El Tribunal de Cuentas ha exigido esta semana 5,4 millones de euros de fianza a 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya como paso previo a su enjuiciamiento contable por el supuesto desvío de fondos para la promoción exterior del procés. Esta reclamación millonaria —acordada en plena fase de distensión entre el soberanismo y la Moncloa tras los indultos— ha puesto de nuevo el foco sobre una institución marcada por su excesiva politización y las sospechas de nepotismo. Tanto es así que el propio órgano fiscalizador, poco dado a pronunciamientos públicos, difundió este jueves una “nota aclaratoria” en la que defendió sus funciones como “órgano constitucional” e insistió en el carácter “independiente e inamovible” de sus consejeros y la alta cualificación de sus funcionarios.
Según la ley, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas con más de 15 años de ejercicio. En la práctica, sin embargo, se trata de una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, PP y PSOE, que han venido poniéndose de acuerdo para repartirse los puestos y colocar en este organismo a profesionales de su órbita. A pesar de su denominación, el Tribunal de Cuentas no es ningún juzgado y tampoco está sometido al Poder Judicial. No está formado por magistrados sino por consejeros de designación política y no puede decretar penas de cárcel pero sí exigir multas millonarias aunque los condenados no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación.
El último proceso de renovación de sus miembros tuvo lugar en julio de 2012, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Ni siquiera existían entonces partidos como Podemos, Vox o Ciudadanos. El PP, con 186 diputados, logró imponer una mayoría conservadora acrecentada en 2018 por la renuncia del exsenador del PSC Lluís Amet, que no ha sido sustituido. El PP, a pesar de tener ahora 89 de los 350 escaños del Congreso, cuenta con una holgada mayoría heredada de aquella época: siete consejeros frente a cuatro elegidos a propuesta del PSOE, uno de ellos consensuado con IU. Entre ellos, la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante —que dictará en primera instancia la sentencia sobre la acción exterior y el procés— o Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno.
Su mandato caduca el próximo 21 de julio, aunque el Partido Popular, cuyos votos son necesarios para alcanzar la citada mayoría de tres quintos, ya ha adelantado que no tiene ninguna intención de pactar la renovación. El órgano fiscalizador se sumaría así a otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo que están en situación interina por el bloqueo de los conservadores. El expediente contra los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya seguirá su curso con este reparto de fuerzas. La previsión es que la sentencia en primera instancia sea dictada por Mariscal de Gante y, en caso de recurso, sea revisada por un consejero del sector conservador y dos del progresista.
Los conservadores también ostentan la presidencia, que en 2018 recayó en María José de la Fuente, sobrina del exministro franquista Licinio de la Fuente, nombrada a propuesta del PP. Su predecesor en el cargo, el exdiputado de UCD Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda lleva en la institución más de treinta, desde 1984. No es el único miembro que ha permanecido durante décadas. Ubaldo Nieto, expresidente del ente y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica tras aparecer como donante del PP en los papeles de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años. Dos décadas lleva también Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, que es uno de los consejeros que, de mantenerse la actual configuración, analizará en segunda instancia la sentencia sobre los fondos supuestamente desviados al Diplocat.
En julio de 2018 también se renovó la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, la de más poder porque distribuye los asuntos entre las secciones. Desde entonces está controlada al 100% por el sector conservador. Sus tres miembros –la presidenta María José de la Fuente y los presidentes de las secciones de fiscalización y enjuiciamiento, Javier Medina y José Manuel Suárez Robledano, respectivamente– fueron elegidos a propuesta del PP. Es la primera vez en democracia que ocurre esto. Esta configuración fue impuesta por los siete consejeros del PP, que con su holgada mayoría dejaron sin margen a los cuatro progresistas.
Fiscalización y enjuiciamiento
En Tribunal de Cuentas tiene encomendadas dos funciones: la fiscalización de los fondos públicos, con auditorías de la contabilidad de las formaciones políticas, de sus fundaciones y de los organismos públicos, que no pasan por la lupa de la Agencia Tributaria salvo que medie la intervención de un juez si hay sospechas de delito; y una jurisdicción contable para el enjuiciamiento de quienes causen menoscabo en los caudales públicos. Los informes de fiscalización no pueden ser recurridos ni modificados por otras instancias; mientras que las sentencias sí son recurribles en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recuerdan fuentes órgano fiscalizador.
En relación a su función auditora, está obligado por ley a hacer ciertos informes —por ejemplo, la fiscalización de las subvenciones que reciben los partidos para las elecciones— y también recibe encargos de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde es clave la influencia de los partidos. Por ejemplo, el PP rechazó en 2013 la propuesta del PSOE de que este organismo hiciera una fiscalización especial de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y la iniciativa no salió adelante. Ambas formaciones sí se pusieron de acuerdo en 2017 para pedir un informe sobre la acción exterior de la Generalitat que ha dado lugar al expediente por el que se ha reclamado la citada fianza millonaria a ex altos cargos y funcionarios.
Además, el propio pleno del Tribunal de Cuentas —donde tienen derecho a voto los consejeros y el fiscal, nombrado a propuesta del Fiscal General del Estado— aprueba sus propias iniciativas fiscalizadoras. Así, en 2016, los consejeros conservadores se pusieron de acuerdo para tumbar la propuesta de los entonces cinco progresistas de fiscalizar las cuentas de la Iglesia católica. También la comisión parlamentaria —gracias al voto en contra del PP y la abstención del PdeCat— rechazó en 2017 pedir al Tribunal de Cuentas que fiscalizara a la Iglesia. Finalmente, en medio de un clima de creciente exigencia de más transparencia, el ente accedió a auditar a la institución católica en 2018. Ese informe, hecho público más de dos años después, constató que no existe control sobre el uso de los fondos provenientes del IRPF ni de las exenciones fiscales.
Una de las polémicas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones en sus tareas de fiscalización. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en 2013, cuando la auditoría de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles irregularidades que hubieran podido detectarse en las cuentas de 2008, auditadas cinco años después, habrían prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular.
En los últimos años el tribunal sí ha hecho un esfuerzo por acabar con esas desmesuradas demoras. Por ejemplo, los informes de fiscalización de las elecciones generales de noviembre de 2019 se publicaron el pasado abril. Es decir ,15 meses después de celebrarse. El recorrido de sus informes ha sido cuestionado desde algunos sectores, pues es cierto que ninguno de los grandes casos de corrupción de los últimos años –Gürtel, Bárcenas, Púnica, ERE de Andalucía, Palau...– ha surgido de sus fiscalizaciones a pesar de que tiene encomendado “contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos”.
Además de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas se encarga de enjuiciar a quienes causen quebranto a los caudales públicos. En el marco de esta competencia –que es compatible con la actuación de los tribunales en la vía penal–, el tribunal enjuició a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno por vender 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre a un precio por debajo de mercado. Condenados en primera instancia a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros, la sentencia fue revocada gracias a los votos de dos consejeros propuestos por el PP: los citados Mariscal de Gante y Suárez Robledano. Ambos también propiciaron la absolución de los dirigentes del PP Javier Maroto y Alfonso Alonso tras ser condenados a pagar casi 400.000 euros por el alquiler de un local de manera irregular cuando eran alcaldes de Vitoria.
Por otro lado, en los últimos tres años el organismo ha impuesto 14,4 millones de euros de multas y fianzas a medio centenar de funcionarios y exdirigentes soberanistas en tres causas relacionadas con el procés: 4,9 millones por los gastos de la consulta del 9-N, otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O y los últimos 5,4 millones de euros por los siete años de actividad exterior de la Generalitat para “promocionar” el procés. Precisamente esta semana, el Tribunal Supremo confirmó la primera de esas multas a Artur Mas, tres exconsellers y otros cuatro exaltos cargos por la votación soberanista de 2014.
Sospechas de enchufismo
Además de su excesiva politización, el Tribunal de Cuentas también se ha visto afectado por sospechas de nepotismo. Vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos. De sus alrededor de 700 trabajadores, un centenar tiene lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros, según desveló El País. Por ejemplo, los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulaban entonces 17 allegados colocados en el organismo.
Los casos de nepotismo más escandalosos los protagonizaron el que fuera su presidente hasta 2018, Ramón Álvarez de Miranda, y el actual presidente de la sección de fiscalización, Javier Medina Guijarro. Al menos hasta 2014, cuando el diario de Prisa publicó esa información, estaban en plantilla una concuñada y un sobrino de Álvarez de Miranda y la esposa, dos hermanos y una pariente lejana de Medina Guijarro. En 2016, el Tribunal Supremo censuró el favoritismo del órgano fiscalizador y anuló el intento de nombrar a dedo a uno de los hermanos de Medina Guijarro como subdirector técnico.
No es la única polémica relacionada con la plantilla que ha tenido que afrontar el tribunal. Y es que al ente encargado de velar porque las administraciones públicas destinen el dinero a los fines previstos le cuesta ser transparente. En diciembre de 2019, el Tribunal Supremo falló que el tribunal había infringido el derecho de acceso a información pública de la Fundación Ciudadana Civio tras negarse a identificar a sus cargos eventuales de confianza a petición de este colectivo. El Alto Tribunal le acabó obligando a identificar a todo los eventuales que habían ejercido funciones de secretaría entre 2010 y 2018.