La posibilidad de una dimisión en bloque de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desvanece. Y, con ello, lo hace también la expectativa de una renovación del órgano que debería haberse producido hace más de cuatro años y que no ha sido posible por el bloqueo del Partido Popular. Los ocho consejeros elegidos en su día a propuesta de PSOE, IU y PNV se reunieron este martes para abordar las consecuencias de una posible renuncia colectiva y la principal conclusión de esa cita es que no hay unanimidad en el grupo sobre la conveniencia de llevar ahora a cabo este movimiento, confirman varios de los asistentes a elDiario.es. La tesis mayoritaria es que una renuncia en grupo no forzaría la renovación.
La única vocal que, hasta el momento, ha dado pasos en firme para su dimisión es Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU. De hecho, la publicación de la carta en la que recogía su voluntad de marcharse ante la “insostenible” situación de la institución reabrió el debate sobre la permanencia en el órgano del resto de vocales. Fue entonces cuando otro consejero progresista, Álvaro Cuesta, puso encima de la mesa la idea de la renuncia en bloque y pidió al presidente Rafael Mozo que reuniera a todo el grupo para abordar “la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales”. Lo hizo sin consultarlo con el resto del vocales del ala progresista, algo que le reprocharon algunos de sus compañeros en la reunión de este martes. Un encuentro en el que Cuesta no desveló si finalmente presentará su dimisión, según las fuentes consultadas.
La tesis que expuso este vocal es que la salida de ocho vocales dejaría inservible el órgano por ausencia de quórum para tomar decisiones. Y se evidenciaría, de esa forma, la necesidad de su renovación. La ley del Poder Judicial exige “la presencia de diez vocales y el presidente” para que el pleno pueda ser constituido de manera válida. En la actualidad, el órgano está conformado por diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU —que ya ha anunciado su dimisión— y otro del PNV, al que se suele ubicar en el sector progresista. De acuerdo a este artículo, en caso de dimisión en bloque de los ocho progresistas, el pleno no se podría conformar de manera válida.
Pero esta es una posibilidad que se había ido desvaneciendo en los últimos días y que se reveló como imposible tras la reunión de este martes. En un encuentro celebrado el viernes al que asistió parte del grupo, los vocales ya coincidieron en que las renuncias, de producirse, serían “individuales y no colectivas”. Esta última reunión dejó claro que entre los progresistas la tesis mayoritaria es que una renuncia en grupo no forzaría la renovación en un momento político complejo, con varias citas electorales por delante. Es lo que sostuvieron los otros cinco consejeros propuestos por el PSOE —Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga , Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda— y el vocal elegido a iniciativa del PNV —Enrique Lucas—. “Si la dimisión de [Carlos] Lesmes [como presidente, el pasado octubre] no tuvo efecto alguno, ¿por qué lo iba a tener la nuestra?”, dice uno de estos vocales.
Lo cierto es que tras la dimisión de Lesmes se produjo una rápida reanudación de las negociaciones entre el PSOE y el PP. Pero Alberto Núñez Feijóo voló todos los puentes cuando el acuerdo era inminente con la excusa de la reforma del delito de sedición. Desde entonces no ha habido ningún avance. Y la semana pasada el propio Pedro Sánchez admitió desde Bruselas que da por perdida la renovación en esta legislatura. El PP, por su parte, parece dispuesto a mantener un bloqueo ante la expectativa de una hipotética victoria electoral en las generales que le permita negociar otra composición de mayoría conservadora. Tampoco es la primera vez. Los conservadores ya bloquearon la renovación del CGPJ en 1995 y 2006 para prolongar una mayoría que habían perdido en las urnas.
Exprimir las competencias
Ante este escenario, los vocales más reticentes a estas salidas esgrimen que sus hipotéticas renuncias serían desfavorables para la izquierda judicial. Sostienen que supondría dejar en manos de los conservadores —que no se han planteado dimitir— la gestión del CGPJ por mucho que ahora sus atribuciones sean muy limitadas como consecuencia de su situación interina. Además, la comisión permanente, que es el principal órgano de poder y que no requiere un quórum para configurarse, seguiría funcionando. Estos consejeros defienden que los vocales elegidos a propuesta del PP no desaprovecharían la oportunidad de exprimir al máximo las competencias que pudieran seguir ejerciendo.
Recuerdan, en este sentido, que algunos miembros del grupo mayoritario defienden que hay base legal para que el CGPJ “culmine” los nombramientos que se encontraban en trámite cuando entró en vigor la norma que regula la interinidad del órgano. Es una vía que por el momento no se ha explorado. Si bien hay vocales que creen que esa opción podría reactivarse y que, de ocurrir, los progresistas deben estar en el CGPJ para hacerle frente.
Algunos vocales también especulan con la idea de que el órgano pudiera mantenerse en funciones con los diez vocales de la mayoría conservadora. Y que, tras una hipotética victoria del PP en las generales, se aprobara un cambio legal para recuperar los nombramientos en la cúpula judicial y que estos se llevaran a cabo optando por jueces de su órbita ideológica.
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ interino. Entonces, Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, solo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Martínez de Careaga, Mozo, Sepúlveda y la propia Sáez— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
Ahora, la única vocal que ha dado el paso de manera formal es Sáez, que el pasado 13 de marzo envió una carta al presidente presentándole su renuncia. En esa misiva, califica de “inútil” su continuidad en lo que considera un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. Y explica que la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias” del órgano “al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones” [en alusión a la pretensión de algunos vocales de pedir la derogación de la ley que le impide nombrar jueces] han terminado por agotar su “paciencia”. Sáez mantiene su disposición a marcharse y ya prepara su despedida para después del pleno de este jueves.