El grueso de las medidas económicas incluidas por PSOE y Unidas Podemos en el programa de Gobierno pactado y firmado este lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son iniciativas que ambas formaciones ya pactaron en octubre de 2018, cuando lograron un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que finalmente no salieron adelante por el rechazo de las fuerzas independentistas durante su tramitación en el Congreso. Otras iniciativas contenidas en el texto ya iniciaron además su recorrido legislativo en el Parlamento, pero se vieron encalladas en la Cámara Baja con la convocatoria de elecciones.
Ambas formaciones incluyeron en el acuerdo de Presupuestos la elaboración de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI” que ahora han incorporado al pacto de Gobierno. Aunque en el texto actual los partidos desarrollan esa pretensión, incluyen una frase casi exacta: “A tal efecto, se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional”.
Si bien la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros pactada en las Cuentas del Estado fallidas se aprobó finalmente por Real Decreto en diciembre del año pasado, ahora PSOE y Unidas Podemos incluyen un objetivo más ambicioso, que contempla la subida hasta “alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea”, es decir, unos 1.200 euros.
El documento presentado este lunes también promete desarrollar “el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social”, un objetivo que ya se fijó en el acuerdo de Presupuestos. En un primer momento, con el “aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”.
Subidas y bajadas de impuestos
Parte de la política fiscal que se incluye en el programa de Gobierno también estuvo recogida en el acuerdo de las Cuentas para 2019 que no salió adelante, como en el caso de la bajada de impuestos para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). En el texto de octubre de 2018 y en el actual se contempla que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.
En ambos documentos se incluye, asimismo, y de manera literal el incremento de dos puntos del IRPF “para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros”. Con idéntica redacción, se contempla además que “el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros”.
De igual forma, los dos partidos han recuperado la iniciativa acordada en 2018 para que las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (las conocidas como Socimis) tributen en un 15% sobre los beneficios no distribuidos. Y se establece, también, la garantía de una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones a través del Impuesto de Sociedades, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
PSOE y Unidas Podemos calcan en su documento de Gobierno prácticamente de forma íntegra el apartado referido a la reforma del mercado eléctrico que ya recogieron en el pacto de Presupuestos de octubre de 2018.
En ambos textos acuerdan realizar “los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como ”beneficios caídos del cielo“) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”.
Más control de las SICAV y las casas de apuestas
Lo mismo ocurre con la promesa de ejercer un “mayor control sobre las SICAV”. Tanto en el acuerdo de las Cuentas de 2019 como en el pacto programático del nuevo Ejecutivo progresista, los dos partidos se muestran de acuerdo en otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria “la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera”.
También se recoge exactamente igual el establecimiento de “requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)”.
La regulación de las casas de apuestas se pactó también en los Presupuestos fallidos. Se trata de una iniciativa de la que Unidas Podemos siempre ha hecho bandera y que el PSOE ha defendido en los últimos meses con menos vehemencia. Pero ahora el programa pactado para el nuevo Ejecutivo contempla la aprobación de una “regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea”, así como “medidas de información, gestión y limitación del consumo” de estos juegos.
En materia de Vivienda, la regulación para evitar las subidas abusivas de los alquileres es ahora más ambiciosa que la recogida en el acuerdo de Presupuestos de 2018, si bien sigue el mismo espíritu de entonces y establece que “se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.
Otra de las medidas que ya se recogió en octubre de 2018 es la de la habilitación de “las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.
Educación y eutanasia
La ley educativa que ahora se plantea en el documento conjunto para el nuevo Gobierno llegó a aprobarse por el Consejo de Ministros en febrero, pero decayó al llegar al Congreso de los Diputados dado que se produjo el adelanto electoral que puso fin a la XIII Legislatura. La universalización de la educación de 0 a 3 años que incorpora el texto presentado este lunes ya se pactó en los Presupuestos de 2018, pero no el fin de las ayudas públicas a los colegios que segreguen por sexos, como se establece en el texto acordado ahora.
El objetivo del 5% del PIB en Educación para 2025 ni se acerca al 7% que Pedro Sánchez había prometido otras veces, aunque en ese caso lo planteaba para un horizonte de ocho años y el incremento actual se propone, de forma progresiva, para los próximos seis años.
Entre los proyectos y proposiciones de ley que decayeron con la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones se encontraban varios de los buques insignia del Gobierno socialista que ya habían iniciado su tramitación en el Congreso y que ahora vuelven a incorporarse en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
Es el caso de la ley de Eutanasia. El documento presentado este lunes promete una respuesta “jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida”. PSOE y Unidas Podemos acuerdan impulsar “una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida” y una “Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia”“ con servicios incluidos en el Sistema Nacional de Salud.
Esa ley, que tiene que contar con la mayoría parlamentaria, aparecía en los programas tanto de PSOE como de Unidas Podemos. “Nos comprometemos a aprobar la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida que, entre otros aspectos, regulará el derecho a la eutanasia”, se leía en los “35 compromisos” que presentaron los socialistas. En su programa, UP llevaba “las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida”.
El Estatuto del Artista y los derechos de autor
La eutanasia ocupó un lugar central durante la campaña del 28A por coincidir en el tiempo con el caso de María José Carrasco, pero en la del 10N el tema quedó más desdibujado. Durante la legislatura previa, pasó por el Congreso cuatro veces, la última tramitada por el PSOE pero bloqueada en la Mesa por el PP y Ciudadanos.
En materia cultural, las formaciones progresistas se comprometen a dar el empujón definitivo al Estatuto del Artista que lleva en barbecho un año desde que el Congreso de los Diputados aprobara sus 75 medidas en enero. Lo que garantiza este Real Decreto es cierta estabilidad laboral para un sector que ha estado abandonado por los distintos gobiernos ante penalizaciones y lagunas en derechos laborales que precarizaban aún más a los artistas. Así, aspiran a actualizar las protecciones “por desempleo” y “mejorar el reconocimiento de las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas”.
Aunque uno de los grandes descuidados durante en los últimos años ha sido el sector editorial (empezando por los presupuestos), en esta materia solo anuncian un Pacto por la Lectura. Hace dos años se presentó un Plan de Fomento a la Lectura que buscaba captar un 40% más de lectores con una partida diez veces menor que la de cine y, por lo pronto, esto no cambiará en el nuevo pacto.
Por último, el texto confirma la creación de una Oficina de Derechos de Autoría que dependa directamente de la cartera de José Guirao. Esta medida generó recelos en la SGAE el pasado verano cuando el actual ministro en funciones reiteró a Pedro Sánchez su intención de doblar la vigilancia sobre la sociedad encabezada por Pilar Jurado, que ha desoído los mandamientos de Cultura durante todo el año.
La nueva institución servirá para mejorar y actualizar “la regulación de la propiedad intelectual”, pero sobre todo para velar por el “buen funcionamiento” de las sociedades de derechos después del doble rechazo que recibió Cultura por parte de la Audiencia Nacional para intervenir la SGAE.
Las que quedaron pendientes
Otras de las iniciativas que también iniciaron su tramitación en el Parlamento pero que no fueron aprobadas son la derogación de la ley Mordaza, la de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy –que finalmente se ha incorporado con unos objetivos más ambiciosos, como pedía Unidas Podemos– o la derogación del Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en el año 2015 de la mano del Gobierno de Rajoy que incluyó una serie de plazos para limitar a seis meses la investigación de causas penales y a 18 meses –prorrogables a otros 18– aquellos casos declarados complejos, que obtuvo un rechazo total por parte de la judicatura.
En el grupo de esas leyes que no se pudieron tramitar por completo en la XIII Legislatura y que ahora se propone retomar el nuevo Ejecutivo progresista están la de Cambio Climático, la de Universidades, normativas referidas a la diversidad y a la igualdad o la ampliación de la Ley de Memoria Histórica.
Con información de Antonio Muñoz Vélez, Belén Remacha, Daniel Sánchez Caballero y Mónica Zas Marcos. Antonio Muñoz VélezBelén RemachaDaniel Sánchez CaballeroMónica Zas Marcos