El PSOE pedirá la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la Comisión de Justicia del Congreso para que explique la “privatización” del Registro Civil, que ha considerado un “atropello” a los derechos de los ciudadanos que ven como “unos pocos” tratan de hacer “negocio”.
El grupo socialista del Congreso de los Diputados se ha comprometido hoy a pedir la comparecencia de Gallardón y del decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, en una reunión con UGT, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y el sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
Según han informado a Efe fuentes socialistas, el grupo parlamentario quiere que Gallardón explique en la Comisión de Justicia el anteproyecto de ley que su departamento prepara para traspasar la titularidad de los registros civiles a los registradores de la Propiedad.
Además, el grupo socialista ha registrado en la Cámara baja una batería de preguntas orales y otra batería de preguntas escritas.
“Vamos a intentar evitar este atropello, este negocio para unos pocos pagando los de siempre que son los ciudadanos”, ha señalado el responsable socialista de Justicia, Julio Villarrubia, quien al término de la reunión con los sindicatos ha alertado de que la nueva ley que prepara el Ministerio ha generado una “gran preocupación y alarma” en el ámbito de la Justicia.
En este punto, los socialistas se han comprometido a tratar de evitar que esta ley salga adelante porque, a su juicio, datos “sensibles” e “importantísimos” de los ciudadanos “no pueden estar en mano de un montón de personas no cualificadas”, que no estarían sometidas a las exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos.
Por su parte, el CSI-F, sindicato mayoritario en Justicia, se ha comprometido a continuar con su campaña de presión con concentraciones de funcionarios en los registros civiles de toda España y con reuniones como los de hoy, donde ha estado presente la portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez.
El sindicato ha explicado en un comunicado que ayer se reunió con el secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, quien les explicó que “aún no hay ninguna decisión tomada” sobre el asunto.
Durante la reunión, CCOO ha alertado de que con la “privatización” de los registros civiles podrían perderse 3.500 puestos de trabajo y ha expresado su preocupación por “el cierre” de registros civiles en las pequeñas población, así como “la probable supresión de la gratuidad de los actos y certificaciones”, ha informado el sindicato en un comunicado.