Pedro Sánchez se ha comprometido a impulsar “cuantas medidas sean precisas” para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Moncloa ya tiene una parte de los deberes decididos: impulsará una proposición de ley que recoja el contenido de las dos enmiendas que el tribunal de garantías ha suspendido y a través de las cuales la coalición aspiraba a forzar su renovación. Fuentes parlamentarias apuntan a que el PSOE quiere presentar esa iniciativa con la mayoría que normalmente apoya al Gobierno.
La intención de los socialistas es registrar esa propuesta en los próximos días y que se debata en el Parlamento con urgencia –incluso habilitando el mes de enero en las Cortes– para que la renovación del Constitucional esté lista cuanto antes, según han informado esas fuentes. Para ello, ha iniciado los contactos con los grupos que habitualmente apoyan a la coalición que, por su parte, ya apremiaban al Ejecutivo a mover ficha.
Con esa jugada, el PSOE pretende sortear el varapalo del Constitucional, que en otras ocasiones ha censurado la inclusión de reformas legislativas de calado en tramitaciones parlamentarias de otras iniciativas que nada tenían que ver. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de la reforma exprés del Código Penal en la que PSOE y Unidas Podemos introdujeron vía enmiendas responsabilidades penales para los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación del tribunal de garantías y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal. La pretensión es que, una vez con esa norma en vigor, el órgano de gobierno de los jueces desbloquee el Constitucional.
Esas mismas fuentes consideran que lograrán recabar los apoyos suficientes –como ya hicieron en la votación del Congreso– dado que hay una mayoría que quiere renovar el Constitucional. Así, en Moncloa consideran que ha habido un cierre de filas con el Gobierno tras el varapalo del tribunal de garantías, que ha ordenado paralizar la tramitación de esas enmiendas a instancias de un recurso de amparo presentado por el PP. La decisión del sector conservador, incluidos los dos magistrados cuyo mandato está caducado, ha sido acatada por el Senado, que tramitará exclusivamente las reformas penales relativas a la sedición y la malversación con el objetivo de que quede aprobadas este jueves.
La proposición de ley es el camino para renovar el Constitucional ante la negativa del sector conservador del CGPJ a plantear los dos nombres que le corresponden y el consiguiente retraso en la verificación del exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa, como nuevos magistrados a propuesta del Ejecutivo.
No obstante, queda pendiente cómo salir del bloqueo del Poder Judicial, que lleva cuatro años en funciones por la negativa del PP a su renovación. En su discurso esta mañana, Sánchez ha apostado por la necesidad de impulsar medidas para actualizar los dos organismos.
Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Rodríguez, no ha querido responder a la pregunta concreta de si el Gobierno estaba pensando en recuperar el cambio de las mayorías requeridas para nombrar a los vocales del Poder Judicial, fuentes parlamentarias niegan que esa opción esté sobre la mesa. PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar esa propuesta en el Congreso en 2020, pero Sánchez la retiró para dar una oportunidad a la negociación con Pablo Casado y ante el cuestionamiento que hizo Bruselas.
“Vamos a trabajar para el estricto cumplimiento de la ley, el mandato constitucional y la voluntad popular”, se ha limitado a responder Rodríguez ante la insistente pregunta de los periodistas dado que el portavoz socialista, Patxi López, no había descartado retomar aquella iniciativa por la que siguen apostando en el grupo confederal.