La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza que el rey emérito haya tenido un trato especial por parte de la Agencia Tributaria tras haber podido hacer dos regularizaciones fiscales en varios meses a pesar de las informaciones que ya apuntaban al pago de viajes a través de la fundación opaca Zagatka, tal y como denuncian inspectores y técnicos de ese departamento. “Es falso que el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes. Todos los contribuyentes son iguales”, ha asegurado la también portavoz del Gobierno.
Montero ha defendido que la Agencia Tributaria está actuando en calidad de “auxilio judicial” de la Fiscalía en este caso. “Siempre y en todos los casos se actúa de la misma manera y se está a disposición de la Fiscalía complementando toda la investigación y toda la información que tuviera lugar -ha explicado-. Una regularización no termina ningún proceso, se complementa con otro tipo de actuaciones que la acompañan para constatar que se cumple totalmente con la legalidad respecto a que esa regularización es veraz y completa”. Sin embargo, las críticas a Hacienda, que proceden incluso de Unidas Podemos, reprochan la lentitud a la hora de iniciar una investigación, pese a la información disponible sobre la existencia de una fundación a través de la que Juan Carlos de Borbón abonó una fortuna en viajes privados. “Le han regalado a Juan Carlos I el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en el ámbito penal”, explicó en una entrevista en elDiario.es el técnico de Hacienda en excedencia Antón Beiras.
La defensa de la titular de Hacienda se ha producido el mismo día en que PSOE, PP y Vox se hayan opuesto a que el Gobierno explique al Congreso la nueva regularización fiscal del exjefe del Estado a través de la que ha pagado más de cuatro millones de euros para ponerse al día con el fisco español. La Mesa del Congreso ha vetado este martes, precisamente con los votos de PSOE, PP y Vox, las comparecencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, solicitadas por ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG para que explicasen “en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de cuatro millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón”.
El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, ha asegurado este martes que “las investigaciones sobre presuntas irregularidades se desarrollan en el ámbito de la Justicia y la Fiscalía”. Y, además, ha planteado que el rechazo a las comparecencias de los responsables del fisco están “prohibidas por la Ley General Tributaria” porque se basan en “datos tributarios de carácter personal”. Esta misma premisa, que sirvió en su día para impedir la publicación de la lista de los españoles acogidos a la amnistía fiscal que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido utilizada ahora, previo informe de los letrados, para filtras numerosas preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo y planteadas en los últimos días por los grupos, informa Europa Press.
Pero la Mesa del Congreso también tendrá que ver la semana que viene una nueva iniciativa, presentada este mismo martes, para solicitar una nueva comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón. ERC, EH Bildu, Junts, la CUP, PdeCat, BNG, Compromís, PNV y Más País ha reclamado este martes una “investigación parlamentaria relativa a la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí”. “El objetivo de dicha comisión es investigar las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real, así como de sus colaboradores, el origen y destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas tarjetas blacky sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí”, informan los grupos proponentes.
Simancas ha anticipado este martes que su grupo también se opondrá a esta solicitud y ha situado toda actuación al respecto en el ámbito de los tribunales. Precisamente el Tribunal Supremo ha inadmitido la querella planteada por IU, el PCE y el Foro de Abogados de Izquierda por el uso de estas tarjetas opacas al fisco por parte de Juan Carlos de Borbón y otros miembros de la Familia Real, como la reina emérita y madre de Felipe VI, Sofía de Grecia. Los querellantes han recusado al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, y al resto de jueces que han rechazado su denuncia. El portavoz socialista ha justificado que el Congreso sí investigue otros asuntos que tienen abierta una instrucción judicial, como la llamada Operación Kitchen. Simancas ha zanjado: “No le corresponde al Congreso el control de la acción de la Corona”.
No es la primera vez que los partidos del Gobierno de coalición rompen su unidad de voto en las medidas e iniciativas sobre la monarquía. Incluso con los informes de los letrados a favor. Tampoco es la primera vez que los partidos que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo difieren de la posición del partido mayoritario en la coalición. Desde Unidas Podemos, Gerardo Pisarello ha asegurado que existe un “clamor” en la calle para conocer lo ocurrido alrededor del para aclarar lo ocurrido con el patrimonio del rey emérito, saber quién ha prestado supuestamente el dinero a Juan Carlos de Borbón para pagar a Hacienda y si estas donaciones han tributado.
A vueltas con la regulación del precio del alquiler
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre las directrices generales de la estrategia de la Agenda 2030 que ha elaborado la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias y en el que se ha incluido una mención a los precios abusivos del alquiler, cuya limitación es uno de los conflictos en el seno de la coalición. En el apartado referido al reto de acabar con la pobreza y la desigualdad, el informe alude a la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda “impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios”.
El documento aprobado por el Consejo de Ministros recuerda que ese es uno de los aspectos “fundamentales” de la futura ley de vivienda y asegura que se abordará de acuerdo a como “establece el compromiso del Gobierno de España”, en referencia al acuerdo programático que alude específicamente a “regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.
Sin embargo, la parte socialista del Gobierno insiste en que hay un objetivo común que es acabar con la inflación abusiva de los precios en determinados distritos de algunas ciudades -que achaca a las viviendas turísticas-, aunque difiere en las herramientas para llevarlo a cabo. “La diferencia o el debate que había en este momento no estaba en torno a que se cumpliera el mandato del acuerdo del Gobierno sino los instrumentos que permiten viabilizar de manera más efectiva que se contribuya a rebajar los precios del alquiler en esas zonas tensionadas”, ha expresado Montero, que ha negado que haya habido “discusión” en el proceso de aprobación del informe impulsado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030: “Todos compartimos esta cuestión”.
Unidas Podemos quiere poner un techo a los precios a través de la regulación, como se ha hecho en algunos lugares europeos, como Berlín, mientras que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana apuesta por bonificar a los propietarios que alquilen por debajo del precio del mercado. “Vamos a trabajar para ver cuál es la manera más eficaz para que no se produzca una espiral al alza de los precios del alquiler. Podrán ser incentivos fiscales o cualquier otro instrumento, pero todos van dirigidos a que no se produzca una subida inflacionista en los contratos de alquiler”, ha zanjado Montero.
La portavoz ha hecho especial hincapié en la necesidad de que el PP levante los “vetos” a los nombres planteados por el Gobierno para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), especialmente al magistrado José Ricardo de Prada. Montero ha recordado que no tiene ningún tipo de vinculación “partidista” y ha lamentado que la negativa de Pablo Casado a incluirle responda a sus “actuaciones” como juez, en referencia a su participación en la sentencia del caso Gürtel que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy.