PSOE y Unidas Podemos plantearán en el Congreso sus medidas de reconstrucción “en consonancia” con el Gobierno

El funcionamiento de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos volverá a ponerse a prueba en el Congreso cuando la comisión para la reconstrucción económica y social de la crisis de la COVID-19 comience a andar. La pretensión de los socios es llevar las propuestas previamente pactadas entre ambos grupos parlamentarios y también con el Ejecutivo, según han confirmado fuentes de ambas formaciones a eldiario.es. 

El acuerdo sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluía un protocolo de funcionamiento que abarca las iniciativas que cada formación plantearía en el Parlamento al igual que la interlocución sobre el sentido del voto en los debates parlamentarios. El engranaje de la coalición, a través de dos mesas de seguimiento, ha quedado aparcado por la situación excepcional derivada de la pandemia, pero la comunicación de los portavoces, Adriana Lastra y Pablo Echenique, es constante. 

El Gobierno aspira ahora a que la comisión de reconstrucción, que arrancará sus trabajos esta semana, alcance acuerdos para la salida de la crisis y que sirvan de antesala para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Cada grupo planteará medidas y llevará unas conclusiones para su debate en el Congreso. En el caso del PSOE y de Unidas Podemos, las propuestas estarán previamente consensuadas con el Ejecutivo.

“Cada grupo hace sus propuestas, pero somos grupos de gobierno, y, por lo tanto, siempre en consonancia con el Gobierno”, señalan fuentes socialistas, que explican que aún no se han “sentado” a elaborar las medidas concretas que plantearán. “Somos socios en el Gobierno de coalición. Vamos a buscar siempre el acuerdo entre los dos grupos, con una interlocución habitual con el Gobierno de España, que tendrá en sus manos el plan de reconstrucción que se apruebe”, expresó Echenique este martes en una rueda de prensa en la que aseguró que la intención es alcanzar “acuerdos con todo el mundo, pero en primer lugar y de forma prioritaria con nuestros socios de Gobierno”.

No obstante, esa pretensión de trabajo coordinado sufrió este martes un traspiés al anunciar Unidas Podemos una de sus propuestas estrella para la reconstrucción: un impuesto estatal a las grandes fortunas que sustituya al de Patrimonio y con el que recaudar hasta 11.000 millones de euros. Fuentes del grupo confederal aseguran que esa medida está pactada por Sánchez e Iglesias y que el PSOE la secundará en la comisión. 

Sin embargo, en las filas socialistas desconocían la concreción de esa propuesta, que figura en el acuerdo programático de la coalición como un compromiso genérico: “Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”. Tampoco sabían que hoy se iba a hacer público.

De hecho, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostró reticencias a crear un nuevo impuesto como tal. “Se puede hacer mediante diferentes fórmulas y con la revisión de figuras fiscales, como es el caso del Impuesto de Sociedades, es uno de los ejemplo, se aporta más desde las pymes y esto hay que cambiarlo, y por otra parte, se pueden cambiar otras categorías fiscales sin que haya necesidad de crear ninguna figura fiscal expresa. Lo importante es la voluntad del Gobierno por la redistribución de las riqueza”, expresó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No obstante, desde el PSOE aseguran que “no hay discrepancias” entre los socios de la coalición. 

No es la primera vez que un anuncio de Unidas Podemos genera controversia dentro del Ejecutivo. El último gran encontronazo fue a propósito del impulso del Ingreso Mínimo Vital en el que trabajaba el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión con la vista puesta en ponerlo en marcha en tres o cuatro meses. La Vicepresidencia de Derechos Sociales emitió un comunicado en el que daba por hecho que se aprobaría esa renta mínima con carácter provisional hasta que estuviera listo el que diseñaba el departamento de José Luis Escrivà. En las filas socialistas acusaban en privado a Unidas Podemos de ejercer presión a través de los medios. Finalmente, Sánchez aparcó la discusión en el Consejo de Ministros y desencalló el conflicto en una reunión con Iglesias en la que acordaron acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital definitivo para aprobarlo a finales de mayo y que esté en vigor en junio. 

Antes del estallido de la pandemia, la coalición sufrió su primera pelea interna a propósito de la ley de libertades sexuales que impulsó el Ministerio de Igualdad, que anunció que legislaría el consentimiento sexual -el “solo sí es sí”-. Sin embargo, desde la parte socialista del gabinete consideraban que esa medida debía enmarcarse en la modificación integral del Código Penal. La iniciativa desató una batalla entre Irene Montero y Carmen Calvo. La norma finalmente se aprobó antes del 8M e incluyó el compromiso que había adquirido Igualdad tras una semana muy dura en la coalición, que se vio obligada a convocar por primera vez la mesa de seguimiento del acuerdo para dejar claros los roles de los distintos departamentos.