En España los debates televisados dependen de la voluntad de los líderes políticos. El que suele tener el as en la manga es el presidente de Gobierno de turno, porque con su presencia consagra o no estos eventos en los que se miden los contrincantes y las altas audiencias. En el caso de Pedro Sánchez decidió no acudir a la televisión pública, que proponía un debate sin Vox por las limitaciones de la Junta Electoral Central (JEC), y participar en el de Atresmedia, que sí incluía a Santiago Abascal. Una semana antes de la celebración, la JEC ha instado a que no se celebre en esos términos. Atresmedia ha propuesto modificar el formato sacando a Abascal de la ecuación para cumplir la instrucción.
Esta decisión pone en jaque mate la única oportunidad de ver frente a frente a los representantes de los cincos partidos que se presentan en todas las circunscripciones y que tienen una expectativa de voto por encima del 10% según los sondeos. La doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Complutense de Madrid Paloma Román señala una contradicción que tiene que ver con la cultura política española, pero también con su legislación: “En España no hay regulación en torno a los debates, pero existe muchísima regulación internamente”. “Cuando van a un debate, los partidos tienen pactado entre ellos los tiempos de sus candidatos, cuándo van a respirar y de qué color van a llevar la corbata. Existe una regulación milimétrica de los partidos desde el punto de vista del marketing, pero en la esfera legal, en cuanto a cómo ordenar un debate en unas elecciones, no lo tenemos. Dependemos de la decisión personal de unos y otros”, explica.
Qué dicen los programas electorales
Cada celebración electoral, el debate y el formato se convierte en una negociación arrojadiza entre partidos: a dos, a cuatro, a cinco, en la pública, en una privada o en otra. A la vez, algunos creen que hay que regularlo. El propio PSOE lo proponía en su programa electoral en 2015 y 2016, cuando planteaba “regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo de reconocido prestigio”. Al tiempo que Sánchez ha decidido ir a la privada a debatir para poder tener un debate con Vox, y recibiendo críticas de partidos como Podemos y de trabajadores de RTVE, la portavoz socialista admitió el pasado viernes que hay “bastante reflexión pendiente” sobre los debates. En esta ocasión, las propuestas electorales socialistas no incluyen nada al respecto de los debates.
Podemos sí lo quiere regular, como recoge su programa electoral para el 28A: se establecerá “la garantía de al menos dos debates entre los o las candidatas a la presidencia del Gobierno, de los que al menos uno se celebrará en la televisión pública”. También Ciudadanos es partidario de que se celebren, aunque no establece más detalle: “Daremos carácter obligatorio a la celebración de los debates electorales”. El Partido Popular no incluye ninguna referencia a una posible regulación, pese a que su líder ha criticado que Sánchez no quiera un cara a cara con él en TVE.
En países del entorno la situación es parecida a la española, los debates televisados son fundamentales, los estrategas políticos los miden y preparan mucho y pelean para que los formatos que les sean favorables, pero no suelen estar regulados por ley, de modo que cada cita está sujeta a la voluntad de los líderes, las televisiones y a la negociación. Es el caso de Francia, donde son acontecimientos nacionales retransmitidos en cadenas públicas y privadas, pero son los equipos de campaña los que se ponen de acuerdo.
En Reino Unido los organizan las cadenas de televisión, habitualmente con un acuerdo entre ellas, y luego negocian con los partidos, pero sin estar sujetos a una normativa concreta. En las últimas elecciones de 2015 hubo un debate con todos los líderes en ITV (eran siete candidatos) y luego otro en BBC, al que Cameron no fue. En Bélgica tampoco se regulan y son las cadenas las que preparan estas citas. En Italia los debates no son obligatorios, pero los regula la ley Par Condicio (iguales condiciones) y los vigila Agcom, tanto los debates como la campaña electoral.
Uno de los países con mayor regulación es Estados Unidos. Los debates presidenciales los organiza una fundación privada que establece las reglas, elige el lugar del debate (a menudo una universidad) y la cadena de televisión anfitriona para cada uno. El estándar es que se celebren tres debates entre los candidatos a presidente y uno entre los candidatos a vicepresidente. El criterio para invitar a los candidatos es que se presenten en todo el país y que tengan al menos un 15% de intención de voto en la media de cinco encuestas nacionales recientes. Esto supone que habitualmente debaten solo dos: el candidato demócrata y el republicano.
Miembros de la Junta Electoral Central son conscientes de que la decisión va a tener repercusión, pero alegan que “Vox no puede salir privilegiado frente a partidos que sí tienen representación en el estado” y que se queda fuera al no tener el 5% de representación en el territorio nacional, aunque las preelectorales le sitúan muy por encima después del 28A.
La del CIS, por ejemplo, le otorga un 11,9% de los votos y entre 29 y 37 escaños. “Lo único que tenemos es la regulación que plantea la distribución de tiempos que se consolida una vez se adquiere representación”, indica Román, por lo que “cuando tú consigues entrar es cuando consigues financiación, tener representación en espacios públicos, en debates...”. “El problema de la legislación española, a posteriori, es que te puede pasar como a UPyD en 2015, que ya no era nada y tenía un espacio”, ejemplifica.
*Con información de Irene Castro, Iñigo Adúriz, Aitor Rivero, Carmen Moraga y Andrés GilIrene CastroIñigo AdúrizAitor RiveroCarmen MoragaAndrés Gil