El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP), ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el abogado de la formación, Alberto Durán, declare como testigo por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas utilizó en la sede de la calle Génova de Madrid.
En un escrito registrado este miércoles, el abogado de los socialistas, Virgilio Latorre, solicita al juez instructor que pida al PP “la filiación de la persona responsable de ordenar la destrucción y borrado de los discos duros” de las computadoras Apple y Toshiba que Bárcenas utilizaba y en la que, según el extesorero, se encontraba la supuesta contabilidad B del partido.
También reclama que el PP informe de la identidad del técnico o técnicos que procedieron a la destrucción y borrado de los discos duros para que, una vez que se tenga constancia de su filiación, sean citados a declarar en calidad de testigos.
De igual modo, los socialistas quieren que el PP informe “si los ordenadores de la sede de Génova están contectados entre sí por intranet a un servidor principal y en tal caso aporten la copia del mismo en relación a los docuemtnos o correo generados por Luis Bárcenas”.
Además, solicitan a la formación presidida por Mariano Rajoy que detalle si, a tenor de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, realizó copias de seguridad para que sean aportadas al juzgado y si ha establecido “algún procedimiento para la recuperación de datos que garantice en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción”.
Préstamo al PP de Pontevedra
En otra batería de diligencias los socialistas solicitan que el PP informe si le fue embargada de sus cuentas la cantidad de 160.000 euros por una deuda de la formación en Pontevedra que aparecía reflejada en la supuesta contabilidad B que Bárcenas aportó al juez instructor el pasado 15 de julio.
En el caso de que así sea, los socialistas quieren saber “el número de cuenta concreta en la que se produjo el embargo y la entidad bancaria a la que pertenece la misma” y si la cantidad embargada fue “respuesta o devuelta” por el PP de Pontevedra o el de Galicia. Finalmente, reclaman la filiación completa y el domicilio de los gerentes en estas estructuras para que declaren como testigos.