El rechazo de la Justicia británica a la demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos I allana el camino para su vuelta

La fortuna judicial ha vuelto a sonreír a Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Después de que en 2022 la Fiscalía española cerrara las tres investigaciones que mantenía abiertas en torno a la gestión irregular de su fortuna, los tribunales británicos han decidido rechazar las acusaciones de acoso de su expareja Corinna Larsen al entender que el pleito no es competencia de los jueces de Londres. El horizonte judicial del rey emérito queda despejado mientras va haciendo cada vez más habituales sus visitas a Galicia con la incógnita de si dejará Abu Dabi para volver a España.

Pontificar sobre lo que hará o pretende hacer el rey emérito siempre requiere de un cierto grado de especulación. Muy pocos saben cuál será su próximo paso y, siguiendo su política de hechos consumados, la población española ha sabido de sus movimientos cuando ya se habían producido. Por ejemplo, cuando abandonó la Zarzuela para establecerse en la lujosa isla de Nurai, o cuando movió decenas de millones de euros en el extranjero enriqueciéndose masivamente mientras estaba sentado en el trono y España atravesaba la peor crisis económica de su historia.

Un primer comunicado del despacho de abogados británico que ha llevado su defensa expresaba, entre otras cosas, que el monarca emérito consideraba que se había hecho “justicia”. Otro citado por el diario ABC era bastante más explícito: “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”.

Lo que es un hecho es que sus visitas a España, y específicamente a Galicia y Sanxenxo a bordo del velero Bribón, han ido aumentando a medida que sus frentes judiciales se han ido solucionando a su favor. Su cuarta estancia en Galicia desde que empezó su exilio (supuestamente voluntario) culminó con una respuesta a la pregunta de si quiere volver a vivir en España: “Por supuesto”.

Ese “por supuesto” se suma a una larga lista de escuetas afirmaciones a los micrófonos durante sus últimas visitas al país cuya jefatura de Estado ostento durante casi cuatro décadas, algunas más crípticas que otras. A principios de este año, eso sí, dio un paso en dirección contraria y anunció que pasaría a ser considerado residente fiscal en Abu Dabi. Por aquel entonces ya no había investigación penal contra él por su fortuna oculta pero el pleito por acosar a su expareja Corinna Larsen todavía se tramitaba en los tribunales de Londres.

El rey emérito abandonó España en el verano de 2020, cuando las informaciones sobre su fortuna apuntaban a un rosario de irregularidades. Se marchó poco antes de que la Fiscalía del Tribunal Supremo abriera una triple causa contra su patrimonio y también de que Larsen, con la que mantuvo una relación sentimental durante un lustro, presentara una demanda civil en la que exigía más de 145 millones de euros por acoso.

El “minijuicio” sobre el acoso

Su última victoria llegó este viernes desde Londres. La magistrada Rowena Collins Rice desestimaba la demanda de Corinna Larsen con un motivo principal: la Justicia británica no es la competente para estudiar su denuncia. En 92 páginas, la jueza examina si los actos de acoso que denunciaba la aristócrata danesa ocurrieron en Reino Unido, al menos lo suficiente como para declarar la competencia de sus tribunales, y la respuesta es que no. No ha “identificado o descrito”, dice la resolución, unos acontecimientos que de forma continua se hayan desarrollado en Londres. “Puede haber experimentado o reaccionado a actos del demandado cuando estaba en Inglaterra. Pero eso no es lo mismo que experimentar el acto de acoso en Inglaterra y no en cualquier otro sitio”, explica.

Queda la incógnita de si Larsen presentará algún tipo de recurso o si dirigirá su demanda civil a otro país, ya sea España o Mónaco. En un comunicado, la empresaria mostraba su descontento con la decisión y anunciaba que estaba considerando “todas las opciones posibles”. Pero la sentencia de la magistrada Collins entraba en sus alegaciones concretas de acoso y dejaba poco espacio para la interpretación.

Después de afirmar que rechazaba hacer un “minijuicio”, la jueza londinense entra a examinar las alegaciones de Larsen sobre el acoso que denuncia haber sufrido y las consecuencias psicológicas que tuvo para ella. Sobre todo teniendo en cuenta, dice la magistrada, los cambios que introdujo a lo largo del proceso para redirigir la demanda: “No se ofrece ninguna prueba de que la conducta alegada se haya llevado a cabo no sólo de forma deliberada, persistente, opresiva y con vistas a un resultado financieramente ventajoso, sino también con la intención adicional de infligir daño psiquiátrico o angustia grave”, reprocha.

Larsen, bautizada por muchos como “amiga del rey” a pesar de haber reconocido una relación sentimental con él desde 2004 hasta 2009 con encuentros posteriores, sostenía que en 2012 el monarca y su entorno empezaron una estrategia de acoso contra ella con varios objetivos: evitar la filtración de datos comprometedores, retomar su relación sentimental y recuperar, además, más de 60 millones de euros que le entregó en un paraíso fiscal a espaldas de Hacienda.

La triple investigación en España

Juan Carlos de Borbón no tiene nada que temer en Londres, pero tampoco en Madrid. Así lo interpretan fuentes de su defensa. La Fiscalía Anticorrupción selló el final de las acusaciones penales contra él en marzo de 2022, dejando poco o ningún espacio a que cualquier acusación contra él pudiera prosperar en un tribunal. Una exhaustiva investigación de años que desnudó el trasiego de millones por parte del monarca fuera de España, pero sin consecuencias legales para él, protegido por la inmunidad, la prescripción y, en algunos casos, la falta de pruebas.

Las pesquisas encabezadas por el fiscal Juan Ignacio Campos, hoy fallecido, dejaron negro sobre blanco cómo Juan Carlos I amasó millones y millones de euros a espaldas del fisco español cuando estaba en el trono, y también cómo los movió para evitar ser descubierto antes y después de abdicar en 2014. Especial atención mereció que en 2008 sus colaboradores abrieran una cuenta en un banco de Suiza para gestionar los fondos de su fundación panameña Lucum, y concretamente los 64,8 millones de euros procedentes del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz.

Estas indagaciones penales, que terminaron en archivo, están conectadas con la demanda civil que interpuso Larsen: fue ella quien terminó recibiendo esos fondos en una cuenta de Bahamas a modo de “donación irrevocable”. Un dinero que, según la empresaria, el rey intentó recuperar a base de amenazas y acoso.

Todos los posibles cargos quedaron sepultados por la inviolabilidad que le protegió hasta su abdicación en 2014, así como por la caducidad y prescripción de cualquier acusación y, en última instancia, la falta de pruebas sobre algunas de ellas. También sus pagos a Hacienda, hechos después de saber que estaba siendo investigado. Por ejemplo, dijo la Fiscalía que no había pruebas de que esos casi 65 millones de euros estuvieran relacionados con el papel que tuvo el rey emérito en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas.

Los decretos de archivo de la Fiscalía expusieron una ingeniería financiera hasta entonces oculta para el gran público, pero al mismo tiempo levantaron una muralla inexpugnable. Ninguna denuncia por estos hechos y con estos datos en la mano, en caso de que haya sido presentada, ha prosperado contra el rey emérito en el Tribunal Supremo año y medio después del triple carpetazo.

La existencia de una investigación contra él desencadenó la inédita decisión de abandonar España y establecerse en la capital de Emiratos Árabes Unidos. El archivo de esas diligencias marcó el pistoletazo de salida a una serie de visitas esporádicas, sobre todo a Galicia y a su velero Bribón, y ahora la nueva victoria judicial cosechada en Londres deja su camino libre de preocupaciones legales. Todo ello a la espera de saber qué quiere decir cuando afirma que esta última decisión “restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”.