La Junta de Castilla y León compró un inmueble para su Centro de Negocios en Varsovia, Polonia. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, así lo dijo muchos años después de su puesta en marcha, en 2004. El comentario de Herrera ante los medios de comunicación ocurrió el 12 de junio de 2012, cuando firmaba un convenio con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo para integrar los efectivos de la Comunidad en el extranjero en las delegaciones diplomáticas o comerciales del Estado.
El objetivo era “ahorrar”. En ese momento, Castilla y León contaba con sedes en Dusseldorf, Sao Paulo, Sanghai, Miami, Los Ángeles, París, Casablanca, México DF, Lima, Varsovia, Lisboa, Londres o Estocolmo. Herrera señaló “los ahorros importantes en el gasto” que se iban a producir fruto del acuerdo con exteriores, aunque añadió que “sólo una oficina de promoción exterior, la de Varsovia, es propiedad de la Junta”. Así lo recogieron distintos medios a través de una información de agencias.
Meses antes, en enero, el consejero de presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, había adelantado el traslado de las 17 sedes comerciales para ahorrar gastos, y precisó que “la Junta” sólo pagaba, en ese momento, “los alquileres de siete pequeños despachitos”. Este diario intentó obtener una explicación sobre las declaraciones de Herrera a través de su director de Comunicación, Alejandro Salgado, sin embargo, tal y como viene ocurriendo desde hace unos meses, no contestó ni a las llamadas ni al correo electrónico que se le remitió.
La situación de las sedes comerciales implantadas por la Oficina de Internacionalización de la Junta, antes conocida como Excal y ahora denominada Ade Internacional, ha cobrado en estos días especial importancia. A través de una pregunta a la mesa de las Cortes de Castilla y León, el grupo parlamentario socialista pudo conocer que en el año 2006 la Junta había alquilado un edificio para su delegación permanente en Bruselas.
Como arrendadora aparecía la sociedad Co-Louis S.A, en apariencia belga, pero había sido adquirida meses antes por los promotores del edificio de la Consejería Perla Negra, cuyos sobrecostes se investigan. La sociedad Co-Louis aparece en un informe policial del caso, que identifica a sus verdaderos propietarios, los constructores del edificio. Cada mes y al menos durante seis años recibieron de la Junta 13.920 euros.
Aunque el PSOE había solicitado copia de todos los contratos de alquiler o compraventa de las sociedades públicas de la Junta fuera de España, la Consejería de Presidencia sólo aportó el de su sede belga.
El pasado jueves, la portavoz del gobierno de Castilla y León, Milagros Marcos, aseguró que las empresas de la Junta “no son públicas” y que esa es la razón por la que sólo se ha facilitado el contrato de alquiler de la delegación permanente en Bruselas, y no los de las 17 oficinas de la Agencia de Desarrollo Económico repartidas por todo el mundo. Para Marcos, las sedes que abrió Excal “son locales de negocio, no son oficinas de la Junta en ningún caso, una sociedad participada no es sector público”. Marcos no quiso valorar el hecho de que casi el 100% de su financiación venía del gobierno regional.
La sede de Varsovia, con el nombre de Centro de Negocios de la Junta de Castilla y León, fue inaugurada por el propio Juan Vicente Herrera el 4 de mayo de 2004. Herrera se entrevistó con el que entonces era alcalde de la ciudad y después presidiría Polonia, Lech KaczyÅ„ski. En lugar elegido para ubicar las oficinas era prácticamente el mejor de Varsovia: el edificio Metropolitan, construido en 2003 por Norman Foster en la plaza de Pitsudki.
Un estudio de arquitectos de Valladolid realizó un proyecto para adaptar los 297 cuadrados a las necesidades de Excal. El edificio era entonces propiedad de la gran inmobiliaria Hines. El consejero delegado de Excal era Alberto Esgueva, que resultaría ser el mayor beneficiario de la trama eólica unos años después. Los destinos de Hines y Esgueva volverían a cruzarse. Con los 47 millones que recibió por vender su parte de una eólica a Iberdrola, Esgueva se trasladó a Polonia, y en concreto a Varsovia. Allí empezó a construir edificios de lujo. Uno de ellos, el Ambassador, acabó en manos de Hines, una venta millonaria.
Fuentes cercanas a Esgueva explicaron a eldiario.es que otro de los grandes edificios que construía, el Pacífic, estaba a punto de venderse, también a Hines, cuando estalló el escándalo de la trama eólica, la compra casi cerrada, no se materializó. Todo, explican “porque varios periodistas contactaron con Hines para hablar de Esgueva”.
En medio de toda la polémica flota la opacidad de la Junta de Castilla y León, que niega todos los contratos de alquiler o compra que tenía en el extranjero.
Desde 2004, Excal puso en marcha la expansión de sus oficinas comerciales. Lo hizo creando sociedades limitadas en cada país donde plantaba oficina. Estaban participadas al 100% por Excal, pero no hay manera de acceder a sus cuentas. Una pista clara la dio el Consejo de Cuentas de Castilla y León en 2009, cuando publicó un informe de fiscalización de Excal de 2004.
Una de las conclusiones más determinantes es que el contrato entre la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) y Excal, “no contemplaba la posibilidad de constitución de sociedades en países extranjeros, ni tan siquiera la posibilidad de participar en el capital social de sociedades ya contituidas en el extranjero con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa”.
Sin embargo, sólo en el año 2004, el único fiscalizado, la Junta, a través de Excal, creó Excal Poland S.L y Excal Hungary S.L, sólo la puesta en marcha de esta última supuso un gasto de 92.497 euros. El Consejo de Cuentas, reflejó que se pagaba un alquiler mensual de 1.452 euros. Sobre el Centro de Negocios de Varsovia, cuyo alquiler o compra no se mencionan en el informe, se subraya que, con un presupuesto para 2004 de 64.630 euros, a 30 de septiembre de 2004 (la inauguración se había producido en mayo) el desvío presupuestario era del 179%.
La investigación del caso Perla Negra, que involucra también a la ADE podría dar una vuelta de tuerca. Por el momento, el PSOE presentará en el juzgado el contrato de alquiler de Bruselas que vincula a la Junta de Castilla y León con los promotores del edificio mediante una sociedad instrumental.