Un informe de la Guardia Civil certifica que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del que era alcalde Pedro Antonio Sánchez, pagó más de dos millones de euros por materiales que no se encuentran en el auditorio de la localidad. El presidente Murciano está imputado por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos, y una jueza ha abierto una pieza separada para investigar el destino del presupuesto para la obra.
En el marco de esa investigación, según publican Infolibre y la Cadena Ser, agentes de la Guardia Civil entraron en el edificio del auditorio en septiembre de 2015. Les acompañaban representantes de la empresa Ecisa, la concesionaria junto con el arquitecto Martín Lejárraga, de las obras del complejo cultural.
Durante esa visita, los agentes comprobaron que muchos de los materiales por los que se había pagado no estaban en el edificio. Algunos, como el telón cortafuegos o tres grupos electrógenos, superan los 50.000 euros. Así, una larga lista de conceptos ya abonados que no estaban por ningún sitio y que suman más de dos millones de euros.
Entre los materiales que faltaban, chimeneas modulares, extractores, extintorees, centralitas de calderas, cuadros de luces, termos, moquetas, puertas y alfombras. También faltaban materiales del exterior. La Guardia Civil constató en un informe que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había pagado por una obra que no estaba terminada.
Es este hecho el que se investiga en la pieza principal del caso. La Fiscalía cree que Pedro Antonio Sánchez incurrió en malversación de fondos públicos al recepcionar una obra a la que le faltaba el 38% para estar completa, y que necesitaba de una inversión extra.
Pero de este caso se desprendió una pieza separada. El Ayuntamiento pagó las obras con cargo al plan de proveedores, y no echando mano de la subvención que el Gobierno regional le había dado para construir el complejo cultural de 10.000 metros cuadrados. Una jueza de Lorca investiga qué pasó con los fondos.
“Los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos”, escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.