El profesor que ordenó cambiar la nota de Cristina Cifuentes en una de las asignaturas que figuraban en su expediente inicialmente como “no presentado” ha ocupado varios puestos para administraciones gobernadas por el PP, entre ellas los ayuntamientos madrileños de Móstoles y Pozuelo, y también para el Ministerio de Hacienda que pilota Cristóbal Montoro.
Pablo Chico de la Cámara fue profesor de Cifuentes cuando ocupaba un puesto dependiente del Ayuntamiento de Móstoles, institución a la que llegó en tiempos de Esteban Parro en la alcaldía, pero a propuesta del responsable de Hacienda de aquel momento, Daniel Ortiz, que era entonces el concejal del área.
Ortiz trabaja ahora a las órdenes de Chico de la Cámara en la Universidad Rey Juan Carlos. Ortiz fue alcalde hasta que en las elecciones de 2015 le arrebataron el poder. En 2016 dimitió como diputado de Cifuentes por su imputación en la trama Púnica.
El 14 de julio de 2005 el pleno del consistorio designó a Chico de la Cámara presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, un organismo que se encarga de resolver “las reclamaciones económico-administrativas sobre actos tributarios y demás ingresos de derecho público” correspondientes al Ayuntamiento y las entidades locales. Ese organismo está adscrito a la concejalía que entonces dirigía Ortiz.
El nombramiento fue apoyado por los concejales del PP mientras que los de la oposición (PSOE e IU) se abstuvieron. El razonamiento del equipo de gobierno era buscar para el tribunal “juristas con reconocida competencia técnica y prestigio en el ejercicio de su profesión, valorándose en este punto su experiencia especialmente en la materia tributaria y la docencia universitaria en este área de conocimiento”. Además, pretendían “ampliar los estrechos vínculos de colaboración que ya existen” entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Móstoles, donde se ubica uno de los campus de la universidad pública.
El desempeño de sus funciones se acordó “a tiempo parcial” con una remuneración equiparable a la de un concejal sin dedicación exclusiva. En ese momento, Chico de la Cámara era profesor titular en el área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, según figura en la memoria de ese organismo correspondiente al año 2005.
Siete años después de ese nombramiento, Chico de la Cámara presentó su renuncia al cargo aduciendo incompatibilidad con su actividad en la universidad. Entre medias, en 2009, Chico de la Cámara logró una plaza como catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. El año en el que presentó su renuncia (2012) fue en el que impartió clases en el máster de la Rey Juan Carlos en la que se matriculó Cifuentes.
El acta municipal recoge su dimisión ante “la imposibilidad para compatibilizar su actividad investigadora en la universidad con las funciones ordinarias como Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal”. Igualmente, se designa sucesor al que había sido vocal en ese organismo y se acuerda que “de acuerdo con las circunstancias de complejidad y carga de trabajo apreciadas” el presidente pasaría a ocupar el cargo con dedicación exclusiva.
Chico de la Cámara coincidió con el alcalde Daniel Ortiz unos meses mientras ocupaba el puesto en el tribunal administrativo. Ortiz, que antes de ser regidor había ocupado puestos en varias concejalías, fue desbancado del poder por un cambio de siglas en el municipio en 2015 y en 2016 dimitió como diputado del PP de Cifuentes por su imputación en la trama Púnica. El exalcalde y exparlamentario trabaja desde septiembre de 2017 como profesor en el departamento que dirige Chico de la Cámara.
Seis meses después de abandonar su puesto en la corporación municipal de Móstoles, el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro le nombró vocal en el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Ese organismo vela “por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen”, según recoge la web del ministerio.
Unidos Podemos ha preguntado al Gobierno a través del Senado “cuáles fueron los méritos aportados por el señor Pablo Chico de la Cámara para su nombramiento como vocal del Consejo de Defensa del Contribuyente” y “cuál es la retribución dineraria, las dietas y gastos de desplazamiento que ha recibido”.
Cinco años después de su renuncia en Móstoles, el PP de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde gobierna con mayoría absoluta desde 1983, le colocó en el mismo puesto. La oposición se abstuvo en la votación y la concejala del PSOE reprochó que “el procedimiento para su nombramiento” fue una “decisión unilateral y, aparentemente, sin comparación con otros candidatos”, según el acta de ese 21 de septiembre. “No nos parece el procedimiento más adecuado y aunque sea el que se utiliza en este tipo de casos creemos que quizá se podría modificar para que hubiera más concurrencia de candidatos”, señalaba.
La respuesta de la concejala de Hacienda, Isabel Pita, fue: “No vamos a incluir en el procedimiento de cobertura de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento una entrevista con la oposición. Esto es lo nunca visto ni en España ni en Europa. Olvídese”.
Pablo Chico de la Cámara fue el profesor que indicó a la funcionaria Amalia Calonge que cambiara la nota de Cifuentes de un “no presentado” a un “notable” dos años después de que supuestamente la ahora presidenta madrileña se presentara al examen.
En las explicaciones que Chico de la Cámara dio junto al rector de la Universidad Rey Juan Carlos después de que eldiario.es revelara las modificaciones en las actas correspondientes a Cifuentes, aseguró que en aquel momento “no era tan famosa” y que no la reconoció, pese a que era Delegada del Gobierno. El rector ofreció una versión contradictoria a la de la presidenta madrileña al asegurar que hubo un error de transcripción en sus notas, mientras que Cifuentes había reconocido que no se presentó a “2 ó 3 asignaturas” en 2012 y que las sacó adelante en 2014. Después de esa contradicción, la universidad anunció una investigación para “esclarecer” los “posibles errores o irregularidades”.