La sucesión de escándalos que afectan a Juan Carlos de Borbón y salpican a otros miembros de la familia del rey Felipe VI, hasta alcanzarle a él mismo, no ha debilitado el bloque formado por PSOE, PP y Vox (antes Ciudadanos) y que ha vetado decenas de iniciativas parlamentarias ante las recurrentes informaciones sobre el dudoso origen del patrimonio del rey emérito y su gestión. Las comisiones de investigación son las que ocupan los titulares, pero la Mesa del Congreso también ha impedido de forma habitual comparecencias de miembros del Gobierno o de la Administración, así como la formulación de preguntas al Ejecutivo.
Casi siempre lo hacen escudándose en los informes de los letrados, que no son vinculantes. Pero incluso cuando estos se han mostrado favorables, el bloque se ha mantenido firme en su negativa. Ni siquiera en la comisión de secretos oficiales se ha dado cuenta de la situación que atraviesa la familia que ostenta la Jefatura del Estado ya que no se ha constituido un año después del estreno de la legislatura.
El último ejemplo se produjo este mismo martes. La Mesa del Congreso rechazó con los votos de PSOE, PP y Vox varias preguntas al Gobierno planteadas por los diputados del Grupo Plural Miriam Nogueras (Junts) e Íñigo Errejón (Más País) para conocer qué saben la Fiscalía General del Estado o el Ministerio de Hacienda de las regularizaciones “espontáneas” del padre del rey. También este grupo, junto a ERC y EH Bildu, solicitaron la comparecencia del director de la Agencia Tributaria ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales con similar objetivo: explicar las condiciones y circunstancias en las que se ha producido la declaración complementaria de Juan Carlos de Borbón.
Como en ocasiones anteriores, los letrados de la Cámara mostraron su disconformidad con las propuestas con tres motivos fundamentales. En el caso de las cuestiones sobre las posibles pesquisas abiertas por la Fiscalía, en opinión de los servicios jurídicos del Congreso se trata de una materia ajena a la competencia del Gobierno. Lo es también cuando se cuestiona al Ejecutivo sobre la celeridad con la que las diferentes administraciones del Estado han actuado contra quien ha reconocido varios delitos fiscales al regularizar más de cuatro millones de euros.
El segundo motivo que alegan de forma recurrente los letrados es el artículo 95 de la Ley General Tributaria, sobre el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Este martes fue uno de los alegados para que PSOE, PP y Vox impidieran la comparecencia del director de la Agencia Tributaria a dar explicaciones sobre el caso.
La ley solo contempla una salvedad al secreto fiscal aplicable en este caso: “La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido”. Pero las comisiones de investigación sobre la Corona o cualquier asunto referente a la misma son también sistemáticamente bloqueadas. A los motivos anteriores los letrados suelen añadir que podría tratarse de materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 (“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”) y 65 (“El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”) de la Constitución y, por tanto, no sometidas al control parlamentario de la Cámara, dando a entender que el dinero para la regularización podría provenir bien de la época del reinado de Juan Carlos I o de la actual Casa Real, cuando los abogados del exmonarca han asegurado que son donaciones realizadas por amigos del rey emérito, lo que contraviene la normativa interna del Palacio de la Zarzuela y ha provocado la apertura de una nueva línea de investigación por parte de Hacienda.
Estas fueron las razones esgrimidas por el secretario general del PSOE, Rafael Simancas, durante una rueda de prensa el pasado martes, en la que anticipó que en la próxima reunión de la Mesa los socialistas volverán a posicionarse en contra de la comisión de investigación solicitada por varios de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez o los Presupuestos Generales de 2021. Entre los firmantes de la solicitud figura el PNV, un partido que no se ha sumado de forma habitual a iniciativas similares registradas en esta misma legislatura.
Bajo estas premisas se han tumbado en el último año comisiones de investigación sobre las tarjetas opacas del rey emérito y otros miembros de la familia del rey que desveló elDiario.es. O sobre sus finanzas tras abdicar en 2014. “La inviolabilidad tiene efectos jurídicos permanentes”, llegaron a dejar escrito los letrados del Congreso.
La investigación parlamentaria se antoja así un imposible, hasta el punto de que la Mesa del Congreso ha rechazado crear un registro de los bienes de la Casa Real porque “la Constitución no lo permite”. Aquella solicitud fue presentada por Compromís y Más País tras las revelaciones de elDiario.es sobre las cacerías de Juan Carlos de Borbón en Kazajistán. La Mesa del Congreso tampoco ha permitido una investigación parlamentaria sobre la presunta entrega de 100 millones de dólares (unos 65 millones de euros) por parte de Arabia Saudí al padre del rey.
Pero en 2020 hubo una petición que sí pasó el filtro de la Mesa del Congreso. Varios grupos parlamentarios aliados del Gobierno (Compromís, ERC, Jxcat, Bildu, CUP, BNG, Nueva Canarias y Más País) firmaron una iniciativa para investigar si las empresas públicas españolas (Renfe, Ineco y Adif) adjudicatarias de la construcción del AVE a La Meca pagaron comisiones para lograr dicha adjudicación, y a quién fueron abonadas. La formulación dejaba fuera expresamente la figura del rey emérito. Pero la comisión decayó en la siguiente criba: la Junta de Portavoces. El PSOE unió sus votos de nuevo a los de PP, Vox y Ciudadanos para impedir siquiera el debate en el Pleno sobre su creación.
Este 2021 también ha habido una petición que contó con los informes favorables de los letrados. La presentaron Unidas Podemos y otros seis grupos aliados para la investidura de Sánchez, y versaba, de nuevo, sobre las tarjetas opacas utilizadas por Juan Carlos de Borbón. La solicitud se ceñía expresamente a lo ocurrido tras la abdicación de Juan Carlos I. Y, por primera vez desde 2013, los servicios jurídicos de la Cámara se mostraron favorables a una investigación parlamentaria a un miembro de la Familia Real.
Pero, una vez más, el PSOE se opuso. Los socialistas volvieron a sumar sus votos a las derechas y tumbaron la solicitud sin siquiera llegar a la Junta de Portavoces.
Pero la sucesión de escándalos que afectan a la Jefatura de Estado y la familia del rey no parece que vayan a terminar, al menos de momento. El último capítulo, la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes durante una visita a su padre exiliado, ha provocado una nueva petición de comparecencia por parte de los grupos aliados del Gobierno para que den explicaciones tanto Felipe VI como Pedro Sánchez.
En el Congreso hay otra instancia que podría abordar los asuntos relacionados con los escándalos que afectan al rey. De hecho, ya ha ocurrido en el pasado. En 2018, durante el Gobierno en solitario del PSOE, el por entonces jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, tuvo que comparecer ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conocida oficiosamente como comisión de gastos reservados después de que se desvelaran las grabaciones entre el excomisario Villarejo y Corinna Larssen que, en parte, desencadenaron toda la tormenta de escándalos alrededor de la Casa Real.
La información que reciben los portavoces en dichas audiencias no es de dominio público. De hecho, revelar el contenido de lo que allí ocurre puede ser un delito. El problema es que, hoy por hoy, ni siquiera esa opción es posible. Los representantes de la soberanía popular no podrían recibir los datos a los que tienen derecho porque la comisión no está constituida, más de un año después de que haya echado a andar la legislatura. De hecho, el Congreso acumula casi dos años sin controlar al CNI.
Las normas para la composición de esta comisión indican que son precisos 210 votos, pero PP, Vox y Ciudadanos no están dispuestos a que ningún representante de un grupo independentista forme parte de los elegidos, informa Europa Press, por lo que el bloqueo de un órgano de control esencial en una democracia puede eternizarse. Otro más a sumar en la lista de asuntos bloqueados en el Parlamento.
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