El PSOE solo acepta registrar la amnistía en el Congreso antes de la investidura y que se tramite cuando haya Gobierno

El PSOE y Junts se enfrentarán en las próximas semanas a una situación política parecida: explicarles a sus respectivos electorados y a la opinión pública en general que se disponen a hacer exactamente lo contrario a lo que dijeron. Los socialistas renegaron explícitamente de una ley de amnistía que ahora no solo asumen sino que negocian a contrarreloj de cara a la investidura de Pedro Sánchez. A quien los de Carles Puigdemont prometieron que jamás harían presidente con sus votos.

Después de más de dos meses de conversaciones discretas a la sombra de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, en Ferraz y en Waterloo se conjuran para afrontar la hora de la verdad: cerrar esa ley de amnistía que, según todas las fuentes consultadas al corriente de la negociación, está avanzada pero no cerrada, para, a continuación, salir a explicarla.

Ni los socialistas ni los independentistas catalanes menosprecian esa etapa de la comunicación del acuerdo, que supone costes y riesgos para las dos partes por la renuncia a los planteamientos que tanto el PSOE como Junts habían sostenido hasta la fecha. Y, antes de dar ese paso, los protagonistas de la negociación exigen garantías de cumplimiento a la contraparte.

Con el horizonte de una repetición electoral en caso de falta de acuerdo, ni los de Sánchez ni los de Puigdemont quieren dar pasos en falso que lastren sus expectativas si finalmente tuvieran que volver a ponerse las urnas. Y en esa exigencia de garantías se mueven los negociadores en busca de salidas asumibles para todas las partes.

Cuando Junts aceptó sentarse a negociar para explorar las vías de un acuerdo, sobre la mesa puso exigencias como la del “pago por adelantado” (que se llevó a efecto con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso tras el pacto para la votación de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja) o incluso la introducción de un relator, una antigua exigencia del independentismo.

Algunas de esas demandas, sin embargo, han ido matizándose o directamente decayendo en el transcurso de las negociaciones. Según fuentes socialistas de esas mismas conversaciones, está descartado a estas alturas que ese “pago por adelantado” se lleve a cabo en el caso de la ley de amnistía. Carles Puigdemont llegó a plantearle al PSOE la demanda de que esa legislación no estuviese solo tramitada sino incluso aprobada en el Congreso como condición previa al voto a favor de sus siete diputados en la investidura de Pedro Sánchez. Pero los socialistas se muestran inflexibles en este punto.

Aunque las conversaciones siguen al más alto nivel y también los trabajos de los equipos técnicos designados por ambas partes, la postura del PSOE es que la futura ley de amnistía sea registrada en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados con la firma, al menos, de los grupos parlamentarios del PSOE y de Sumar. Y nada más, con la tramitación parlamentaria pospuesta, por tanto, al primer tramo de la legislatura ya con Sánchez como presidente.

Discreción en la etapa decisiva

Junts ha reiterado prácticamente desde el primer día que su exigencia de “pago por adelantado” implica que la proposición de ley sobre la amnistía esté aprobada en el Congreso antes de prestar sus votos. Ahora bien, en vista de las dificultades de calendario para llegar hasta esa fase, sumada al rechazo del PSOE a aprobar una ley así por lectura única, algunas voces en Junts sí aceptaron quedarse en alguna fase avanzada del trámite, pero nunca en el mero registro de la proposición.

“Nosotros no hemos cambiado, decimos lo mismo desde el primer día”, afirman fuentes de Junts, que añaden que el PSOE conoce a la perfección cuáles son sus demandas. “No haremos comentarios”, resumen desde la formación sobre las intenciones del PSOE.

Otra de las fórmulas con las que había especulado Junts para garantizar el “pago” de sus votos era que, si la ley de amnistía no estaba aprobada, las conversaciones se hicieran en presencia de un mediador internacional, que pudiera dar cuenta del incumplimiento en caso de producirse. 

Pero en el PSOE tampoco están de acuerdo con una figura como la que propone Junts y se decantan en cambio por una fórmula más parecida a la comisión para examinar el cumplimiento del pacto como la que ya formaron en su día con ERC. Una opción que, al menos al inicio de las conversaciones, tampoco era del gusto del partido de Puigdemont.