El PSOE se revuelve ante la presión pública de Unidas Podemos a sus ministros

Moncloa ya conoce el modus operandi del socio minoritario de la coalición ante las discrepancias internas: las airea en público como método de presión. Pero conocerlo no quita para que cada vez moleste más en las filas socialistas. Con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la paralización de los desahucios y la prohibición de los cortes de los suministros energéticos en liza, se han multiplicado los llamamientos a la lealtad por parte de la parte socialista del Gobierno, y Pedro Sánchez ha respondido con varios guiños a los suyos, mientras los de Pablo Iglesias defienden que la única manera de hacer mover al PSOE en temas sociales es con la presión pública.

En plena ofensiva de Unidas Podemos en la negociación de esas tres cuestiones, el presidente reunió el martes a los vicepresidentes del Gobierno en Moncloa, con excepción de Pablo Iglesias, según adelantó Servimedia. Al encuentro asistieron también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, y el secretario general de presidencia, Félix Bolaños. El tema que abordar eran los fondos europeos a las puertas de que se apruebe el Decreto ley con el que el Gobierno quiere acabar con los “cuellos de botella” en la administración para la ejecución de los 140.000 millones que España aspira a percibir y que culminará la estructura gubernamental con la que se gestionarán.

El vicepresidente segundo quedó fuera de esa convocatoria, a pesar de que fue precisamente su queja por quedar fuera de la comisión ministerial de los fondos la que obligó a Sánchez a rectificar y meter a todo el Gabinete. Con todo, el Real Decreto deberá pasar el trámite del Consejo de Ministros y, por tanto, recibir el visto bueno de Unidas Podemos.

Apenas 24 horas después de ese encuentro, Sánchez entró al Hemiciclo del Congreso acompañado de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con la que más desencuentros tiene Unidas Podemos. Pero el gesto no quedó ahí. Durante la larga sesión parlamentaria el presidente se encargó de alabar su trabajo y dejar claro su respaldo a Calviño, que ha estado en la diana también de algunos ministros socialistas. “Lo primero, una lanza a favor de la vicepresidenta. Si hoy estamos financiando muchos ERTE es como consecuencia de un gran acuerdo del Eurogrupo que lideraron, entre otros, dos gobiernos: el alemán, con el ministro de Finanzas socialdemócrata, y el español, con Nadia Calviño. Para hablar de progresismo, de cohesión y de una mirada progresista y de izquierdas sobre la evolución de la economía, señoría, ¿qué quiere que le diga? Están ahí los hechos que demuestran el compromiso de la vicepresidenta Calviño con todo lo que representa este Gobierno”. Sánchez trató de zanjar el debate sobre la vicepresidenta económica, que representa a la ortodoxia financiera en el seno de la coalición, en respuesta a EH Bildu, que le había preguntado si el Gobierno se decantaba por ser la “brigada de obras y servicios del presidente de la patronal”, como a su juicio, plantea Calviño.

También aprovechó para dar la “enhorabuena” a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por el plan de vuelta al colegio puesto en marcha hace más de tres meses. Unidas Podemos cuestionó su liderazgo en plenas negociaciones con las comunidades autónomas y a las puertas de que millones de niños volvieran al colegio. Lo hizo a través de un mensaje enviado a los periodistas mientras el Consejo de Ministros estaba reunido, al igual que este martes criticó al Ministerio de Transición Ecológica por su negativa a impulsar la prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas a la personas vulnerables.

Como reacción, el departamento que dirige Teresa Ribera filtró la propuesta de incluir una disposición en el decreto de los desahucios, o en alguna ley en tramitación, en la que se prohíba durante cuatro meses los cortes de luz, aunque de momento no contemplan hacer lo mismo con el agua o el gas.

La vicepresidenta Ribera expresó a su llegada al Congreso este miércoles su “sorpresa” ante la crítica que había expresado Unidas Podemos, pero aseguró que le restaba importancia. Ribera aseguró que hay “plena convicción por parte del conjunto de integrantes del Gobierno” sobre la “necesidad de reforzar todos los mecanismos para que los consumidores vulnerables estén tranquilos”, pero ha esgrimido que el fortalecimiento de estos mecanismos “no depende solo de incorporar en un decreto ley la prohibición de cortes”, sino que “requiere un trabajo serio de comunidades autónomas y ayuntamientos”, informa Europa Press.

Presión para arrancar compromisos sociales

Sin embargo, en la parte del Gobierno de Unidas Podemos sostienen que Ribera no puso una respuesta sobre la mesa hasta que hicieron pública su queja. “Hasta ayer el decreto era imposible. Han cambiado de criterio y es una alegría”, aseguran fuentes de Unidas Podemos, que explican que durante el confinamiento se aprobó un decreto sin que fuera necesario abordarlo con otras instituciones. En todo caso, aseguran que se debe incluir en la prohibición de cortar la luz, pero también las del gas y el agua. Y se muestran confiados en que habrá un acuerdo, al igual que en el caso de los desahucios y de la subida del SMI.

Las mismas fuentes sostienen que la única forma de arrastrar a los socialistas en materias sociales es hacer públicas las discrepancias. Ya ocurrió con otras negociaciones, como la implantación del ingreso mínimo o con la renovación de los ERTE.

Ante esos desencuentros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, envió un recado a los de Iglesias tras la reunión del Consejo de Ministros, al advertir de que cuando hay debates en el seno del Gabinete “lo lógico y normal” es que se produzcan de manera interna y se puedan “comunicar posteriormente las decisiones que se hayan adoptado”.

La también ministra de Hacienda mantuvo una discusión pública de unos 15 minutos con el vicepresidente de Derechos Sociales durante el pleno del Congreso de este miércoles, aunque ambas partes niegan que se tratara de una “bronca”, como se interpretó al publicar Europa Press que Montero le había dicho a Iglesias que no fuera “cabezón”. Preguntada por los periodistas, Montero ha asegurado que era una conversación informal en tono coloquial en la que le ha dicho a Iglesias: “Anda, piénsalo, no seas cabezón”. Pero no ha trascendido el tema que abordaban.

Desde la Vicepresidencia Segunda también confirman que no hubo “nada de bronca” en la conversación entre ambos y que su relación es buena, pese a las diferencias ideológicas y estratégicas que ambos tienen.

También el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha mandado un mensaje en la dirección de afear que se aireen las discrepancias internas en el Gobierno de coalición. “Los ministros debemos opinar siempre en el margen de nuestra responsabilidad y la colegialidad que supone formar parte de un órgano como el Consejo de Ministros. Siempre digo que mi opinión es secundaria. Lo que importa es la posición del Gobierno, que como parte de él comparto”, ha reflexionado cuando los periodistas le han preguntado sobre la subida del salario mínimo.

Sobre ese tema, Ábalos ha defendido la posición de la parte socialista del Gabinete, con Sánchez a la cabeza, de que no es el momento de elevarlo. “Este Gobierno ha hecho mucho esfuerzo en subir el SMI”, ha explicado antes de recordar que el compromiso es situarlo en el 60% del sueldo medio cuando acabe la legislatura y que el acuerdo de la coalición “no exige plazos puntuales”.

Ábalos ha tratado de rebajar la tensión interna que en su caso le afecta por las discrepancias a la hora de legislar la paralización de los desahucios. Unidas Podemos acusa a los ministerios de Justicia y Economía de exigir “una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida”. La parte socialista del Gobierno plantea que haya que establecer en el decreto una respuesta a posibles reclamaciones de los propietarios ante lo que en la práctica es una “usurpación del uso de la vivienda” mientras se paraliza el desahucio. A pesar del reproche del socio minoritario del Gobierno, Ábalos ha asegurado que no le “molesta” ni se siente “incómodo” dado que el “debate es enriquecedor”. “Hay quien lo interpreta como debilidad. Yo no lo veo así, este es un trabajo conjunto. Todos los acuerdos que adoptamos donde ha habido más debate, más confrontación, siempre hemos llegado a la mejor solución”, ha expresado.

Fuentes de la parte socialista del Gobierno admiten cierto hartazgo ante la presión de Unidas Podemos en determinados asuntos. “¿Te imaginas a algún ministro metiéndose con el ingreso mínimo vital porque no ha llegado a miles de personas? ¿Qué le parecería a Iglesias?”, se pregunta un alto cargo socialista. La que dio un golpe en la mesa recientemente fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ante la presión de Iglesias en favor de los indultos a los presos independentistas -un asunto que la dirigente socialista consideró que estaba vinculado con los intereses electorales de En Comú en Catalunya- y ante el impulso de una comisión de investigación sobre las tarjetas opacas del rey emérito. Calvo aseguró en ambas ocasiones que se trataba de la posición “del cuarto grupo” del Congreso.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha pedido “valentía” al presidente en el debate de este miércoles para acometer algunas de las medidas que están siendo objeto de debate y lanzó el que puede convertirse en una nueva pugna dentro de la coalición. “Me temo también que, después del portazo de ayer del PP, no nos va a quedar otra que modificar el método de renovación del Consejo General del Poder Judicial”, expresó Echenique.

Por el momento, Sánchez mantiene congelada la propuesta de cambiar las mayorías para sortear el veto del PP y pretende darle margen hasta que pasen las elecciones catalanas para reactivarla, aunque el Congreso sí está tramitando ya la iniciativa para limitar las competencias del CGPJ mientras esté en funciones. A petición de PSOE y Unidas Podemos, se hará por la vía de urgencia. No obstante, la parte socialista del Gobierno quiere un acuerdo con los de Pablo Casado ante las críticas que suscita esa modificación.