El caso Máster ha perdido a su principal imputado con la muerte del catedrático Enrique Álvarez Conde, el “urdidor” del sistema que permitió el título fraudulento de Cristina Cifuentes. Aunque este fallecimiento no paraliza la causa judicial, sí afectará de dos formas al procedimiento: decae su imputación y no se escuchará su su versión de lo ocurrido porque se negó a declarar durante la fase de instrucción.
Por un lado, se sobresee la acusación contra el docente universitario porque la defunción extingue su responsabilidad penal. La Fiscalía le pedía tres años y nueve meses de prisión como autor de un delito de falsedad en documento oficial. Junto a él, también estaba imputada la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que el Ministerio Público solicitaba seis meses menos de pena que al director del instituto que organizaba su posgrado.
Por otro lado, no se escuchará la declaración de Álvarez Conde en sede judicial porque nunca aportó su testimonio ni contestó a las preguntas de la magistrada que investigaba este asunto, Carmen Rodríguez-Medel. El catedrático se limitó a leer en junio del año pasado un escrito acusando a la magistrada de dirigir “una investigación prospectiva improcedente”. Recientemente, hace mes y medio, en la comisión de investigación que se celebró en la Asamblea de Madrid por los máster fraudulentos de la URJC, mantuvo esa misma postura aunque en el texto que leyó fue un poco más allá. Llegó a reconocer que sufrió presiones del Gobierno regional y del rectorado del campus madrileño.
“Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta”
“Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de la universidad y de la Comunidad de Madrid”, aseguró ante los diputados autonómicos, a los que también planteó que fue “el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores”. “Parece que cometí el error de estar situado en el lugar y en el momento más inoportuno, siendo el objeto de encarnecidas luchas políticas”, añadió en el parlamento regional.
Sin embargo, la magistrada que investigó esta causa no llegó a la misma conclusión que el catedrático. La jueza Carmen Rodríguez-Medel apuntó en su instrucción directamente al docente universitario como el “urdidor” de un “plan preconcebido”, que llega a calificar como “sistema de prebendas”, centrado “en regalar títulos académicos”.
Según planteó en las conclusiones que envió al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Pablo Casado, Álvarez Conde necesitaba cada curso escolar nuevas matrículas. Sin embargo, los beneficiados de esas “prebendas” no eran estudiantes ordinarios sino escogidos, y la magistrada destaca que con este proceso conseguía crear “un clima favorable” entre relaciones políticas y profesionales. Su lucro no terminaba ahí, también aumentaba “el prestigio de su instituto” con la presencia de alumnos como el propio Casado o Cristina Cifuentes. El departamento que amparaba estas actuaciones era el Instituto de Derecho Público de la URJC, una empresa que funcionaba de manera opaca.
Finalmente, tras la decisión del Supremo de rechazar la investigación al líder del PP, Rodríguez-Medel archivó la investigación principal del caso pero sí mantuvo la causa contra la falsificación del acta de defensa del trabajo fin de máster (TFM). En ella no solo se mantenía la imputación contra Álvarez Conde y Cifuentes, también contra María Teresa Feito, amiga personal de Cifuentes y asesora de su Gobierno, así como Cecilia Rosado, docente de la URJC y una de las “discípulas” –como él mismo las denominaba– del catedrático.
La Fiscalía acusaba a Álvarez Conde de llamar el 21 de marzo, el mismo día que eldiario.es publicó que la expresidenta regional había obtenido un máster fraudulento, a Rosado “dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase” que la política “había defendido” el TFM. El Ministerio Público también recoge que la profesora “dada la fuerte jerarquía existente entre ella y el catedrático y ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo” acató las indicaciones recibidas. La profesora elaboró ese documento incluyendo su firma y falsificando la rúbrica de dos de sus compañeras para simular un tribunal que nunca se reunió para escuchar a la expresidenta.
Tras el fallecimiento de Álvarez Conde decaerá la imputación del director del instituto pero la causa continúa. La Fiscalía considera que Rosado es coautora del delito de falsedad en documento oficial y solicita una pena de un año y nueve meses de prisión, y que Feito y Cifuentes son autoras por inducción, para ambas pide tres años y tres meses de cárcel.