La Audiencia Nacional acaba de perfilar cómo será el juicio, sin fecha aún, por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Hasta ahora se conocía que en el banquillo se sentará el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, entre otros. Ahora, la Sala de lo Penal ha admitido que declaren como testigos la mayoría de los propuestos por las acusaciones populares que ejercen Podemos y PSOE y que incluyen al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su número dos en el Ejecutivo y responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala reconoce que la carga de trabajo (“saturación de plenos”) le hace imposible aún determinar la fecha del juicio. Cuando se celebre, por fin Rajoy dará su testimonio sobre la operación parapolicial para sabotear el caso judicial que afectaba al Partido Popular, el de su financiación irregular, y a él mismo, quien aparece en la prueba fundamental de esa causa como receptor de dinero negro de los empresarios. Rajoy no fue imputado porque el posible delito fiscal por los sobre de la caja B fue declarado prescrito. Y el juez Manuel García Castellón puso fin a la investigación cuando se investigaban unos supuestos indicios de mensajes entre Rajoy y el comisario Villarejo, quien se sentará en el banquillo.
Tanto Podemos como PSOE solicitaron la imputación en su momento de María Dolores de Cospedal, a quien indirectamente también señalan los principales acusados –Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez– como la verdadera impulsora de una operación para destruir la investigación del juez Pablo Ruz por la caja B del partido. Tras prestar declaración como investigada, el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Kitchen, archivó la causa contra ella, pese a los múltiples indicios, incluidas conversaciones publicadas con el comisario Villarejo. “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”, le dijo la número dos del PP al policía corrupto en referencia a los 'papeles de Bárcenas'.
Las acusaciones populares de Podemos y PSOE solicitaron la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y responsable entonces del CNI. La participación del Centro en las maniobras contra Bárcenas ha sido una sombra que se ha extendido por el caso sin que García Castellón aceptara profundizar en ella. Las dos acusaciones populares han logrado que tanto Sáenz de Santamaría como Ignacio Cosidó, director general de la Policía durante los hechos, declaren en el juicio como testigos. También tendrá que hacerlo el político que sustituyó a Fernández Díaz en el Ministerio, Juan Ignacio Zoido.
El juicio promete aclarar también lo ocurrido en otras direcciones en las que no profundizó García Castellón. Ocurre con otras conversaciones grabadas y anotaciones en su agenda sobre supuestos pagos de Cospedal al policía por trabajos para sabotear el caso Gürtel y el de la caja B que afectaban al PP. Así, también declarará José Luis Ortiz Grande, por entonces jefe de gabinete de Cospedal, y encargado de ser el enlace entre ella y el policía corrupto. Junto a Cospedal también fue imputado su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que aparece en las grabaciones solicitando trabajos puntuales a Villarejo, junto a su mujer. En el juicio, López del Hierro deberá declarar como testigo a petición de las acusaciones populares.
Se da la circunstancia de que en la vista, por decisión de la Sala de lo Penal, declarará un magistrado de la Audiencia Nacional. Se trata de Enrique López. Su actuación como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, durante la instrucción del caso Kitchen ha motivado su citación como testigo. En la lista también figura otro secretario general del PP distinto de Cospedal, Javier Arenas.
Por otra parte, pero en el mismo auto, la Sala rechaza reclamar al Ministerio de Interior que elabore un informe que detalle el coste total de la denominada operación Kitchen para “determinar el daño y perjuicio económico ocasionado al erario público”, tal y como solicitaba la acusación socialista. “Se trata de una diligencia de investigación más propia de la fase de instrucción ya cerrada, sin que este tribunal deba practicarla por exceder de sus competencias, además de por ser innecesaria e inútil a los efectos enjuiciados, debiendo estarse a lo actuado”, alegan los magistrados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. El Ministerio Público solicita igual condena para el que fuera el número dos del Ministerio, Francisco Martínez, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino, a los que acusa de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Para José Manuel Villarejo eleva la petición de condena a 19 años por esos mismos delitos, a los que suma el de cohecho impropio. Junto a ellos se sentarán en el banquillo los principales mandos policiales de la denominada brigada política.