Una de las empresas controladas por David Marjaliza, el cerebro de la trama Púnica, emitió una factura falsa para canalizar los 60.000 euros que se le pagaron a Bartolomé González, exacalde de Alcalá de Henares, a cambio de una adjudicación municipal. Así lo recoge el sumario de la trama corrupta en el que consta el informe de la Guardia Civil, que se explica el procedimiento para abonar esa mordida, destapada por eldiario.es.
En ese informe, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recoge la confesión inicial que hizo Marjaliza cuando empezó a tirar de la manta ante el juez que instruye el caso, Eloy Velasco. Aseguró que había pactado el pago de 60.000 euros al ahora diputado regional del PP durante su etapa de alcalde, a cambio de una adjudicación para Cofely. El informe señala que el empresario, amigo personal de Francisco Granados, dijo que no recordaba si al final se lo había pagado o no.
El informe recuerda esas palabras para luego detallar cómo se emitió una factura falsa por el mismo importe que se había apalabrado para Bartolomé González. Marjaliza y el responsable de Cofely, Pedro García, se pusieron de acuerdo para emitir una factura por un trabajo que nunca se realizó a cargo de esta última compañía, que se abonaría a una empresa “bajo la esfera de influencia” del cabecilla de la trama, Construcciones y Reformas de la Peña.
La Guardia Civil recuerda en este punto que Marjaliza declaró ante el juez que usaba esta empresa para generar facturas falsas y “recuperar el adelanto de los pagos que él mismo realizaba a los alcaldes de las localidades donde se adjudicaba fraudulentamente” a Cofely.
El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, también detalla cómo se produjo el amaño en Alcalá de Henares, con la colaboración fundamental del asesor jurídico del Ayuntamiento, Fernando García Rubio. Este habría convenido con el responsable de Cofely la redacción de los pliegos para el contrato de eficiencia energética por el que se abonó la mordida al alcalde. Ambos se intercambian correos en los que hablan de las condiciones de una adjudicación que no se había hecho pública en ese momento.
De esos correos, la Guardia Civil deduce que Bartolomé González estaba enterado de todo. En uno de ellos, Rubio escribe a García: “Hablado con el jefe. Si la oferta está bien planteada, por su parte no hay que preocuparse, ya han tenido casos similares en el pasado y el Ayuntamiento no admite ese tipo de impugnaciones, ya que caen en el ámbito privado entre dos empresas. Está clara la preferencia y las instrucciones están dadas”.
Los agentes señalan que el apelativo de “el jefe” hace referencia a una persona de máximo rango dentro de la corporación municipal. “Si hacemos uso al sentido literal de la palabra, se está refiriendo al representante máximo del Ayuntamiento que en ese momento era el alcalde Bartolomé González”, apunta el informe.
Un alto cargo de Cifuentes medió en el amaño
El informe también señala al actual director general de Industria de la Comunidad de Madrid como uno de los cargos públicos que favorecieron a las empresas de la trama corrupta. Carlos López Jimeno habría mediado para que Cofely consiguiese el contrato en Alcalá de Henares.
En varios correos que cita la Guardia Civil, dos trabajadores de Cofely hacen referencia a los favores que le han pedido para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que los agentes relacionan con la concesión amañada. En otro correo la alusión es más directa: “El DG de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares, yo le pedí el favor”.
Además, en una de las agendas intervenidas a un trabajador de Cofely, se recogía una reunión entre el asesor jurídico del Ayuntamiento y el presidente de la empresa, en la que se apuntaba a López Jimeno como una de “las vías de ataque” para desbloquear la concesión.