La defensa del expresidente catalán Jordi Pujol se ha opuesto a que la Audiencia Nacional asuma la investigación de su fortuna oculta en Andorra, al entender que este tribunal carece de competencias para instruir su caso y también el de su hijo Jordi por presunto cobro de comisiones.
En un escrito, a que ha tenido acceso Efe, la defensa del expresidente de la Generalitat pide a la juez de Barcelona que investiga la fortuna oculta que rechace la petición de la Fiscalía de inhibirse en favor del juez de la Audiencia Nacional que tiene imputado a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, de forma que se aúnen ambas investigaciones.
Los abogados de Jordi Pujol, que también defienden a su hijo mayor, adelantan en su escrito que plantearán ante la Audiencia Nacional su falta de competencias para investigar a Jordi Pujol Ferrusola, en una causa en la que consideran que la Fiscalía ha emprendido una “fishing expedition” con carácter inquisitorial.
La defensa, ejercida por los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, argumenta que las competencias de la Audiencia Nacional deben interpretarse “restrictivamente” y subraya que la causa contra los Pujol no figura entre las funciones de este tribunal, que debe investigar las defraudaciones con una grave repercusión en la economía nacional o que perjudiquen una generalidad de personas.
Hasta la fecha, añaden los abogados, la defensa de Jordi Pujol Ferrusola no ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional “por la simple razón de que había que esperar a que se perfilara, con cierta nitidez, aún provisoria, el objeto de la investigación”.
La defensa, no obstante, anuncia que en “fechas próximas” planteará que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar al primogénito de Jordi Pujol, por lo que el caso de debería ser instruido por la justicia ordinaria.
El escrito arremete contra el ministerio público por justificar su petición en que la familia Pujol Ferrusola actuó durante décadas bajo la dirección del primogénito, lo que la defensa considera un cúmulo de “apelaciones genéricas” que resultan totalmente “inaprovechables” y que no concretan “términos espaciales y temporales”.
Para la defensa, los argumentos esgrimidos por el ministerio público “pueden valer como titular periodístico”, pero “sin una concreción de los hechos (y la participación de los imputados) que están siendo investigados en el juzgado central de instrucción, no puede resolverse seriamente la solicitud peticionada”.
En ese sentido, el escrito sostiene que “calificar a varias personas de grupo o asociación”, sin concretar los tipos delictivos que se les imputan, no basta para sustentar la conexión entre las investigaciones que afectan a los distintos miembros de la familia Pujol.
Los abogados cargan también contra la “falta de rigor” de la Fiscalía, que plantea ahora que la Audiencia Nacional asuma el caso, cuando al inicio de la investigación el propio ministerio público se opuso a la acumulación de las causas de los Pujol.
Para los letrados, “no existe un solo dato objetivo nuevo que justifique el cambio de criterio: los fondos andorranos eran ya conocidos y las declaraciones de la denunciante señora (Victoria) Álvarez también a minuto cero de la causa”.
La defensa muestra su “perplejidad” por que el escrito de la Fiscalía “prescinda de una elemental y rudimentaria definición y delimitación de los objetos de una y otra causa” y le reprocha que pretenda que la juez de Barcelona se inhiba “a ciegas”.
“Pretende el ministerio fiscal que el juez sea un poco menos juez, que resuelva sin conocer”, lamenta el escrito.