El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata vuelve a estar imputado por un tuit que escribió hace casi cinco años. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el de la asociación Dignidad y Justicia contra del archivo de la causa que decreto el juez Santiago Pedraz. Pedraz aludía en su auto del 7 de octubre a la libertad de expresión “en términos de debate”.
La Sección Segunda obliga ahora al juez a que practique todas las diligencias solicitadas por la parte querellante, no solo la declaración del imputado. Dignidad y Justicia pretendía que se recabara informes a las Fuerzas de Seguridad sobre la actividad en Twitter del concejal de Ahora Madrid.
Por reparto, el auto de la Sección Segunda recayó en el magistrado Enrique López, quien tiene desde hace más de una semana redactado el fallo que tumba el archivo de la causa contra Zapata, al que se ha sumado la presidenta de la Sección Segunda y miembro del tribunal, Concepción Espejel. Ambos magistrados han sido recientemente recusados y no integrarán el tribunal que juzgará el caso Gürtel, por su afinidad al Partido Popular. Está pendiente que la Sala de lo Penal decida sobre su permanencia o no en el tribunal que juzgará el caso de la caja B de la formación que preside Mariano Rajoy.
La deliberación sobre los recursos de Fiscalía y Dignidad y Justicia estaba fijada para el 10 de noviembre, pero López no concluyó su auto hasta hace aproximadamente una semana. Solo la decisión del tercer miembro del tribunal, José Ricardo de Prada, de redactar un voto particular -en el sentido contrario al fallo de López y Espejel- ha evitado que la decisión se hiciera pública antes de las elecciones generales del pasado domingo, en plena campaña.
En su voto particular, De Prada recuerda a sus compañeros que habían utilizado la expresión “en concreto” para referirse a la obligación de tomar declaración a Zapata y no a otras diligencias.
El mismo día en que Zapata tomó posesión de su acta de concejal, el 13 de junio pasado, un tuit suyo del 31 de enero de 2011 comenzó a circular por la red social. La polémica saltó de inmediato a los medios de comunicación y la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, se querelló contra Zapata por un presunto delito de “descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los detitos terroristas o sus familiares”, así recogido en el artículo 578 del Código Penal.
Uno de los mensajes a los que se refería la querella es un chiste que Zapata había volcado en Twitter, entrecomillado, dentro de una polémica por la utilización del humor negro en las redes sociales. El mensaje decía: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que Irene Villa no vaya por repuestos”.
El delito de humillación a las víctimas está castigado con entre 1 y 3 años de cárcel desde el 1 de julio de 2015, fecha en que entró en vigor la última reforma del Código Penal. Sin embargo, a Zapata le es aplicable el anterior texto, ya que sus mensajes son de 2011, por lo que puede ser condenado a entre 1 y 2 años de cárcel.
Los delitos cometidos en las redes sociales han creado un debate en la Audiencia Nacional entre aquellos magistrados que consideran que se retuerce el Código Penal, casi siempre en la misma dirección política (derecho penal del enemigo), y los que, como la Fiscalía del tribunal especial, ponen límites al humor negro y consideran que hay que actuar con contundencia contra los autores de ciertos comentarios, dirigidos principalmente contra las víctimas de ETA.
El juez Pedraz archivó la querella de Dignidad y Justicia de inmediato, sin tomar siquiera declaración a Zapata. Pedraz dictó un auto el 2 de julio en el que concluía que los mensajes vertidos en la red social por el concejal no encajan en delito alguno. Sin embargo, la asociación querellante y la Fiscalía recurrieron ante la Sala de lo Penal, que al juez de instrucción a tomar declaración a Pedraz.
Pedraz siempre valoró las declaraciones de Irene Villa, primero en los medios de comunicación y después mediante un escrito al juzgado, en que la víctima de ETA excusaba su imposibilidad de no comparecer como testigo ante el juzgado en la fecha señalada. “No han afectado a mi persona, ni me han causado ninguna humillación”, trasladó al juez la víctima sobre el chiste de Zapata y otros.
Pero el tribunal -formado en ese caso por López, Espejel y el también conservador Julio de Diego- concluyeron que “el perdón de una víctima en concreto, aun la víctima aludida, más allá del ejemplo de generosidad desplegado por la misma, puede no tener relevancia”. Argumentaban que las ofendidas son todas las víctimas del terrorismo y que el delito se puede perseguir de oficio.
Para los tres magistrados, los comentarios de Zapata podían suponer una “trivialización” del terrorismo que supera los límites del humor negro. “No estamos ante una sola expresión relacionada con una victima del terrorismo, sin ante varias manifestaciones que todas juntas, como mínimo, pueden indicar un cierto grado de desprecio a las víctimas del terrorismo y una cierta y bastante manifiesta trivialización del terrorismo, que podría exceder de lo que es un mero ejercicio de humor negro”, escribió entonces Enrique López.
La misma mañana de la declaración, Santiago Pedraz volvió a archivar la causa contra Zapata. Había escuchado al concejal explicar que el chiste se produjo en el contexto de un debate abierto sobre el efecto que tienen determinados comentarios cuando se dicen en la calle y cuando se escriben en Internet.
Zapata dijo que en su momento nadie se sintió ofendido y que cuando había provocado ese efecto, se apresuró a pedir disculpas personalmente. “Las víctimas tienen todo mi respeto, lo he dicho muchas veces, no distingo. No es es estar en una asociación u otra lo que les confiere la condición de víctimas. Por desgracia esa posición viene de un hecho terrible y violento”, aseguró ante el magistrado.
El pasado 9 de diciembre, eldiario.es adelantó que el líder de Def con Dos, César Strawberry, correrá la misma suerte que Zapata. El artista se sentará finalmente en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo y vejación a las víctimas.
El juez José de la Mata había archivado la causa al no encontrar indicios de delito, pero la Fiscalía recurrió y ahora la Sala de lo Penal da la razón, en parte, al Ministerio Público. Strawberry será juzgado por seis tuits concentrados en apenas dos meses y medio y un retuit posterior con comentarios supuestamente vejatorios hacia víctimas de la organización terrorista ETA.