El PSOE quiere que en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo los diputados puedan hablar en las diferentes lenguas cooficiales. Es uno de los puntos que negociaron los socialistas con Junts y ERC para hacer presidenta a Francina Armengol, que ahora debe materializarse con una reforma del reglamento en la que ya están trabajando y que confían en que esté aprobada para esa última semana de septiembre.
El Reglamento actual del Congreso no prohíbe de forma expresa la utilización de euskera, catalán o gallego en los plenos, pero en la práctica, su uso ha sido vetado por los distintos presidentes de la Cámara Baja cuando ha habido diputados que las han empleado desde el atril como lengua principal. Han permitido citas o frases breves en esos idiomas cooficiales, pero no toda una intervención. En la pasada legislatura, sin ir más lejos, grupos independistas forzaron su expulsión de la tribuna para reivindicar el uso de sus lenguas.
En la sesión de constitución de las Cortes, la nueva presidenta del Congreso anunció que permitiría desde ese momento el uso de las lenguas oficiales. “Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos estos idiomas en el congreso desde esta sesión constitutiva”, dijo. Sin embargo, desde entonces planeaban las dudas sobre cómo se articularía procedimentalmente esa prerrogativa.
La idea que baraja ahora el PSOE, según trasladan fuentes socialistas, es modificar el Reglamento para permitir expresamente el uso de las lenguas cooficiales en los debates e intervenciones de los diputados en la Cámara Baja, de manera que su uso quede regulado de manera incluso más amplia que como está ahora mismo en el Senado. Allí, las lenguas oficiales distintas al castellano se pueden utilizar en algunas intervenciones desde 2005. Su introducción ha sido paulatina y ha ido acompañada de sucesivas modificaciones.
Para hacer lo mismo en la Cámara Baja, el Pleno debe aprobar una proposición de ley orgánica que modifique las normas de funcionamiento actuales, por lo que el PSOE debe asegurarse una mayoría absoluta. La aritmética parlamentaria que dejaron las elecciones del 23 de julio obliga a los socialistas a conformar un bloque similar al que hizo a Armengol presidenta del Congreso el pasado 7 de agosto. Esto es, unir a los suyos los votos de Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, contando con que tanto el PP como Vox rechazan esta reforma. En principio, la reforma tiene esos 178 votos a favor asegurados.
El calendario parlamentario no deja mucho margen a los socialistas si quieren que el uso de las lenguas oficiales esté completamente regulado para el 26 de septiembre, día fijado para el debate de investidura de Feijóo y todo apunta a un Pleno la semana anterior, entre el 19 y el 21 de este mes, para debatir y aprobar las modificaciones. Algunas fuentes consideran que solucionar por la vía rápida a través de un procedimiento de urgencia mediante lectura única.
De cara a la consecución del debate, el Congreso tendría que hacer contrataciones puntuales para los traductores e intérpretes, que podrían posteriormente, con más tiempo, hacerse ya de manera permanente.
La idea, según fuentes socialistas, es una reforma que vaya más allá de lo que se permite actualmente en el Senado. En la Cámara Alta, la introducción en el debate parlamentario de las lenguas distintas al castellano se ha producido de forma escalonada. En 1994, una primera modificación autorizó el uso del catalán, el euskera o el gallego en la primera intervención del presidente en la sesión constitutiva, en las intervenciones en el debate sobre el estado de las autonomías y en los escritos de ciudadanos e instituciones dirigidos al Senado.
Más de una década después, en 2005, se aprobó permitir su empleo en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y se autorizó la publicación de textos en las tres lenguas cooficiales en la sección del Senado del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Desde 2011, cuando entró en vigor la última reforma, los senadores pueden utilizar todas las lenguas oficiales en la defensa de mociones ante el Pleno, así como registrar todo tipo de escritos en estos idiomas.