La fiscal propuesta por el Gobierno para convertirse en la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este miércoles en el Congreso que “en la España del siglo XXI no se persigue a nadie por sus ideas sino por sus actos”. “No podemos hablar de presos políticos”, ha dicho en referencia a los encarcelados por la causa del 1-O y al “desafío independentista”.
En su presentación en la Cámara Baja, Segarra ha remarcado el “compromiso” de la Fiscalía con el Estado de Derecho y la “legalidad establecida”. También ha dicho, en referencia a los independentistas, que “las garantías procesales amparan a toda la ciudadanía”.
En referencia a sus compañeros destinados en Catalunya, María José Segarra ha querido enviar un mensaje de “apoyo inequívoco”. “La ley nos vincula a todos. Sin ley, no hay democracia”, ha remarcado.
Desde las filas independentistas se ha reprochado esta intervención a Segarra. La diputada del PdeCat Lourdes Ciuró ha lamentado que la próxima fiscal general se refiera al “desafío independentista”, como utilizan “algunos periodistas”, mientras que Carolina Telechea, de ERC, le ha pedido que impulse la libertad de los “presos políticos” y que se aleje de las tesis de sus antecesores.
De otro lado, la fiscal Segarra ha anunciado que impulsará “un enfoque de género” en todas las actuaciones del Ministerio Público, así como un plan de igualdad en el seno de la Fiscalía para “tratar de superar el actual desequilibrio entre hombres y mujeres”. Para ello, es necesario fomentar la conciliación para los cuidados. Sin ello, no será efectiva esa pretendida igualdad, ha añadido.
La próxima fiscal general ha anunciado que va a “promover la derogación” de los plazos de instrucción, una demanda de todas las asociaciones de jueces y fiscales contra la reforma impuesta por el Partido Popular con su mayoría absoluta. La intención era evitar que la instrucción de las causas se eternizara, pero los profesionales vienen denunciando que fomenta la impunidad.
En cuanto a la persecución de los delitos de odio, la fiscal Segarra ha apostado por la “proporcionalidad” entre la libertad de expresión y la “incitación al odio” que recoge el Código Penal.
Segarra ha asegurado que al fiscal general del Estado “no se le pueden dar órdenes de ningún tipo”. Segarra ha trasladado su “profundo agradecimiento al Gobierno” para desempeñar el cargo, pero a continuación ha advertido que lo hará “con absoluta independencia y la más radical imparcialidad”. Del Ministerio de Justicia, ha añadido, la Fiscalía solo tiene una “dependencia material”.