Los fiscales progresistas responden a los cargos independentistas imputados que la justicia española es “hipergarantista”
La Unión Progresista de Fiscales ha querido responder al “durísimo cuestionamiento” que algunos de los exconsellers del Govern o miembros del Parlament imputados o encarcelados han realizado de la independencia de la Justicia y la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de dictar órdenes prisión incondicional para varios de ellos. En un comunicado difundido este viernes, los fiscales progresistas defienden la libertad de los acusados para criticar a la justicia, pero recuerdan que no se puede “insinuar, en ningún caso, que en nuestro país las garantías y derechos de las personas sometidas a un proceso penal no son equiparables a las de cualquier nación de nuestro entorno”.
La UPF trasladó la reunión de su secretariado este jueves a Barcelona “para acompañar y poner de relieve nuestro apoyo a todos los compañeros de las Fiscalías catalanas, quiere dejar constancia y trasladar a nuestros asociados, a todos los fiscales y a la opinión pública su compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida”.
La nota pública de la UPF tras la reunión subraya que aunque “es legítimo que haya ciudadanos que lamenten que la respuesta judicial no se atempere a la conveniencia u oportunidad política para resolver la delicada situación que todos vivimos [...] ello ni quiere ni puede significar que nuestro sistema procesal, la división de poderes y las garantías del Estado de Derecho asentadas en nuestro sistema democrático no sean iguales para todos los ciudadanos a través del imperio de la ley”.
La asociación de fiscales progresistas defiende que en el sistema judicial español, las solicitudes de la fiscalía y las decisiones de los magistrados “están sometidas, además de a un sistema hipergarantista en la instrucción y el enjuiciamiento de los investigados, al control y crítica de la opinión pública sin ningún tipo de cortapisa y con total transparencia”. Es una cosa, dice la UPF, “y otra muy distinta cuestionar el sistema y la integridad e imparcialidad de quienes tienen la difícil labor profesional de asumir con responsabilidad la respuesta penal a los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos”.
