La época más convulsa en la historia del Partido Popular, con el descubrimiento de una financiación irregular plasmada en los papeles de su tesorero y el enfrentamiento encarnizado de éste con la secretaria general de la formación, regresa ahora al primer plano con los dos protagonistas sentados ante un juez. Luis Bárcenas y María Dolores de Cospedal declaran este jueves como testigos en la vista por la destrucción de los discos duros que el primero reclama al partido y en los que había, según defiende, información sobre la misma caja B que a la postre costó el cargo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
La actual dirección del partido trata de construir una muralla entre ese periodo y el actual. Sin embargo, Pablo Casado le debe en parte el puesto de presidente del partido a Cospedal. Tras unas primarias en las que ella quedó descolgada en la votación de los militantes, la exsecretaria general optó por que sus compromisarios optaran por el actual presidente en su enfrentamiento final con Soraya Sáenz de Santamaría, su tradicional adversaria. Casado se impuso y María Dolores de Cospedal tuvo que dejar la política al publicarse conversaciones suyas y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con el comisario Villarejo. En los audios, la pareja pedía al oscuro policía que saboteara la investigación judicial del caso Gürtel.
Han pasado casi seis años desde la última vez que Cospedal y Bárcenas se vieran las caras, al menos públicamente. También fue en un juzgado, pero de Toledo. La secretaria general había presentado una querella por injurias y calumnias a Bárcenas por asegurar que él mismo entregó dinero de esa caja B a ella y a Mariano Rajoy. El juez decidió entonces que Bárcenas declarara por videoconferencia, desde la cárcel de Soto del Real, a donde Pablo Ruz le había enviado tres meses antes de forma provisional.
El extesorero volvió a esa prisión, ya condenado por el caso Gürtel, y esta vez no podrá evitar la asistencia al juicio. El magistrado Eduardo Muñoz de Baena le permite comparecer con abogado, para que no se vea afectado su derecho a la defensa en otras causas que tiene pendientes, pero le ha negado declarar por videoconferencia. El traslado supone levantarse a las cinco de la mañana, las molestias propias del furgón y los grilletes, y perderse la comida y la ducha del día.
Bárcenas comparece como testigo porque decidió retirar su acusación apenas tres meses antes de que arrancara el juicio de la Primera Época de Gürtel, por el que acabó condenado a 33 años de cárcel. Él había puesto en conocimiento del juez de la caja B, Pablo Ruz, la existencia de los ordenadores. El magistrado los pidió al partido y supo entonces de su destrucción. Consideró que había indicios de destrucción de pruebas y envió la causa a Plaza de Castilla. En un primer momento fue archivada, pero una querella de Izquierda Unida permitió investigar el caso y Bárcenas se personó como perjudicado. Hasta que se retiró con excusas que su abogado nunca creyó.
El hecho de que Bárcenas no acuse ha contribuido a que el PP haya estado a punto de no ser juzgado en aplicación de la doctrina Botín. Finalmente, el juez Muñoz de Baena ha decidido resolver sobre la aplicación de dicha doctrina en sentencia, por lo que un representante legal del PP se sienta en el baquillo de los acusados. El partido ha optado por que sea alguien ajeno al partido, una abogada del despacho de abogados de Madrid que ha contratado para su defensa. El PP es el primer partido en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica.
Junto a él los otros tres acusados, los primeros en declarar este jueves. Abrirá la sesión Alberto Durán, jefe de los servicios jurídicos del PP y persona de confianza de María Dolores de Cospedal. Le seguirán el exjefe de informática, José Manuel Moreno, y la extesorera Carmen Navarro, quien al igual que Durán siguen ocupando puestos de resposnabilidad en el partido de Pablo Casado. Cerrará las declaraciones de los acusados el PP, por boca de la letrada María Masso.
Luego vendrá el turno de los testigos. El primero de ellos, Luis Bárcenas, el extesorero cuyas anotaciones revelaron la existencia de una financiación con dinero negro de grandes empresarios al partido referente de la derecha en España durante al menos dos décadas. Bárcenas dijo en fase de instrucción que las memorias que había dejado en la sala que le fue asignada tras su despido “en diferido” contenían información relevante de la caja B. El PP asegura que estaban vacías y que si las destruyó fue porque le pertenecían.
Ningún testimonio de audio o vídeo saldrá de la vista. El juez Muñoz de Baena se ha negado a que el juicio sea grabado o retransmitido. Alega que las personas físicas que se sientan en el banquillo -entre ellas la que fuera máxima responsable de las finanzas del PP e imputada en otras causas- no son personajes públicos y que los testigos se pueden ver condicionados al conocer la declaración de quienes le preceden. El juez obvia las coberturas al minuto de los medios presentes y se acoge a una excepción legal que presenta la sentencia del Tribunal Constitucional que instauró como norma general la retransmisión de las vistas de interés general.