El PSOE quiere fusionar ahora los borradores de las leyes de los derechos LGTBI y trans pero Igualdad se opone

Fue la primera gran batalla del Gobierno de coalición hace casi un año y sigue coleando 12 meses después: la regulación de nuevos derechos para las personas LGTBI y trans. La intención del Ministerio de Igualdad de avanzar hacia la autodeterminación de género, que choca con la actual posición del PSOE en su planteamiento de fondo y que divide al movimiento feminista, ha sido una de las batallas soterradas en el Ejecutivo y va camino de convertirse en un nuevo frente para Pedro Sánchez. El PSOE plantea unificar las dos leyes en una única norma, después de que la ministra Irene Montero pusiera sobre la mesa de Carmen Calvo los dos borradores en una reunión la semana pasada.

En Igualdad se oponen y sostienen que su intención es cumplir el acuerdo de coalición, que recoge dos normas diferentes, y argumentan que los textos legislativos tienen diferencias técnicas que hacen imposible su fusión.

Tras ese encuentro, el Ministerio de Igualdad se mostró confiado en aprobar en Consejo de Ministros ambas leyes –la que regulará la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI y la de los derechos de las personas transexuales– en la primera quincena de febrero. El Ministerio de Montero señaló que tanto ella como la vicepresidenta primera “han convenido en que es necesario cumplir con el acuerdo de Gobierno y garantizar lo antes posible los derechos LGTBI y de las personas trans en base a los textos ultimados por Igualdad, que cuentan con una nítida garantía jurídica”.

El acuerdo de coalición establece en su apartado sobre diversidad tres grandes cambios legislativos. Punto uno: “Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación”. Punto dos. “aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión”. Y punto tres: “Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”.

Sin embargo, desde la vicepresidencia primera ya advirtieron de que era una primera toma de contacto y no ponían una fecha concreta a su llegada al Consejo de Ministros.

Desde entonces Calvo –que es la secretaria de Igualdad del PSOE– ha reforzado en su agenda los actos de esa cartera. El pasado viernes mantuvo un encuentro con colectivos LGTBI para trabajar “conjuntamente en el avance y protección de los derechos de este colectivo”, según informó Ferraz. Fuentes socialistas apuestan por que los derechos de las personas transexuales se recojan en la misma iniciativa que regulará los del colectivo LGTBI, a pesar de que el acuerdo programático suscrito por PSOE y Unidas Podemos recoge dos normas diferenciadas. 

Desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero apuntan a elDiario.es que se remiten “al acuerdo de Gobierno que firmaron los grupos de la coalición que recoge un paquete legislativo que incluya una ley LGTBI y una ley trans que garantice la no discriminación de todo el colectivo y también el cambio registral en el DNI sin la necesidad de tratar como enfermas a las personas trans, o la prohibición de las terapias de conversión según la orientación o identidad”.

Además, aseguran que técnicamente hay diferencias entre las dos leyes que harían complicada su fusión. La ley LGBTI tiene un carácter centrado en combatir la discriminación, en salvaguardar la memoria del colectivo y mejorar su participación. La ley trans, sin embargo, es integral y, por lo tanto, afecta a todos los aspectos de la vida de las personas trans. Además, señalan las mismas fuentes “los colectivos reclaman una legislación estatal que unifique las que ya están vigentes en las comunidades autónomas”.

Desde Igualdad recuerdan que sus técnicos han trabajado con “los colectivos desde agosto” y que “los textos son el reflejo de las aportaciones de las organizaciones y de los consensos que los grupos parlamentarios acordaron en 2019 sobre la libre determinación de género y la despatologización de las personas trans, además de lo que reclaman los organismos europeos y que ya contemplan en numerosas normas de las comunidades autónomas”.

Autodeterminación de género

El foco del conflicto está precisamente en la ley trans que ese acuerdo de coalición recoge de forma genérica como un trabajo para “erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”. Unidas Podemos defiende que esa normativa debe suponer la despatologización de las personas transexuales y apuesta por la autodeterminación de género. Y es ahí donde se produce el choque. 

La propuesta de Unidas Podemos es que las personas trans puedan modificar su nombre y sexo en sus documentos oficiales sin atravesar requisitos médicos –un informe psiquiátrico y dos años de hormonación–, como ocurre actualmente. Los socialistas son partidarios de que la transexualidad deje de ser considerada una patología, pero consideran que el cambio de sexo debe tener unas “garantías jurídicas”. En un polémico argumentario firmado por Calvo este verano, el PSOE defendía que se dé “una situación estable de transexualidad debidamente acreditada”. 

“Este partido no ha errado nunca, no va a errar en una materia que protege derechos y libertades”, defendió Calvo en una reunión con las responsables del área de Igualdad del PSOE este lunes. El argumento que esgrimen en la parte socialista del Gobierno es que las nuevas normas tienen que tener una gran consistencia ante el temor de que la derecha las recurra ante el Tribunal Constitucional. “El PSOE es un partido transformador de la sociedad, de una izquierda de gobierno que sabe que no hay más revolución que la que consigue llevar al BOE”, reivindicó la vicepresidenta primera, que se refirió a la apuesta por afrontar “una legislación que haga avanzar y proteger derechos de los colectivos LGTBI por cuanto tienen discriminaciones particularmente dolorosas” sin concretar la especificidad de las personas transexuales, que los socialistas consideran que están englobadas en el colectivo. 

Desde el PSOE aseguran que por ahora solo han mantenido una primera reunión con los colectivos LGTBI para la “puesta en común” de la protección de “los derechos de ese colectivo” y se emplazan a una “segunda reunión para seguir avanzado en estos contenidos”. La intención, según admiten en Ferraz, es que se unifique todo en un único texto, aunque admiten que “no está cerrado”.

En Igualdad dicen contar con el respaldo de la mayor parte de los colectivos. Este mismo lunes, Montero y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, se han reunido con representantes de la Federación Estatal LGTB, que aglutina a 57 organizaciones, de la Fundación Triángulo y de la asociación Chrysallis. En un comunicado posterior conjunto, han señalado que “el trabajo realizado” por Igualdad les parece “técnicamente minucioso, sólido” así como “garantista”.

Las organizaciones creen que los borradores “son una base legislativa sólida” que tratarán de “ampliar al máximo durante la negociación parlamentaria con los partidos”. “Fue con ese objeto que la semana pasada las organizaciones se reunieron con la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo”, añade el comunicado. El texto recuerda que el compromiso es que la nueva legislación esté preparada para el Orgullo de 2021. 

Sin embargo, la propuesta divide al movimiento feminista. Recientemente una plataforma que engloba a algunas asociaciones, denominada Confluencia Movimiento Feminista, envió una carta a Sánchez en la que pedía el cese de Montero por su “balance negativo” al frente del Ministerio y, en concreto, se refería a la ley trans. Por su parte, 80 colectivos firmaron recientemente un manifiesto a favor de la autodeterminación de género.

A las puertas de que la negociación en el seno del Gobierno cogiera impulso, PSOE y Unidas Podemos tuvieron un encontronazo a propósito de una tercera ley: la de igualdad de trato y no discriminación. Los socialistas, que llevan intentando desde 2011 que se apruebe, la registraron en solitario tras rechazar algunas de las aportaciones que hizo el Ministerio de Igualdad. 

La cuarta pata es la ley del ‘solo sí es sí’ con la que se modifica el Código Penal para regular el consentimiento sexual. Ese fue el primer gran choque de la coalición y el inicio de una batalla entre Calvo y Montero, aunque fuentes gubernamentales aseguran que los trabajos han avanzado con una mejora de las relaciones entre los ministerios de Justicia e Igualdad. La idea del Gobierno es que el texto pase su examen definitivo en el Consejo de Ministros antes del 8 de marzo, pero todavía falta el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y el del Consejo de Estado.