La investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat certificó el éxito de la política territorial desplegada por Pedro Sánchez en Catalunya, pero dejó una gran tarea pendiente para el Gobierno: detallar, explicar y sobre todo llevar a cabo el pacto alcanzado con ERC a cambio de su apoyo en el Parlament. En ese acuerdo, los socialistas se comprometieron con los republicanos a implementar un sistema de “financiación singular” que establece una relación bilateral entre el Govern y el Estado al margen del resto de territorios y que implica que sea transferida el 100% de la recaudación de los tributos. La joya de la corona de las contrapartidas arrancadas por Esquerra para justificar su voto favorable al líder del PSC y así evitar la repetición electoral, pero también un problema político de difícil digestión para el PSOE.
Durante todo el verano los socialistas han dejado que sea ERC quien ponga voz al acuerdo y revindique su contenido. Y ha sido así porque de la consulta a las bases republicanas, profundamente divididas, dependía ni más ni menos que la presidencia de Illa. Pero una vez aterrizado el flamante president en el Palau de la Generalitat, y ante las críticas explícitas en el seno del propio PSOE, que esta vez han ido mucho más allá de los reparos de Lambán en Aragón y Page en Castilla La Mancha, en Ferraz y en la Moncloa han comenzado a introducir matices al relato de Esquerra.
“Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Y cualquiera que diga otra cosa, miente”, aseguró este miércoles la vicepresidenta primera y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero. A preguntas de la prensa, la también ministra de Hacienda intentó sofocar la polémica de las últimas semanas entre presidentes autonómicos de distinto color, incluidos dirigentes alineados tradicionalmente con Sánchez como el asturiano Adrián Barbón o el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.
Desde el Ejecutivo remarcan que la palabra “concierto” no aparece en ningún momento en el documento firmado entre socialistas y republicanos y que, por tanto, en ningún caso el PSOE ni el Gobierno lo presentarán nunca como tal. “El acuerdo dice lo que dice y nos parece fantástico que ERC lo denomine como quiera. Pero no le llamamos concierto porque no creemos que sea un concierto. Lo que se ha firmado en Catalunya no es lo que existe en el País Vasco”, sostienen fuentes del departamento de María Jesús Montero.
El Gobierno subraya, no obstante, que suscribe punto por punto el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC y que el “debate nominal” no le resta trascendencia al paso dado. “Que no sea un concierto como el del País Vasco no le quita valor a lo firmado en Catalunya, que es muy relevante y supone, sin duda, un salto cualitativo”.
Pero si las palabras de María Jesús Montero estaban destinadas a aplacar las llamas en su propio partido, lo que han logrado es avivar las del independentismo. “Entendemos las declaraciones de la vicepresidenta Montero en un contexto de presión por parte del resto de comunidades autónomas y partidos políticos, pero sabe perfectamente qué es lo que se firmó: el concierto económico, aunque no quiera llamarlo así”, reaccionó Esquerra en un duro comunicado en el que llegó incluso a amenazar con tumbar los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa.
“El PSOE necesita el apoyo de ERC en el Congreso de los Diputados para sacar adelante diferentes medidas, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones”, advirtieron.
Junts aprovecha el choque para arremeter contra ERC
Las palabras de Montero han provocado además la enésima disputa en el seno del independentismo, que dentro de su largo enfrentamiento se pelea también por el título de mejor negociador con el Gobierno. En su nuevo papel como principal partido de la oposición, Junts es consciente de que el mínimo incumplimiento del Gobierno sobre el pacto de investidura de Salvador Illa será su mejor baza para atacar tanto al PSC en la Generalitat como a ERC.
Por eso, pocas horas después de que Montero negara el concierto económico, y sin dar margen al Gobierno para reafirmarse en lo pactado, los de Puigdemont aprovecharon para salir a pedir explicaciones. Junts cargó contra ERC y contra el PSC para acusarles directamente de haber mentido. Y se cebaron contra los primeros, a quienes consideran incapaces de plantarse frente al Gobierno como ellos dicen que sí saben hacer.
En el último año, los de Puigdemont no se han librado tampoco de las críticas de sus rivales dentro del independentismo por los pactos incumplidos. El que más suele sacar a pasear ERC es el de la oficialidad del catalán en la UE, que Junts defendió haber atado –incluso “cobrado por adelantado”– en su pacto con el PSOE para la Mesa del Congreso. Pero esa medida sigue empantanada en Bruselas.
En su reacción a Montero y ante la presión de Junts, los republicanos vieron la necesidad de escenificar un enfado que, pese a lo llamativo de la amenaza de romper con el PSOE, se limita a exigir el cumplimiento de lo pactado. “Montero puede ponerle la etiqueta que quiera, pero el acuerdo es la financiación singular, es el concierto económico catalán solidario, es la llave de la caja”, afirmó la portavoz Raquel Sans, que dio por hecho que las declaraciones de la ministra respondían a las presiones internas del PSOE contra el pacto.
En este sentido, desde ERC también prefieren remitirse al acuerdo antes que entrar en debates terminológicos. Una voz vinculada al partido, la del economista Miquel Puig Raposo, que ha sido alto cargo de los republicanos en la Generalitat (hasta su cese este agosto fue secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos), afirma incluso que la polémica con Montero no tiene sentido.
“Lo pactado no es un concierto como el vasco o navarro. Tiene razón [Montero] y por eso los catalanes hablábamos de pacto fiscal o financiación singular”, defiende Puig, que también concede que las demás comunidades autónomas deben poder aspirar a pactos similares y que es “urgente” corregir las disparidades entre lo que reciben para financiar los mismos servicios públicos.
Las pocas voces del Gobierno que se escucharon el día después del revuelo intentaron calmar las aguas con ERC. Los ministros Jordi Hereu y Ana Redondo hicieron hincapié en que lo pactado con los republicanos, la financiación singular que consta en el documento firmado por ambas formaciones, se cumplirá en su totalidad, y rechazaron entrar en discusiones sobre cómo hay que bautizar ese modelo.
Aun así, y más allá del cruce de declaraciones, la polémica deja a las claras que el desarrollo del acuerdo fiscal en Catalunya es aún una tarea pendiente que ni en el Gobierno, por el momento, tienen muy claro cómo concluirá. “Nuestro compromiso es cumplir el 100% del acuerdo, pero no es sencillo y habrá que ver cómo se materializa”, apuntan en el Ejecutivo.
La primera piedra de toque la tendrá Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes anunciada para septiembre y María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que también debe convocarse para esas fechas. En los dos foros la mayoría del PP garantiza un rechazo multitudinario a la reforma.