PSOE y Unidas Podemos registran la comisión de reconstrucción e ignoran las pretensiones del PP

Reforzar la Sanidad pública; modernizar el modelo productivo español; fortalecer la protección social, los cuidados y mejorar la fiscalidad; redefinir la posición de España ante la UE. Estos son los cuatro ámbitos de acción de la comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica que han presentado ante el Congreso de forma conjunta PSOE y Unidas Podemos, según el documento registrado esta misma mañana por ambos grupos parlamentarios y al que ha tenido acceso eldiario.es. Esa propuesta deja fuera las pretensiones del PP, que exigía un apartado específico de “libertades públicas” así como presidir la comisión para controlar sus trabajos.

La comisión, de carácter no permanente, estaría compuesta por 46 diputados de los diferentes grupos de la Cámara Baja y con presencia de todos los partidos con representación, aunque sus votos serían ponderados en función de su peso real en el Pleno. Tal y como ha adelantado la cadena Ser y ha podido confirmar eldiario.es de fuentes parlamentarias, la presidencia de la comisión estaría reservada para el PSOE, aunque para ello necesita el apoyo al menos de los grupos del bloque de la investidura, con quienes ya está negociado. Los socialistas no se van a exponer a dejar la presidencia de la comisión en manos de otra formación y perder su control. Ciudadanos también se había ofrecido.

La Mesa del Congreso calificará el próximo martes la propuesta y se constituirá formalmente la próxima semana. Fuentes socialistas dan por hecho que la fórmula que saldrá adelante es la que han registrado junto con el grupo que dirige Pablo Echenique ya que cuentan con la mayoría parlamentaria junto al resto de aliados. La intención es que se reúna por primera vez el jueves o el viernes que viene, según fuentes socialistas, que explican que el objetivo es que la comisión actúe con rapidez. El plazo previsto para que tenga las conclusiones es de dos meses.

La exposición de motivos de la comisión plantea que la pandemia de la COVID-19 “ha ocasionado una crisis de dimensión y gravedad extraordinarias en la sociedad española” y que sus consecuencias, además de “dramáticas para la vida y la salud”, está teniendo una “enorme trascendencia” sobre “la economía, el empleo y el bienestar de la ciudadanía española”.

Esta comisión, pactada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, versará “sobre cuatro ámbitos, fundamentalmente: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea”.

El PSOE y Unidas Podemos recurren al artículo 53 del Reglamento del Congreso, sobre comisiones no permanente que no son de investigación. Estas se regulan específicamente en el apartado 52. Sánchez había planteado en un principio que los pactos de reconstrucción no se celebraran en el marco parlamentario y que pudieran estar sentados en la misma mesa partidos, sindicatos, empresarios, presidentes autonómicos, etcétera. Pero Casado impuso la sede parlamentaria para sumar al PP a la discusión.

Además, el principal partido de oposición quería reconvertirla en una suerte de comisión de investigación de la actuación del Gobierno, pero la presidencia del PSOE y la traslación de la mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo permitirá controlar sus trabajos.

La comisión, de aprobarse tal y como plantean el PSOE y Unidas Podemos, “estará integrada por 46 miembros, de los que 13 pertenecerán al Grupo Parlamentario Socialista, 9 al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 5 al Grupo Parlamentario VOX, 4 al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, 1 a cada uno de los Grupos Parlamentarios Republicano, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Euskal Herria Bildu, y 4 al Grupo Parlamentario Plural y 7 al Grupo Parlamentario Mixto, en ambos casos, uno por cada una de las formaciones políticas que los integran”.

Sus trabajos durarán dos meses, aunque la Mesa del Congreso podrá ampliar el plazo. Precisamente el órgano de gobierno de la Cámara Baja estudiará la propuesta en su próxima reunión, para que la comisión pueda ponerse en marcha lo antes posible. Los grupos proponentes tienen la mayoría en la Mesa, lo que indica que la propuesta saldrá adelante.