El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha anunciado este martes que su grupo ha retirado una enmienda a la Ley Concursal que garantizaba a Dolores Delgado un puesto en el Tribunal Supremo tras dejar la Fiscalía General del Estado. El texto había generado un rechazo generalizado entre los socios del Gobierno y también en Unidas Podemos, y había provocado una airada respuesta de los fiscales de sala que pidieron retirarlo de la citada iniciativa.
Gómez ha querido desligar la enmienda de la situación de Delgado. “No era una medida ad hoc para un caso concreto”, ha dicho, en rueda de prensa. Además, ha reconocido que “tras el diálogo con los grupos parlamentarios no tocaba mantener esa enmienda presente”. “Hemos acordado su retirada”, ha zanjado.
Lo que proponía el grupo socialista era incluir una disposición final en la Ley Concursal que se encuentra en tramitación parlamentaria en la que se reflejaba que, cuando el nombramiento recaiga en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como es el caso de Delgado, “adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese”. También afectaba a los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso.
El actual Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981, explica textualmente en su artículo 9.2 que la Fiscalía General debe informar al Gobierno “cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”.
Los fiscales denunciaron la “quiebra” de su autonomía
La enmienda del PSOE ahora retirada añadía que la Fiscalía informará a petición del Gobierno “en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.
El pasado abril, un total de 16 fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos ex fiscales generales del Estado, firmaron una carta en la que se dirigían a la fiscal general para que instara al PSOE a retirar su enmienda. La misiva fue suscrita por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También la firmaron dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra.
Los fiscales de sala cargaron con dureza contra la enmienda del PSOE. “Representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno”, apuntaron en una misiva que también afirmó que la enmienda implica “una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía.
La enmienda, apuntaron estos fiscales de sala, “consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso”.