El Gobierno ha logrado sacar adelante el decreto ley contra la república digital catalana con el apoyo de PP y Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos –que ha reclamado modificaciones a futuro– y el rechazo de las fuerzas nacionalistas, entre ellas ERC, con quien el PSOE se sentará este jueves a negociar la investidura. En el marco de esa negociación, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha rebajado las expectativas de los republicanos catalanes respecto a la exigencia de que el Gobierno y la Generalitat negocien de igual a igual a un diálogo en busca de una solución al conflicto territorial pero en el marco de la comisión bilateral entre el Estado y Catalunya. Esa posición es, a priori, insuficiente para ERC.
El decreto ley que Pedro Sánchez anunció a diez días de las elecciones para poner “punto y final” a la república digital catalana ha llegado al Congreso la víspera del encuentro entre PSOE y ERC. La ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha sido la encargada de defender la posición del Gobierno en la Diputación Permanente, no ha mencionado ni una vez a la Generalitat en su exposición, a pesar de que la intencionalidad del Ejecutivo con esa normativa era impedir que el Govern pueda tener los servidores de Internet de las webs oficiales en “paraísos digitales” y tengan que tenerlos en países de la UE.
En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta ha negado directamente que ese decreto ley se aprobara con el fin de cercar la república digital catalana, a pesar de que Sánchez dijo que esa era su intencionalidad. Calvo ha asegurado que la pretensión es adecuar la legislación española a la de “otros países”. El Gobierno ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos, la abstención de Unidas Podemos y el rechazo de las fuerzas nacionalistas.
El PP ha mostrado finalmente su apoyo a la convalidación al considerar necesario “parar la república digital catalana” pese a criticar con dureza al Gobierno por no hacer mención a Catalunya ni en el decreto ley ni en la defensa del mismo que ha hecho este martes la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la Diputación Permanente y por tratar de apoyarse en ERC para la investidura. “La medida es urgente y necesaria porque si no sus socios van a abrir una república digital. Estaremos a su lado para defender la democracia la seguridad y la libertad en Catalunya”, ha zanjado durante el debate la representante popular, Ana Belén Vázquez.
Fuentes de Ciudadanos también han anunciado su sí a pesar de que su portavoz en la Diputación Permanente, Miguel Gutiérrez, ha considerado que el Real Decreto Ley es una “chapuza legislativa”. “Sí pueden contar con nosotros para la ciberseguridad, pero no para mantener las intenciones sediciosas que nos están robando datos”, ha asegurado el representante de Ciudadanos haciendo alusión a las negociaciones para la gobernabilidad. “Los españoles no pueden seguir dependiendo de los que quieren romper España. Están a tiempo de volver al constitucionalismo, de tender la mano a los que velan por los intereses de los españoles”, les ha dicho Gutiérrez a los socialistas.
El 'no' rotundo ha llegado en cambio por parte de todas las fuerzas nacionalistas e independentistas, así como de Vox. Un día antes de que se produzca la reunión entre ERC y PSOE para estudiar el posible apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez, la diputada de los republicanos, Montserrat Bassa, les ha dicho a los socialistas que “con sus leyes mordazas van a llenar las cárceles de activistas mientras llenan las instituciones de fascistas”.
A su juicio, la iniciativa del Gobierno que se debatía en la Diputación Permanente “se suma a la estrategia represiva” y supone una “ley mordaza digital” que fue aprobada antes de la campaña electoral del 10N “para acallar la protesta en Catalunya ante la injusta sentencia del procés”. “No pueden frenar nuestra indignación por decreto y no podrán frenar la firme convicción democrática de Catalunya”, ha dicho.
Bassa ha lanzado una advertencia: “No habrá estabilidad política mientras no aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política. Resolvamos a través del diálogo, la negociación y la vía democrática. Con el todo vale contra el independentismo están poniendo en cuestión el derecho a la disidencia política y están brindando en bandeja al trifachito un Decreto Ley con el que pueden perseguir a la disidencia política y que degrada el sistema de libertades acercándolo a sistemas como el chino o el turco”.
Por parte del PNV, su portavoz, Mikel Legarda, ha considerado que con el Real Decreto Ley “se pone bajo vigilancia del CNI el edificio digital de las administraciones públicas”. A su juicio la propuesta del Ejecutivo “tiene una carencia fundamental porque no establece ningún procedimiento garantista pactado sino que apela a la vía de hecho”. El dirigente nacionalista se mostrado sorprendido de que “un decreto ley considere que la mayor amenaza para la seguridad nacional son las administraciones. Esto es el mundo al revés”, ha lamentado.
Unidas Podemos, por su parte, ha pedido durante el debate una serie de cambios para que el Real Decreto “cuente con mayores garantías judiciales y que se protejan libertades y derechos fundamentales”. Después de que Calviño, en su turno de respuesta a los grupos, haya asegurado que el Gobierno tomaba nota de los cambios propuestos por el Grupo Confederal, la formación que encabeza Pablo Iglesias ha anunciado su abstención.
Antón Gómez Reino, el portavoz del grupo en la Diputación Permanente, había considerado que “todos los recortes de libertades en internet pueden acabar en recortes de libertades en las calles” y por eso exigía una “salvaguarda total de la garantía de que no van a ser vulneradas las libertades públicas”. El Ejecutivo resta importancia a esa posición de Unidas Podemos porque se trata de un decreto ley que aprobó antes de llegar a un entendimiento con Iglesias para esta legislatura.
Máxima relevancia a la reunión PSOE y ERC
La aprobación de ese decreto ley que Sánchez aprobó en plena campaña cuando su estrategia era la de exhibir mano dura contra el independentismo para hacerse con buena parte del electorado de Ciudadanos se ha producido la víspera de que los socialistas se sienten con ERC para negociar la investidura. Sánchez ha asumido que esa es la única vía para que salga adelante ante el rechazo de PP y Ciudadanos, a quienes la cúpula socialista da por perdidos.
Así, el PSOE da la máxima relevancia al encuentro de su equipo negociador con el de ERC, pero rebaja las expectativas de los republicanos catalanes respecto a su exigencia de que haya reuniones entre gobiernos de igual a igual. El Ejecutivo de Pedro Sánchez circunscribe esa negociación, que sería posterior a que la investidura salga adelante, a la comisión bilateral entre Catalunya y el Estado.
“No es ninguna novedad porque existe en el Estatuto de Catalunya una comisión bilateral que el anterior Gobierno despreció y que este Gobierno activó. No hay ninguna novedad, además forma parte de algo que este Gobierno ha hecho”, ha expresado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en declaraciones a los periodistas cuando ha asistido al Congreso a acreditarse como diputada. “Esa comisión existe en esa ley orgánica que es el Estatuto”, ha rematado.
ERC ha exigido como condición para facilitar la investidura de Sánchez que el PSOE acepte un calendario de negociación y, en una segunda fase, que se sienten a negociar el Ejecutivo y la Generalitat “de igual a igual”. La comisión bilateral es insuficiente para los republicanos catalanes.
Calvo ha dejado claro que el Ejecutivo socialista no hablará de un referéndum en Catalunya, que es uno de los contenidos que exige ERC en ese marco de negociación. “De autodeterminación no va a hablar el PSOE. No vamos a hablar de autodeterminación porque estamos en contra de ese proyecto. No podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y superadas”, ha expresado la vicepresidenta.
Preguntada por si aceptarían una mesa de negociación de igual a igual como exige ERC, Calvo ha respondido que “en esa comisión bilateral se sientan Gobierno y Gobierno. Y, además, de manera obligada y necesaria”, ha apuntado Calvo.
En el Gobierno han mostrado mayor optimismo respecto a la posición de ERC tras la rueda de prensa de Gabriel Rufián este martes mientras que en el PSOE cunde la preocupación ante las exigencias “inasumibles” de los independentistas.