El presidente del Poder Judicial rechaza convocar el pleno para renovar el Constitucional hasta que los conservadores revelen sus candidatos

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Rafael Mozo, ha rechazado convocar el pleno extraordinario que solicitaron nueve vocales conservadores para sortear la reforma del Gobierno sobre la renovación del Tribunal Constitucional, ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

En una comunicación dirigida a los vocales, el presidente argumenta que la petición de estos consejeros, tal y como fue formulada, “no puede ser atendida” porque el reglamento del órgano, además de la solicitud “por escrito” de al menos cinco vocales, “exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno”. Y añade que la petición tampoco cumple con las “reglas de procedimiento” que el propio pleno se dio el pasado septiembre y que establecen que la solicitud de convocatoria de un pleno para hacer estas designaciones debe incluir los nombres de dos candidatos y sus currículums.

El escrito que presentaron el pasado viernes los consejeros elegidos a propuesta del PP que llevan tres meses bloqueando el relevo en el tribunal de garantías no incluía los nombres de ningún aspirante. Se limitaba a instar la convocatoria “con carácter urgente” de un pleno con un único punto en el orden del día: los “nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional”. De hecho, en tres meses de negociaciones frustradas los conservadores ni siquiera han puesto nombres de candidatos encima de la mesa, mientras cuestionan al magistrado elegido por los progresistas, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.

Esta petición llegó tras hacerse público que los partidos que sustentan al Gobierno promueven un cambio legal —adelantado por elDiario.es— para modificar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. Cuando entre en vigor, lo que se espera para antes de final de año, bastará con mayoría simple.

Con esta reforma, el Ejecutivo pretende desactivar la estrategia del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP que ha impuesto hasta ahora su minoría de bloqueo para obstaculizar estos nombramientos. Este boicot está prolongando la mayoría conservadora en el órgano que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia.

Con esta petición, los conservadores pretendían forzar la celebración de un pleno antes de que entrara en vigor la reforma impulsada por el Ejecutivo. No obstante, la celebración de esta sesión extraordinaria no implicaba que salieran adelante los nombramientos, pues ambos bloques mantienen por el momento posiciones encontradas sobre estas designaciones que, según la ley actual, deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros del pleno. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas.

Fuentes de ambos sectores reconocían en los últimos días que no había “ninguna garantía” de que algún candidato pudiera reunir el respaldo de la mayoría cualificada que exige la ley actual. Pero el argumento de los conservadores para forzar esa sesión extraordinaria es que la reforma “violenta” el precepto constitucional que dice que el CGPJ tiene que elegir a dos candidatos al prever que cada vocal sólo pueda elegir a un aspirante. Y que su objetivo con este pleno es “poner de manifiesto” quiénes son sus dos candidatos. Unos nombres que, por el momento, siguen sin desvelar. 

El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato. Los conservadores consideran que este sistema garantizará que los candidatos de preferencia de cada bloque resulten elegidos. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar al Constitucional a José Manuel Bandrés, al que consideran “el candidato del Gobierno”. 

Fuentes del grupo progresista respaldan la decisión de Mozo, que fue elegido en su día vocal del órgano a propuesta del PSOE. El pasado octubre fue nombrado presidente suplente tras la dimisión de Carlos Lesmes al ser el vocal de mayor edad. La votación salió adelante con una amplia mayoría: 16 de votos a favor y solo uno en contra, el del vocal conservador Wenceslao Olea. La vocal progresista Mar Cabrejas se ausentó durante el debate y la votación de este punto.

Miembros del grupo minoritario defienden que Mozo debería convocar el pleno cuando se modifique la ley, pues consideran que “no elimina el objeto del asunto” y, además, da unas pautas sobre el procedimiento a seguir en estas votaciones que hasta ahora no estaba plasmado en ningún texto legal. “Sería lo más leal desde el punto de vista institucional”, consideran estas mismas fuentes, que recuerdan que el propio Lesmes aparcaba los nombramientos discrecionales de altos cargos cuando había conversaciones entre los partidos para renovar el CGPJ.