El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Propuestas por PSOE y PNV, los dos textos irán ahora a la Comisión de Interior, donde comenzarán los trabajos para modificar la actual redacción de la norma, con el Gobierno abierto a tocar algunos de sus puntos. Los dos textos coinciden en ciertos puntos, pero difieren en algunos de los aspectos más importantes.
El principal es la derogación o no de la Ley Mordaza. La propuesta del PSOE incluye acabar con esta norma y sustituirla por un texto consensuado por todos los partidos. La vía que propone el PNV, que cuenta con el beneplácito del Ejecutivo frente a la elegida por los socialistas, pasa por reformar la ley actual sin derogarla, negociado sobre la base del texto vigente. Además, en su propuesta, los nacionalistas vascos apuestan por reducir las sanciones a ciertas conductas
Este partido propone “tener en cuenta la capacidad económica del infractor para determinar la sanción”, que acompaña con propuestas como el pago fraccionado. Los nacionalistas argumentan que ciertas multas pueden suponer la ruina económica para los sancionados.
Así, el PNV propone que deje de considerarse infracción grave las manifestaciones no comunicadas ante Congreso y Senado. Este partido pide además que todas las manifestaciones, en cualquier sitio, puedan celebrarse sin comunicación previa cuando se convoquen por “hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora”.
El PNV mantiene las infracciones más graves
Los socialistas, por su parte, quieren sustituir el actual texto con una iniciativa “abierta” al acuerdo con el resto de partidos. Uno de los grandes cambios es la eliminación de las multas más altas, las infracciones graves, que van desde los 30.000 a los 600.000 euros. El PNV, por su parte, mantiene estas sanciones.
Entre las conductas que quedarían sin sanción para el PSOE, la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” frente al Congreso o al Senado, o manifestarse en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad. Solo se sancionará la intrusión en ellas. Algo similar propone el PNV, que añade que para sancionarse tiene que haberse generado además “un riesgo para la vida o la integridad física de las personas”.
En ambos textos tampoco se contemplan sanciones por el uso no autorizado de imágenes de la Policía “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”. Ahora con consideradas como infracciones graves, sancionables con entre 601 y 30.000 euros. El PSOE elimina también las multas por por ocupar calle o una vivienda ajena, mientras que el PNV mantiene las sanciones por ocupar la vía pública.
Los socialistas quieren eliminar uno de los apartados más polémicos como es el de multar por faltar el respeto a los agentes, una consideración que queda actualmente a la interpretación de la propia Policía. El PNV no contempla eliminar este artículo en su reforma.
Este punto ha provocado sanciones como la multa a una mujer por llevar un bolso con la cara de un gato y las siglas A.C.A.B. con el mensaje “All Cats Are Beautiful” (Todos los gatos son bonitos), o a un joven fue sancionado por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo.
Fuentes del PSOE destacaron durante la presentación del texto que se acababa con los registros personales en lugares públicos, aunque su propuesta sí que establece que “los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas”.
Las devoluciones en caliente en la frontera
La propuesta del PSOE elimina la disposición adicional primera, es decir, acaba con las denominadas “devoluciones en caliente”, la posibilidad de devolver a los inmigrantes al otro lado de las vallas de Ceuta y Melilla aunque ya hubiesen pisado suelo español, y sin indentificarles.
Fue uno de los puntos más polémicos, y en el que la mayoría de la oposición coincide en que es necesario derogar. El PNV quiere que el Gobierno elabore en un plazo de tres meses una normativa para garantizar que las devoluciones de inmigrantes en la frontera se haga “con respeto a la normativa internacional de derechos humanos”.
Si no se elabora esa disposición en el plazo señalado, no podrán realizarse más acciones de rechazo de inmigrantes, dicen los nacionalistas.