La jueza de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, investiga contratos millonarios que la Diputación de Lugo adjudicó a la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) durante los ocho años en que la presidió el exlíder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, entre 2007 y 2015.
Las pesquisas se centran en varios programas cofinanciados con fondos comunitarios para labores de consultoría sobre la implantación de nuevas tecnologías, comercio electrónico e Internet en ayuntamientos de zonas rurales gallegas. El Boletín Oficial de la Provincia de Lugo recoge al menos cinco adjudicaciones por 6,3 millones de euros.
Varios de las contratos sobre los que indaga el juzgado coincidieron con la época en la que el exministro socialista Jordi Sevilla ejercía como “asesor del sector de Administraciones Públicas” en la sede que tiene en Madrid la primera consultora del mundo. Sevilla se incorporó a ese puesto en septiembre de 2009 tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados dos meses después de que venciera el plazo de incompatibilidad que marca la ley para que los miembros del Gobierno puedan irse a la empresa privada. En 2015 volvió a la primera línea política como asesor de cabecera en materia económica del líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Efectivos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a mediodía del jueves a la sede de la Diputación lucense para recabar documentación sobre las adjudicaciones a la consultora. Fuentes cercanas a la investigación sospechan que algunos de ellos pueden estar amañados, como se deriva, apuntan, de algunos correos electrónicos intervenidos a altos cargos del ente provincial, uno de ellos ya imputado en el caso.
Las pesquisas tiran de un nuevo hilo de la Operación Pulpo, que ya supuso el fin de la carrera política de Besteiro, quien dimitió como secretario general del PSOE gallego en marzo, cuando la juez le imputó cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos por el uso que hizo la institución de los fondos comunitarios mientras él era presidente. Entre los pagos con fondos públicos incorporados en el sumario figuran todo tipo de gastos personales.
Ahora la magistrada indaga si además hubo un presunto fraude en sucesivos contratos adjudicados por el organismo provincial a PwC. Varios de esos contratos coinciden con la época en la que Jordi Sevilla ejercía como asesor del sector de Administraciones Públicas de la consultora. La más cuantiosa se formalizó el 9 de agosto de 2012 por un importe de 3.320.999 euros y tenía como objeto el “servicio de potenciación de la ganadería ecológica”, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
Jordi Sevilla, que es uno de los nombres que maneja Pedro Sánchez como ministro de Economía si llega a La Moncloa, negó este jueves a eldiario.es cualquier vinculación con las adjudicaciones investigadas. “Cuando yo llegué a PricewaterhouseCoopers, la Diputación de Lugo ya era cliente. Yo no me dedicaba a eso, no llevaba clientes, no tenía cuenta de resultados ni objetivos. Yo sabía que la Diputación de Lugo era cliente, pero no tenía idea de lo que estábamos haciendo allí. La Diputación de Lugo no es un cliente pequeño, pero tampoco era de los principales y PricewaterhouseCoopers es la primera firma de consultoría del mundo y la segunda de España”, asegura Sevilla a este diario.
El exministro socialista admite que durante su etapa como alto directivo en la consultora acudió a impartir una conferencia invitado por la Diputación de Lugo, aunque asegura que no cobró por ello. “Recuerdo que fui porque me invitaron a comer y me sentó fatal la comida. Besteiro tenía previsto acudir pero al final no vino a la conferencia”.
PwC negó también cualquier vinculación de su exdirectivo Jordi Sevilla con los concursos públicos ganados en la Diputación de Lugo. Un portavoz de la empresa aseguró que las funciones del exministro en la firma estaban enfocadas hacia “los cambios que debería afrontar la economía española en aquellos años”. La misma fuente subraya que ni la jueza Pilar de Lara ni la Policía han solicitado información alguna a la consultora.
La entrada de los agentes de la UDEF en la Diputación de Lugo obligó a interrumpir el Pleno de la Diputación que debatía sobre los presupuestos. Fue el propio presidente del organismo, el socialista Darío Campos, quien confirmó la presencia de la unidad policial, si bien matizó que no se trataba “de un registro sino de una petición de documentación sobre el Breogán [de Lugo, el equipo de baloncesto de la ciudad], de cuentas justificativas que no llevaron la anterior vez y algo de Price Waterhouse”. Ese “algo de Pricewaterhouse” es, en realidad, la sucesión de contratos con cargo a fondos europeos que la empresa auditora recibió de la Diputación de Lugo cuando era presidente, José Ramón Gómez Besteiro y que la jueza considera bajo sospecha.
“No tenemos nada que opinar porque no hay nadie del PSOE implicado”, aseguran fuentes oficiales de la dirección del partido. Esas mismas fuentes añadieron: “El juez no ha llamado a nadie de la firma [PWC), ni al presidente, ni al abogado, ni hay ningún tipo de requerimiento. Jordi Sevilla no está en nada de esto”.