones en armas que gastará Margarita Robles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su secretario de Estado, Ángel Olivares, anunciaron esta semana en los micrófonos de la Cadena Ser que España invertirá 5.000 millones de euros en armas “antes de que termine el año”. Lo justificaron en las “necesidades urgentes” que padecen las Fuerzas Armadas y aseguraron que solo se harían inversiones “políticamente viables y aceptables socialmente”. Estas son algunas preguntas (y sus respuestas) sobre este nuevo desembolso en armamento.

¿Es un gasto inmediato? ¿De dónde van a sacar tantos millones? 

No. Aunque se suele emplear el término “gastar”, el más correcto es “comprometer”. El Gobierno del PSOE, vía Consejo de Ministras, va a adquirir antes de que termine el año varios compromisos para gastar 5.000 millones en diferentes programas de armamento. Esos “compromisos” son contratos con la industria de las armas para que suministre el armamento acordado a lo largo de una serie de años. Los pagos que esta recibirá cada ejercicio también se negociarán en esos contratos, sobre los que el Ejecutivo no ha dado ningún detalle.

En materia de Defensa, los acuerdos de compra siempre son a medio, largo y muy largo plazo. Se parecen más a firmar una hipoteca que a una compra. En la actualidad, España todavía tiene una deuda de unos 20.000 millones derivada de compromisos adquiridos en la década de los 90 que va pagando año a año. Los 5.000 millones anunciados ahora también se repartirán en las siguientes décadas. En la práctica, que el Consejo de Ministras acuerde estos nuevos compromisos de gasto supone una “luz verde” para que las empresas pongan en marcha la producción de armamento en base a esos períodos de pago y entrega acordados por el Gobierno.

¿Supone un extra sobre los presupuestos? ¿Aumentará el déficit?

En teoría, no. Según han explicado fuentes de Defensa a este medio, el Gobierno maniobrará con los presupuestos del anterior Gobierno del PP para que no lo sea. Exponen que el nuevo Ejecutivo reordenará las cuentas en la medida de lo posible y de los límites que imponga el Ministerio de Hacienda. El objetivo del Gobierno, afirman, es que el nuevo gasto en armas salga de esa reordenación de las cuentas, al igual que el de otros gastos no presupuestados, como el de los tres ministerios de nueva creación. 

Según ha explicado el Secretario de Estado de Defensa, el Gobierno buscará el apoyo del Parlamento a la hora de abordar estos cambios en las cuentas públicas.

¿Podrían intentar colarlo de otra forma y ocultar el gasto?

Durante años el PP recurrió a un mecanismo opaco para pagar la letra anual de la deuda de armamento que supera los 1.000 millones de euros y que España arrastra desde los 90. En vez de incluir ese gasto en los Presupuestos Generales del Estado que llevaban al Congreso, los conservadores esperaban hasta los meses de verano para aprobar la solicitud de un crédito extraordinario, sin publicidad y vía Consejo de Ministros. El Tribunal Constitucional declaró ilegal esta práctica y en 2017 el PP se vio obligado a incluir los 1.000 millones en el presupuesto de Defensa, lo que lo infló un 32% respecto a 2016.

Es improbable que el PSOE recurra a un mecanismo de este estilo, puesto que fue este partido (junto a IU, ICV, CHA y UPyD) el que lo denunció ante los tribunales. Además, Margarita Robles aseguró que las nuevas inversiones en armas debían ser “aceptables socialmente”, lo que excluiría intentar camuflarlas. Habrá que esperar y vigilar dónde y cómo se introducen los nuevos compromisos en las cuentas.

¿Son iguales todos los programas de armamento?

No. En sus declaraciones, Olivares manifestó que los compromisos se extenderán a varios programas. Entre ellos, mencionó a los helicópteros NH90 y Chinook, el lanzamiento de dos satélites militares y “el incremento del techo de gasto del submarino S-80”.

Los tres primeros programas citados por el secretario de Estado pueden encuadrarse entre los necesarios para que las Fuerzas Armadas mantengan su operatividad con las máximas garantías de seguridad para sus miembros. De hecho, los NH90 son el modelo elegido para sustituir a los helicópteros Súper Puma, como los que se estrellaron en 2014 y 2015 en Canarias. Entonces, incluso los oficiales de las unidades que los operaban, además de los familiares de las víctimas, denunciaron que esos aparatos eran demasiado viejos para seguir volando después de más de 30 años sometidos al ambiente salino.

El caso del S-80 de Navantia es diferente. Se trata de un proyecto para desarrollar un submarino muy avanzado tecnológicamente en varios aspectos, como en sus sistemas de propulsión, que le permitirían ser el sumergible no nuclear de mayor autonomía del mundo. Aunque la Armada contaría con cuatro de ellos, el objetivo principal del proyecto es la exportación. Así los astilleros de la empresa pública repartidos por la costa nacional tendrían un flujo de trabajo constante durante varios años. El problema es que el proyecto ha sufrido constantes rediseños en su proceso de desarrollo, retrasando varios años la fecha de entrega y añadiendo un sobrecoste de más de un 70% respecto al presupuesto inicial.

Si el compromiso de gasto es la mitad de lo que había anunciado el PP, ¿ha habido un cambio entre la política de Defensa con el nuevo Gobierno?

Margarita Robles anunció un compromiso de gasto de 5.000 millones, menos de la mitad de lo anunciado por su antecesora, María Dolores de Cospedal. No obstante, la socialista no está anulando los compromisos que dispuso la dirigente popular, solo los retrasa a años posteriores. Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a eldiario.es este punto. Por lo tanto, lo que ha hecho el nuevo equipo ministerial es redefinir esas “necesidades urgentes” (la misma expresión utilizada en su momento por Cospedal), sacando de ese grupo proyectos como el de las fragatas F110, uno de los más cuantiosos, pero que previsiblemente se afrontará en 2019.

Lo cierto es que Defensa ha sido una política de Estado en la que PP y PSOE han seguido el mismo camino en cuanto a compras e inversiones. También en lo relativo a  la exportación. Programas como el submarino S-80 profundizan en la política que ha convertido a España en el séptimo vendedor mundial de armas y que deriva en casos como la venta de corbetas a Arabia Saudí.

Ambos partidos justifican esta política en el retorno en puestos de trabajo, tejido industrial y desarrollo de nueva tecnología que genera invertir en Defensa. Según los estudios impulsados por think tanks próximos a la OTAN, cada euro invertido en Defensa trae más de dos de retorno.

¿Y no hay políticas alternativas?

Las organizaciones pacifistas denuncian a menudo que si lo que se invierte en I+D militar y compra de armamento se destinara a desarrollar industrias modernas en las zonas que dependen del empleo que ofrecen las empresas de armas, estas dejarían de depender de él. En el otro extremo, numerosos militares reconocen en privado que las Fuerzas Armadas necesitan una reformulación urgente: hay unidades que no son realmente operativas, por falta de entrenamiento y por operar con material obsoleto.

Enfrentar un proceso de reformas requeriría un peso parlamentario que el PSOE no tiene. Uno de sus principales apoyos en el hemiciclo, Unidos Podemos, sufre habitualmente contradicciones en lo referente a la política militar. El caso de la venta de las corbetas a la monarquía saudí es el mejor ejemplo. Darle la vuelta a la política de exportación de armas y reformar el Ejército para reducir su grosor pero aumentar su operatividad requeriría un esfuerzo político y un terreno más estable del que ambos pisan en esta legislatura.

(Bonus) ¿Y lo del 2% en Defensa?

Pedro Sánchez anunció que España cumpliría la petición de Donald Trump de subir su presupuesto de Defensa hasta el 2% del PIB, solo horas después de que Margarita Robles lo declarara inviable “ni ahora ni a medio plazo”. Lo cierto es que el compromiso del presidente de llegar al 2% en seis años está muy lejos del horizonte político que puede manejar en este momento el socialista y por tanto, la realidad se sitúa más cercana a lo afirmado por su ministra de Defensa.

Respecto al porcentaje del PIB destinado a esta partida, cabe destacar que no es cierto que España gaste menos del 1% en Defensa. El motivo es que algunos gastos íntimamente relacionados con lo militar se han camuflado en otras partidas presupuestarias los últimos años. Es el caso de las misiones en el exterior (las paga el Fondo de Contingencia, destinado a imprevistos), el CNI (que había salido de Defensa pero seguía compuesto por militares), los créditos para la I+D militar (financiados por el Ministerio de Industria) o el ISFAS, la seguridad social de los militares.

Estos gastos deberían estar incluidos en el presupuesto de Defensa según el propio criterio de la OTAN, pero España los ha desviado a otras partidas por motivos políticos. Incluyéndolos en el gasto total del Ministerio, este rondaría el 1,6% del PIB. Lejos del 2% que piden Trump y la OTAN, pero menos  que el 0,9% que se publicita en ocasiones.