Condenados a entenderse. No había planes B porque ni el PSOE creía posible la aquiescencia de PP y Ciudadanos para un Gobierno de progreso ni ERC veía más salida al conflicto político catalán que facilitar, con su abstención, la investidura de Pedro Sánchez. Así que, a falta de pequeños detalles en un último documento que los negociadores socialistas han de entregar en las próximas horas al partido de Oriol Junqueras, republicanos y socialistas afrontan ya la recta final para el acuerdo. De momento, ERC ya ha salido del “no” y no ve posibilidad de retroceder el camino ya andado en las tres reuniones públicas celebradas por sendos equipos negociadores.
El pacto que, según fuentes conocedoras de la negociación, no tardará en llegar, incluye la creación de una mesa de negociación entre gobiernos al margen del Estatut. Se trata de un marco “ad hoc”, fuera del ámbito parlamentario y que no emana de la comisión bilateral Estado-Generalitat, como pretendía inicialmente el PSOE. Ambos ejecutivos explorarán allí soluciones para el conflicto político y lo previsible, según el documento que está a punto de cerrarse, es que su primera reunión tenga lugar en los primeros meses desde la fecha de la investidura.
El acuerdo incluirá, según fuentes conocedoras de las negociaciones, un compromiso de los republicanos para apoyar los primeros Presupuestos Generales del Estado que el próximo Gobierno lleve a la Cámara Baja, así como garantías para la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales cercenados en distintas leyes durante los gobiernos del PP. A cambio de que el PSOE acepte la creación de una comisión de nuevo cuño y de que asuma la narrativa de Pedralbes –esto es, hablar de “seguridad jurídica” en lugar de arquitectura constitucional–, los republicanos renunciarán a la unilateralidad y a explicitar en el texto cualquier propuesta sobre el derecho de autodeterminación que llevan en su ADN y al que en ningún caso renunciarán en su discurso político.
Otro de los compromisos que adquiere ERC es para que la Generalitat vuelva a formar parte de los órganos multilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como es el caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera o la llamada Conferencia de Presidentes, que instauró Zapatero en octubre de 2004, y ahora Sánchez se ha propuesto impulsar de nuevo. No es casual, por tanto, que desde La Moncloa se emitiera un comunicado en este sentido este martes inmediatamente después de que Sánchez mantuviese una conversación telefónica con Quim Torra en el marco de la ronda anunciada con el resto de presidentes autonómicos antes de afrontar la investidura. No obstante, Torra ha asegurado en un tuit que Sánchez no le ha trasladado la convocatoria de dicha ‘cumbre’ de presidentes autonómicos.
Republicanos y socialistas comparten desde hace días un lenguaje común que les acerca a un punto de encuentro que tendrá que recibir, en todo caso, el visto bueno en Lledoners y en Ginebra por parte de Oriol Junqueras y de Marta Rovira. Así las cosas, y a la espera del inminente acuerdo que los republicanos tendrán que ratificar en su Consell Nacional, previsiblemente el día 23, dos días después de su congreso, La Moncloa se dispone a activar la vía rápida para que Sánchez pueda ser investido el próximo día 30, un día antes de Fin de Año, de tal forma que el Pleno en el Congreso empiece el día 27 y la primera votación, para la que se precisaría mayoría absoluta, tenga lugar el 28. La segunda, en la que solo harían falta más síes que noes, se celebrará a las 48 horas y tendría lugar un día antes de que acabe 2019.
No obstante, ERC y PSOE siguen conjurados para evitar cualquier filtración sobre el documento y los compromisos adquiridos por ambos en el marco de la citada comisión, si bien los republicanos respiran tranquilos tras el acuerdo presupuestario alcanzado en Catalunya con los comunes para los próximos presupuestos de la Generalitat en la medida en que dejan sin argumento a los post convergentes para un anticipo electoral cuando menos hasta otoño de 2020. En buena medida el acuerdo ha sido posible, además de por la fluida relación entre los portavoces parlamentarios de PSOE y ERC en el Congreso, por el firme compromiso de blindar cualquier información a los medios para escapar de presiones políticas en sus respectivos partidos, pero también del ámbito empresarial e institucional.
Los equipos de PSOE y ERC han dejado pasar a un segundo plano las injerencias que pudieran suponer determinados actores como Torra, o los barones socialistas más reticentes al acuerdo, como Emiliano García-Page o Javier Lambán. Durante las negociaciones, los republicanos solo dejaron entrever la necesidad de contener una hipotética reacción adversa de la andaluza, Susana Díaz, por la influencia que su posición pueda tener en una parte importante del electorado catalán. No hizo falta demasiado empeño, ya que la aún lideresa de los socialistas andaluces ha pasado de ser la más crítica entre los críticos de Sánchez a erigirse en la mayor entusiasta del “sanchismo” y de su proyecto político.