Pablo Casado ha venido anunciando su posición antiabortista durante todos sus años en política. En 2015, en una entrevista en La Sexta, dijo que “el aborto no es un derecho”. Y a esas palabras se remitía durante la campaña interna del PP para posicionarse. En una entrevista en El País los días previos a la primera vuelta de las primarias también declaraba que apostaba por “volver al consenso social de los 80 y 90 del PSOE y del PP que Zapatero rompió con fines electorales”.
Con esos planteamientos se ganó el apoyo de los ultracatólicos HazteOir a su candidatura, cuyo presidente le felicitó tras proclamarse vencedor del congreso popular. Casado insistió en su discurso con que el suyo es el partido “de la vida y de la familia”: “No hay nada más progresista que defender la vida, ni nada más necesario que defender la natalidad. (...) Eso no es derechas ni de izquierdas, es la base social de cualquier país”.
Lo que ha expresado Casado implica que pretende modificar la ley de Zapatero, de plazos, para volver a la del 85, de supuestos. Un cambio que Rajoy no llegó a materializar. “El aborto no es un derecho. No puede ser barra libre y un coladero como con esta ley”, ha llegado a expresar para justificarlo.
Volver a la ley del 85 supondría regresar a la primera despenalización del aborto en España, que se mantuvo hasta el año 2010. Contemplaba tres supuestos bajo los que era posible interrumpir el embarazo: en cualquier momento de la gestación si suponía “un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer; en las 12 primeras semanas si el feto era fruto de una violación; y dentro de las 22 semanas si iba a nacer con “graves taras físicas o psíquicas”.
Al primero, alegando la salud psíquica, era al que solían acogerse las mujeres con un embarazo no deseado que no querían continuar por diversos motivos personales. Aun así, exigía un informe médico de la especialidad correspondiente y de un profesional distinto al que practicase el aborto, solo bajo la excepción de que el riesgo para la madre fuese inminente y de vida o muerte.
El supuesto de peligro para el feto también requería de un informe de dos médicos, ya fuera de un centro médico o privado; el de violación, de la denuncia previa. Además, si se demostraba que se había abortado sin contemplar alguno de estos supuestos, la ley contemplaba de seis meses a un año de cárcel (o multa de 6 a 24 meses) para la mujer. Aunque Casado hable del “consenso” de los 80, Coalición Popular, la marca electoral bajo la que estaba entonces Alianza Popular, también recurrió la ley. El Tribunal Constitucional respaldó con una sentencia la norma.
Tampoco existió acuerdo total en 1995. El Gobierno de Felipe González presentó en julio de ese año un anteproyecto de ley para añadir un cuarto supuesto: que el embarazo supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer. El Congreso aprobó esa modificación por mayoría absoluta, pero el adelanto de las elecciones del 96 impidió que pasase por el Senado. Luego, PP y CiU bloquearon en la Mesa que se celebrase un debate parlamentario extraordinario.
La propuesta que acabó con Gallardón
Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar se continuó con la Ley del 85. En marzo de 2010, ya durante la segunda legislatura de Zapatero, se promulgó la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la que Casado rechaza. Contempla la despenalización total del aborto en las 14 primeras semanas, sin tener que alegar motivos, y de manera libre, informada y por la Seguridad Social. Se amplía a la semana 22 en casos de “graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto”. El Partido Popular, desde la oposición y con Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, presentó también un recurso en 2010 contra aquella norma, también desestimado.
Rajoy no llegó a tocarla tanto como pretendía durante su mandato, pero sí lo intentó. Encargó en 2012 una nueva ley del aborto a su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El borrador del que fuera alcalde de Madrid e hijo de uno de los impulsores del primer recurso del 83, que hasta entonces había podido mantener un perfil moderado, también buscaba volver a algo parecido a la ley de Felipe González. Pero, incluso, la endurecía: el punto más polémico es que la limitaba a dos supuestos, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y violación. Eliminaba el caso de malformación del feto.
Aquello resultó uno de los mayores fracasos de la primera legislatura de Rajoy. Las encuestas, que señalaban una mayoría en contra (según Metroscopia, el 60% de la población apoyaba la normativa actual), y la movilización feminista por el derecho a decidir (protagonizada por el 'Tren de la libertad' que llegó a Madrid) terminó por tumbar la ley y al propio Gallardón, que pidió su cese del Ejecutivo en el verano de 2014.
Casado alude estos días a su vivencia personal como motivo para defender activamente este retroceso. “Yo he experimentado las ganas de vivir de un bebe desde las 22 semanas, que es la franja en la que es posible abortar en España”, decía sobre el nacimiento de su hijo Pablo, prematuro. Algunas feministas ya han manifestado en redes sus intenciones de “hacerle frente” y de volver a salir a la calle como en 2014 si es preciso.
Gran parte de la lucha feminista todavía tiene una reivindicación respecto a la actual ley: flexibilizar la obligación del permiso paterno o de tutores legales para las menores de 16 y 17 años, una modificación que sí logró el Ejecutivo de Rajoy en 2015. A nivel internacional, la tendencia es la contraria a la que quiere seguir el nuevo presidente del PP: en Irlanda se acaba de aprobar en referéndum la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y Argentina superó también en los mismos términos este junio la primera votación en el Congreso, decisión que debe culminar en el Senado.