El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó una nueva versión de la ley que regula los vientres de alquiler para las mujeres estériles, después de haber vetado la norma original por dudas legales.
En una nota divulgada en la página web de Presidencia, Rebelo de Sousa explicó que la nueva ley “traduce de forma significativa la reflexión del legislador” y que tiene en cuenta “partes determinantes” de los argumentos que sustentaron su veto.
El jefe del Estado luso decidió vetar el proyecto anterior para pedir al Parlamento que incluyese las recomendaciones del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y acabase con ciertos “vacíos legales” para salvaguardar los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante.
Entre ellos, destacaban los términos de la revocación del consentimiento de la gestante, la previsión de disposiciones en caso de que ocurran malformaciones o que se interrumpa el embarazo y la no imposición de restricciones de comportamiento a la gestante.
El autor de la norma, el marxista Bloque de Izquierda (BE), presentó entonces un nuevo proyecto con seis alteraciones para responder a las dudas mostradas por el presidente, que fue aprobado en el Parlamento el pasado 20 de julio.
La ley regula el uso de los vientres de alquiler por parte de mujeres sin útero o con algún problema que les impida quedarse embarazadas y establece que no podía existir ningún tipo de remuneración por esta práctica.
La Constitución portuguesa otorga al jefe del Estado la capacidad de “veto absoluto” a las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y “veto relativo” a las normas avaladas por el Parlamento.
En este caso, el Parlamento puede volver a aprobar la misma ley sin realizar cambios y el presidente estaría obligado a promulgarla en ocho días, a menos que decida enviarla al Tribunal Constitucional.
En España, la gestación subrogada es una práctica prohibida. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid presentó en marzo una Proposición No de Ley para reclamar al Gobierno una ley que la regule, que fue apoyada por Cristina Cifuentes. La condición de la propuesta era también que no existiese transacción económica.