La polémica reforma para la convalidación de penas en el extranjero que podría beneficiar a presos de ETA no ha sido negociada expresamente entre el Gobierno y EH Bildu. Y no lo ha sido porque, en realidad, no ha hecho falta. Hace seis años, cuando la interlocución entre ambas formaciones dio paso a una colaboración parlamentaria para la investidura de Pedro Sánchez y para la estabilidad de su Ejecutivo, los independentistas vascos fueron claros: su prioridad política pasaba por acabar con las medidas de excepcionalidad hacia los reclusos condenados por terrorismo aplicadas durante los años de violencia. Y ese es el camino que se ha recorrido desde la pasada legislatura por el Gobierno con el final de la dispersión, primero, y ahora con la aplicación íntegra de la legislación europea sobre acumulación de penas.
La línea roja de aquellas conversaciones de hace seis años fue, según todas las fuentes consultadas, la del cumplimiento de las condenas sin rebajas de penas ni beneficios penitenciarios específicos. Mucho menos indultos o amnistías, algo que ni siquiera ha reclamado nunca EH Bildu. La demanda de la izquierda abertzale y del propio entorno del colectivo de presos tiene que ver exclusivamente con el cumplimiento de la legalidad penitenciaria ordinaria que es aplicable para el conjunto de reclusos. El PSOE se comprometió a ello y estableció un cumplimiento gradual de ese compromiso con los de Arnaldo Otegi.
La ya famosa enmienda que se ha tramitado en el Congreso desde el pasado mes de marzo y que se votó por unanimidad en Pleno el 18 de septiembre viene a zanjar otra de las excepciones que aún se aplican a día de hoy a los presos etarras. Según la normativa europea vigente desde 2008 y de obligado cumplimiento para los países miembros, los ciudadanos reclusos de la UE tienen derecho a que una condena anterior dictada en otro Estado miembro se tenga en cuenta para el cálculo del tiempo máximo en la cárcel previsto por la ley, fijado en treinta años en el caso de España.
Esa directiva europea fue enmendada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para que fuesen excluidos de ella algunos de los presos más sanguinarios de ETA que cumplieron en su día años de prisión en Francia. En concreto, se hizo mediante una disposición adicional única de la ley 7/2014 que dejaba fuera de su aplicación a las condenas anteriores al año 2010, justo antes del final de la violencia etarra. Lo que hace la enmienda impulsada por Sumar dentro de un proyecto de ley del Gobierno es eliminar esa excepción y que la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario sea extensible a cualquier preso, también a los terroristas de ETA.
La reforma no supone, por tanto, beneficio penitenciario alguno ni rebajas de penas para los terroristas condenados que, según explican las fuentes parlamentarias que han participado en los trabajos técnicos de la enmienda, pasarán en total 30 años en prisión, el máximo que permite la ley en nuestro país. Sí significa que a los reclusos de ETA les pueda resultar de aplicación a su condena exactamente el mismo marco normativo que al resto de presos.
Lo que defiende en privado el PSOE es que el fin definitivo de la violencia en 2011 abrió, tras décadas de terror, una nueva etapa de paz que se ha consolidado más de una década después y que da pie a que puedan decaer las medidas de excepción que se impulsaron en los años de plomo de ETA. Coinciden tanto en las filas socialistas como en EH Bildu que el fin de esas medidas contribuye también a la normalización política y social de Euskadi después de más de 40 años de violencia. En ese sentido, en marzo de 2023 se dio por culminada otra de las demandas históricas de la izquierda abertzale, la que hacía referencia a la dispersión de presos por el conjunto de cárceles del Estado.
En total, en los últimos seis años se han producido 380 traslados de presos de ETA que cumplían condena hasta ese momento en presidios de distintos puntos del país. Una medida que ya fue impulsada bajo los gobiernos de José María Aznar como forma de negociación con la banda terrorista mientras aún estaba en activo.
Para el PSOE, no obstante, movimientos de este tipo continúan siendo un tabú en público y por eso nadie entre las filas socialistas admite abiertamente que el fin de la excepción a los presos de ETA se enmarca dentro de una hoja de ruta acordada y apalabrada en su día con EH Bildu. Los distintos portavoces del Ejecutivo y del partido se han enredado en los últimas días, de hecho, en justificaciones poco rigurosas sobre informes del Consejo de Estado que no se corresponden a la enmienda actualmente impulsada o en demandas de la Unión Europea que, al menos hasta el momento, no se habían concretado.
Sí aseguran fuentes parlamentarias de Sumar consultadas por este periódico que ya se habían producido reclamaciones explícitas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación integral de la normativa penal comunitaria. Y que incluso la Audiencia Nacional había preguntado al TJUE si se podían descontar a etarras penas cumplidas en el extranjero. La no aplicación íntegra del marco comunitario, sostienen esas mismas fuentes, exponía a España a una situación similar a la vivida con la denominada ‘Doctrina Parot’, derogada en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerar el principio de legalidad y el principio de irretroactividad de las leyes penales.
Por esas reticencias del PSOE, lo pactado entre las formaciones de la coalición de Gobierno es que esa reforma fuese impulsada vía enmienda por los de Yolanda Díaz, que sí defienden abiertamente la aplicación de la ley ordinaria a los reclusos de ETA. La tramitación parlamentaria de esa reforma se ha prolongado seis meses en el Congreso, el plazo de enmiendas se prorrogó hasta en once ocasiones y los grupos parlamentarios del PP y Vox votaron a favor en cada una de las fases de esa tramitación, incluidas la Ponencia, la Comisión y el definitivo Pleno.
Para tapar su presunto error en la votación, desde el PP han vuelto a cargar las tintas estos días contra Pedro Sánchez a cuenta de ETA. Alberto Núñez Feijóo intentó convertir en un monográfico sobre la banda terrorista el Pleno de este miércoles destinado a inmigración. “Usted le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas, que no habría atajos. Si no retiran la ley pueden disfrutar de esta victoria, pero no den lecciones. Ahí se quedan con el aplauso de Txapote, Otegi y los demás. Quédenselos”, le dijo al presidente del Gobierno desde la tribuna.
Pero los ataques han llegado a ser más gruesos. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, acusó a Sánchez de vivir “encañonado” por EH Bildu. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistió en su idea de que hoy ETA “está más fuerte que nunca”. En justo diez días se cumplirán 13 años del abandono definitivo de la violencia por parte de ETA, un final logrado sin contrapartidas y sin escisiones ni en la banda ni en su entorno.