El PSOE ha sumado este martes su 'no' a los de PP y Vox, por lo que ha tumbado en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley de Más País para despenalizar todos los usos del cannabis, rechazada con 75 votos a favor, 263 en contra y 9 abstenciones.
Los socialistas han justificado su rechazo en que ya existe una subcomisión al respecto en la Cámara Baja, que se constituyó el jueves pasado. Pero se trata de un órgano que tan solo contempla la regulación del cannabis con uso medicinal. El principal partido del Parlamento se abre a que en dicha comisión se estudien otros usos de la planta aunque rechaza su legalización total, como sí propone la propuesta de Más País que equipara su estatus al del tabaco o el alcohol.
Pero la proposición ha decaído esta tarde en el Congreso pese al respaldo de Unidas Podemos –que ha registrado una propuesta propia–, el socio de coalición de Gobierno del PSOE, y el resto de los habituales aliados parlamentarios del Ejecutivo –excepto el PNV, que se ha abstenido–, así como de Ciudadanos, que durante el debate en el Pleno ha apelado a la “libertad” para dar su 'sí' y ha criticado la posición de rechazo tanto de PP y PSOE.
“No hay drogas buenas ni drogas malas, ni son de izquierdas ni de derechas, las drogas son drogas y a las que más han atacado han sido a las clases trabajadoras”, ha afirmado durante el debate en el Pleno el diputado socialista Daniel Vicente Viondi, que ha anunciado el rechazo a la iniciativa reprochando a la formación proponente que no hable de los problemas en la salud mental que genera el cannabis. “El cannabis no es ninguna solución, es un problema”, ha dicho.
“Su ley está mal hecha, tiene falta de rigor jurídico”, le ha espetado, además, al portavoz de Más País, Íñigo Errejón. “Pretender comparar el consumo de cannabis con el tabaco o el alcohol es un error”, ha añadido, antes de exigir un “debate con seriedad” sobre la marihuana y sus derivados en la citada subcomisión del Congreso.
“Me apena ese voto”, les ha espetado Errejón, a los diputados socialistas, durante la defensa de su propuesta en el hemiciclo. “Perdemos una oportunidad histórica y dejan el control a las mafias”, ha lamentado. El parlamentario ha insistido en que “la prohibición” del cannabis “empuja a la gente al mercado negro” y que su despenalización protege a los menores, “porque en el mercado negro no piden DNI” y sí lo harían los establecimientos de venta previstos en la normativa.
Hacer frente a las mafias
Más País fue el primer partido en presentar en el Congreso una proposición de ley para despenalizar todos los usos del cannabis, hace ya varias semanas, aunque también han registrado propuestas similares, pero más restrictivas, Unidas Podemos y ERC. Ambas formaciones y EH Bildu, la CUP, Junts o el PDeCat han respaldado la iniciativa del partido de Errejón.
Marta Rosique, de ERC, ha pedido “hacer frente” al problema del consumo del cannabis pidiendo el respaldo para la iniciativa de Más País y para la suya propia recordando que la “prohibición” no aminora la utilización de la droga y que su despenalización, por contra, sí “acaba con las mafias”.
Desde Unidas Podemos, la diputada Lucía Muñoz ha recordado, por su parte, “el impulso de la sociedad” civil –algunos miembros de organizaciones canábicas han seguido el debate a las puertas del Congreso– para fomentar la legalización del cannabis y ha asegurado que a su grupo le sirve la propuesta de Más País como punto de partida para un debate. A su juicio, “se dan las condiciones” para abrir el melón de la legalización tanto en el ámbito del uso medicinal como en otros.
Por parte del PNV, que opta por la abstención, la diputada Josune Gorospe, ha coincidido con Errejón en que “las políticas prohibicionistas no dan buenos resultados” y ha preferido “las políticas de reducción de daños” en materia de drogas. No obstante, ha acusado a las formaciones que han presentado las distintas proposiciones de ley de ir “a la carrera” por tratar de despenalizar el cannabis y ha echado en falta un mayor desarrollo de la perspectiva sanitaria en la propuesta de Más País.
Ya en el bloque del 'no', desde el PP, su portavoz durante el debate, Elvira Velasco, ha recordado que el cannabis es la droga “con más prevalencia” entre los jóvenes. “Consumir drogas no es un derecho fundamental, es un problema de salud pública”, ha remachado, antes de considerar que con la despenalización se vulneraría la protección del derecho a la salud recogida en la Constitución.
Vox: “La izquierda quiere a los españoles colocados”
El diputado de Vox, José Luis Steegman, ha pronunciado también un duro discurso contra la legalización. “La izquierda quiere tener a los españoles en paro pero absolutamente colocados”, ha ironizado. Además, ha asegurado que en EEUU se ha demostrado que la legalización “ha aumentado el mercado negro en más de un 80%” y que la propuesta de Más País “no tiene ninguna referencia científica”. “La marihuana es tóxica y su consumo es un problema de salud pública de primer orden”, ha zanjado.
En la línea de lo que pide el Observatorio Europeo del Cannabis, Más País declaraba en su texto “libres” todos los usos del cannabis reconociendo “el valor y carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta en todas sus variedades”. La norma pretendía así equiparar el consumo de cannabis al del tabaco, con todas sus limitaciones en establecimientos cerrados y de acceso a menores de edad. Su consumo estaría así prohibido hasta los 18 años y para las personas legalmente incapacitadas.
La proposición contemplaba que se despenalizara su consumo en la vía pública –ahora castigado con una multa de entre 600 y 10.000 euros– o que “las personas que hagan un uso particular del cannabis” pudieran “transportar por la vía pública oculto dentro de sus pertenencias y sin realizar ostentación hasta 10 veces la cantidad necesaria de consumo diario”. El texto contemplaba además el uso profesional del cannabis y señalaba que “la plantación y el uso de derivados de la planta con fines profesionales requerirán de la previa autorización por parte de las Administraciones Públicas”. Todos esos agricultores deberían darse de alta en un epígrafe que se creará ad hoc en los registros de actividades económicas.
También se detallaban los requisitos que deberían tener las tiendas en las que se vendan productos derivados del cannabis. Así, estos establecimientos debían estar provistos. según la propuesta que ha decaído, de sistemas de seguridad que garanticen la imposibilidad de acceso de menores de edad a los mismos, y “no podrán contener elementos que exterioricen de cualquier forma la incitación al uso o consumo de la planta y sus derivados”.
Más País-Equo señaló que un 60% de lo recaudado en impuestos por la venta de cannabis –el partido calcula que, con un tipo del 35%, las arcas públicas ingresarían 3.000 millones de euros al año– debía destinarse al presupuesto de sanidad, para contribuir a “mejorar” el sistema público de salud.